La Xunta de Galicia ha anunciado la creación de una empresa mixta que va a participar en proyectos relacionados con las energías renovables, pero no concreta qué parte de esa futura sociedad estará en manos públicas y cuánto dependerá de los socios privados. Tampoco si la parte que controlen el Gobierno gallego y otras administraciones será más del 50%. Después de hasta tres preguntas sobre este aspecto, el presidente gallego, Alfonso Rueda, aclaró únicamente que lo que es seguro es que no va a ser 100% pública.
Rueda avanzó esta semana que la Xunta tomará la iniciativa para crear esta sociedad de la mano del sector privado. También anunció una nueva ley, de momento llamada “de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que usan recursos naturales de Galicia” con la que el objetivo es, según afirma, que parte de los fondos generados con la explotación de las energías renovables se destinen al propio territorio. Este jueves el Consello de la Xunta aprobó el inicio de la tramitación del texto, que va a entrar en fase de consulta pública.
A través de esta socieda, a la que la Xunta invita a empresas y a otras administraciones, el Gobierno gallego dice que quiere intervenir en la gestión de proyectos no solo de renovables, sino en los que necesitan una concesión de aguas y los de minería. En su planteamiento, indicó Rueda, estará la idea de que el desarrollo de estos proyectos no puede dejar “vencedores y vencidos”.
Esa futura ley va a establecer también que las declaraciones de impacto ambiental de estos planes incluyan una evaluación del impacto socioeconómico. Ahí, según la Xunta, va a puntuar la creación de empleo, la contratación de servicios en la zona y también que las iniciativas lleven a una reducción de la factura de la electricidad en las zonas en las que se ubiquen.
La sociedad mixta no entraría en todos los proyectos que se impulsen en Galicia en estos sectores, sino en los que la Xunta considere “oportuno por el beneficio y el retorno”. Rueda evitó concretar cómo podrían repartirse las participaciones en esa empresa. La idea se les va a presentar ahora a ayuntamientos y diputaciones y también a potenciales socios privados. “Vamos a ver ese interés, no podemos prejuzgarlo”, insistió. En función de eso se determinarán los porcentajes. Sí manifestó que, “cuanta más capacidad de decisión pueda tener la Xunta, mejor; si los intereses de la Xunta no son tenidos en cuenta, no serviría”.
Rueda trató de restar importancia al peso de la administración autonómica y puso como ejemplo el caso de Reganosa, la empresa propietaria de la planta regasificadora de Mugardos. A pesar de no ser el accionista mayoritario en esta sociedad, el reciente acuerdo con Enagás ha sido visto como beneficioso para el Gobierno gallego.
Cuando el PP llegó a la Xunta en 2009, uno de los primeros asuntos sobre los que se puso a trabajar fue la derogación del concurso eólico del bipartito. Lo hizo un año después y una de las críticas fundamentales era que se permitía la participación pública en las iniciativas. Sobre este cambio de criterio, Rueda ha argumentado que el actual es un “momento de madurez” del sector y ha defendido que la sociedad permitirá una “implantación ordenada”. La idea es que entre en proyectos nuevos, no en los que ya están instalados.
Un canon para la eólica marina
El presidente de la Xunta ha anunciado que, con la nueva ley, se creará un nuevo canon que gravará el cableado en tierra de los parques de energía eólica marina. En el mar, señaló Rueda, no se puede establecer un tributo, pero una vez las líneas eléctricas llegan a tierra sí y la Xunta va a recaudar por los tramos entre la costa y las subestaciones eléctricas.
Los fondos que se ingresen por esta vía, dijo, tendrán finalidades medioambientales similares a las de vigente canon eólico que se aplica sobre los aerogeneradores en tierra.