En el Día de la Libertad de Expresión, pero también en un viernes por la tarde, con el presidente Alfonso Rueda de viaje en Argentina, a 10.000 kilómetros de distancia, la Xunta ha hecho pública la apertura de consultas previas para la redacción de una nueva ley de comunicación audiovisual para la sociedad digital. Esto supondrá el fin de la ley 9/2011, conocida como Lei de Medios, y que entre otros aspectos contempla la obligación de elegir al director general de la Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) por una mayoría cualificada en el Parlamento, algo que nunca llegó a suceder.
No es el único aspecto de la legislación que permanece incumplido casi trece años después. La creación de un Consello de Informativos en la CRTVG o la redacción de un Estatuto profesional, elementos que los profesionales consideraban claves para evitar la manipulación en los medios públicos, tampoco llegaron nunca a plasmarse. Esa ha sido una de las reivindicaciones permanentes del movimiento Defende a Galega a través de sus protestas en los venres negros, que este viernes alcanzaron el número 311.
El director de la corporación, Alfonso Sánchez Izquierdo, fue nombrado por Alberto Núñez Feijóo en 2009, apenas un mes después de tomar posesión como presidente gallego. Este veterano periodista de prensa escrita, vinculado principalmente al grupo ourensano La Región, anunciaba una estancia breve en el cargo ante los cambios que se avecinaban, entre ellos, la esperada Lei de Medios.
Sin embargo, en 2015, finalizado su mandato y ante la falta de consenso para su relevo, el PP introdujo una enmienda a la ley de acompañamiento de los presupuestos del año siguiente en la que decía que, si se daba esa situación, la persona que se encontrase en el cargo podría seguir ejerciéndolo de forma provisional. Una provisionalidad que dura ya más de ocho años.
La situación de Sánchez Izquierdo, de 75 años y encausado en un proceso penal por supuesto acoso laboral, era ya de tiempo de descuento. El director general había comentado en privado en numerosas ocasiones su intención de marcharse. Su compromiso, según varias fuentes consultadas, era con Feijóo y finalizó cuando el expresidente de la Xunta se marchó a Madrid a liderar el PP. Sólo continuaba al frente de la corporación porque Alfonso Rueda le pidió que aguantase mientras encontraba una solución para su relevo. Una solución que, en el seno de la Xunta, muchos entendían que sólo podía pasar por un cambio en la ley, justo el proceso que ahora se inicia.
“Adecuar la legislación a la realidad”
Fuentes del gobierno gallego evitan relacionar el futuro de la Dirección Xeral con la nueva ley, de la que recuerdan que tan sólo se han abierto las consultas previas. La encargada de redactar el texto, la Secretaría Xeral de Medios, acaba de sufrir un relevo en su dirección. Rueda ha puesto a su frente a Pedro Rojo, hasta ahora jefe de gabinete del presidente del Parlamento, en sustitución de Silvia Valdés, quien pidió abandonar el puesto.
Valdés había sucedido en el cargo a la artífice de la ley actual, la todopoderosa Mar Sánchez Sierra, mano derecha de Feijóo y otra de las que emprendieron con él la ruta hacia Madrid. Hoy puede vérsela en el Congreso sentada al lado de Cayetana Álvarez de Toledo.
El argumento de la Xunta para iniciar este proceso legislativo no tiene nada que ver con los incumplimientos de la ley anterior, sino con la necesidad de “adecuarla” tanto a la normativa europea como a “la realidad que trajeron consigo los cambios tecnológicos de los últimos años”.
Una premisa que coincide con la expresada en múltiples ocasiones por Sánchez Izquierdo en el Parlamento gallego, en la comisión de control de la CRTVG. Cuando la oposición lo cuestionaba por el cumplimiento de la ley de 2011, solía contestar que era, por un lado, una norma “más que cumplida” -pese a no contar ni con Consello de Informativos ni con Estatuto de Redacción, los asuntos que motivaban las preguntas-, mientras por el otro consideraba que se había quedado “obsoleta” en distintos aspectos, los que ahora pretende actualizar.
Entre las primeras reacciones, el Colexio de Xornalistas lo ve como una “buena noticia” ya que hay “muchas cosas que adaptar” a la legislación actual, entre ellas, insisten, la creación de una ley de publicidad institucional. Su decano, Paco González Sarria, espera que el texto tenga el “valor” de entrar en otros asuntos “de vital importancia” como los que continúan incumplidos en la actual norma.
A Defende a Galega le parece “irónico” este movimiento a la vista de los antecedentes y, por eso, no se permiten ser “muy optimistas”. “De hecho, no nos extrañaría que la intención sea cambiar para empeorar, volver a hacer legal lo que ya hacen y colar, así, una Dirección Xeral elegida, de nuevo, a dedo, sin consenso y basada en criterios ajenos a los méritos profesionales”, aseguran.
También a la diputada del BNG Olalla Rodil le “suena mal” que el PP pretenda redactar una ley nueva tras incumplir la actual “de manera consciente y entusiasta para mantener el control político de la CRTVG, convertida en su terminal de propaganda” y evitar “devolverle el mando a la ciudadanía”. En el PSdeG, por su parte, se dan el fin de semana para analizar “con calma” la propuesta.