La Xunta ha adoptado las primeras medidas por el vaciado de varios embalses en territorio gallego. Tras las críticas lanzadas en los últimos días señalando al Gobierno central, ha recurrido a sus competencias en materia medioambiental para abrir un expediente sancionador por lo ocurrido. La medida afecta a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. No hace mención a las empresas eléctricas que explotan las presas. La Consellería de Medio Ambiente considera que la CHMS no cumplió con su responsabilidad porque, asegura, “no notificó formalmente en ningún momento a la Xunta, a pesar de estar obligada a hacerlo, la intención de las empresas”.
El Gobierno gallego ha anunciado su decisión a través de un comunicado, remitido horas después de que se conociese que la Xunta recibió dos correos electrónicos de Iberdrola en junio y en julio informando de que iba a reducir el nivel de los embalses de Cenza y As Portas, en Vilariño de Conso (Ourense) hasta el 20% que está permitido por la normativa. Este periódico ha publicado los correos dirigidos a un departamento del Gobierno gallego por la empresa que confirman que esta información llegó a la Xunta antes de que la reserva de agua empezase a bajar rápidamente. El mismo contenido llegó también a través de e-mail a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. El Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió remitir esos datos de forma inmediata a los servicios de emergencias 112 de Galicia y Castilla y León.
La Consellería de Medio Ambiente indica en la nota enviada a los medios de comunicación que la CHMS está a cargo de las actuaciones hidráulicas que se ejecutan en la cuenca del Miño y el Sil y considera que “obvió su responsabilidad” por no trasladarle la petición de autorización necesaria para proteger a la población de peces ante la posibilidad de un vaciado. La Xunta, añade, debería haber sido consultada sobre las medidas previas a adoptar para evitar daños a la fauna, pero “la Confederación y las concesionarias responsables de estos embalses actuaron sin esperar por las autorizaciones preceptivas y oportunas”.
La Xunta basa su argumentación en un punto de la legislación gallega sobre pesca fluvial que establece que, para vaciar una masa de agua, la empresa concesionaria debe comunicar su intención con una antelación mínima de un mes al órgano competente en materia de aprovechamiento hidráulico. “En este caso, la CHMS”, agrega. Esta debe, a su vez, trasladar la información “inmediatamente” al organismo responsable de la riqueza piscícola para que emita un informe, expone la Consellería, que carga contra la Confederación: “Carece de sentido que ahora la CHMS pretenda hacer una interpretación interesada del reglamento, con el único fin de desviar la atención de su responsabilidad por incumplir la normativa vigente”.
El departamento de Medio Ambiente asegura que su objetivo es “depurar responsabilidades” por un vaciado hecho “sin autorización” y unos hechos que defiende que “no son imputables de ningún modo a la acción del Gobierno gallego”.