La Xunta de Galicia no se resigna a que su política fiscal de apoyo a las grandes fortunas quede anulada por los impuestos del Gobierno central a las mismas. Si hace unas semanas fue el presidente Alfonso Rueda, del PP, quien anunció que su gabinete recurriría la llamada tasa de solidaridad -Andalucía y Madrid lo dijeron primero-, este lunes fue su conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, el que insistió en ello. “Estamos estudiando recurrirlo”, dijo, “porque atenta contra la seguridad jurídica”.
Corgos lo afirmó en el pleno del Parlamento gallego que acoge el debate de totalidad del proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma para el año que viene, donde ha defendido, por su parte, la nueva bonificación del Ejecutivo autonómico al impuesto sobre el patrimonio. Esta beneficiará a unos 7.700 contribuyentes con un patrimonio medio de seis millones de euros. El responsable de Facenda del Gobierno gallego se erigió así en valedor de una discutida medida. Rueda evita siquiera mencionarla cada vez que la oposición se lo recrimina.
Al respecto, ha abogado por “criticar” la “maniobra” del Gobierno central con este impuesto sobre solidaridad, medida que ha tildado de “improvisada” y con la que ha censurado que “solo busca castigar a comunidades gobernadas por el PP”. Lo que hace es “apropiarse” de tributación liberada y ha apuntado a la entrada en vigor de esta medida que “parece atentar contra el principio de seguridad jurídica” y contra la autonomía fiscal.
El tributo del Ejecutivo de Sánchez, activo únicamente en 2023 y 2024, afectará a unas 23.000 personas y tendrá una estructura idéntica al impuesto de patrimonio que gestionan las comunidades autónomas, solo que un mínimo exento más elevado: tres millones de euros. El gravamen será de un 1,7% para propietarios de entre 3 y 5 millones de euros; 2,1% si se tiene entre 5 y 10 millones; por encima de los 10 millones será el 3,5%.