La Xunta niega al Concello de Vigo casi toda la financiación del vial al que se oponen los vecinos de Beade
La Xunta de Galicia rechaza aportar el 86,6% de la financiación del vial que el Concello de Vigo planea construir para conectar la calle Clara Campoamor con la A-55 y que ha provocado protestas entre los vecinos. El coste de la infraestructura, tal como está proyectada en el Plan Xeral de Ordenación Muncipal (PXOM), es de 98,7 millones de euros, de los que la administración local planteaba que el Gobierno gallego asumiese 85,5. Para evitar la construcción de esta nueva carretera, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, propuso liberar de peaje el tramo de la AP-9 que lleva de la ciudad a O Porriño y le trasladó la sugerencia a la Ministra de Transportes, Raquel Sánchez.
La información la publica el diario Faro de Vigo, que indica que, con la Xunta fuera de la operación, solo está garantizado en este momento el 13,4% del total del presupuesto necesario para el vial. Hace unas semanas elDiario.es adelantó que a la Axencia Galega de Infraestructuras, que ahora emite el informe en el que rechaza participar en la obra, no se le había notificado el trazado.
En el documento, la Xunta de Galicia recomienda al gobierno vigués que, en caso de continuar con la obra, busque financiación en otra administración mantener la viabilidad económica del proyecto. Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha considerado que la decisión del Gobierno gallego es “un ataque frontal” a la ciudad y “lo más grave que le ha hecho en años”.
La obra, proyectada a 18 años, ha sido defendida por las autoridades locales como una mejora de la conexión con el hospital Álvaro Cunqueiro y con la Zona Franca de la ciudad, aunque el PXOM hace referencia a que este vial servirá “a la ampliación de las instalaciones de PSA en el Polígono Industrial”. Abel Caballero afirmó en una rueda de prensa la pasada semana que la obra es “necesaria para mejorar el tráfico de la ciudad”.
La Axencia Galega de Infraestructuras, que depende de la Consellería de Infraestruturas, ha emitido un informe sobre el PXOM de Vigo en el que considera que hay errores de cartografía y demanda un estudio de movilidad que acredite que las carreteras a construir no se saturan. Según publicó en su día la Gerencia de Urbanismo de Vigo, la elaboración de la cartografía corría a cargo de Geograma S.L., por un coste de más de 348.000 euros de las arcas públicas.
Una obra cuestionada
El proyecto al que ahora niega la financiación la Xunta ha recibido críticas por su impacto sobre el entorno de asociaciones como Ecologistas en Acción. La concejala de Urbanismo, María José Caride, salió al paso de estas acusaciones asegurando que la mitad del recorrido es bajo tierra, de modo que “el impacto sería menor”. Sobre las familias a las que se expropiarán terrenos, el Concello asegura que se las reubicará, una respuesta que no convence a la presidenta de la plataforma de Afectados por el Vial de Beade y Bembrive (Avibe), Ana Pascual: “El problema no es que nos reubiquen, sino que no queremos el vial”.
En conversación con este diario, insiste en que la obra no tiene un estudio de impacto ambiental y que no solo afecta a los expropiados, sino también a los que seguirán viviendo en la zona, porque considera que empeorará su calidad de vida y que la recalificación del suelo supondrá un problema. “Ni siquiera aparece un estudio de movilidad o técnico que justifique su construcción. No tiene sentido”, recalca.
Por su parte, Rubén Pérez, de la Marea de Vigo, se pregunta “qué sentido tiene” una obra que rechazan la Xunta o el Gobierno central. Al respecto de la comunicación sobre la relación de la obra con la fábrica de Stellantis pide que se aclare públicamente si la intención es también prolongar la carretera PO-010 para conectarla con la planta automovilística.
El movimiento vecinal ha organizado marchas de protesta y ha presentado un total de 2.896 alegaciones -el 65% de las recibidas sobre el PXOM- contra el proyecto de carretera, que el alcalde de la ciudad defiende que tiene “amplia aceptación social”. Además, la plataforma de los vecinos ha realizado una reclamación conjunta con un equipo de abogados, arquitectos e ingenieros.
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