Los cambios que vive el sector bancario desde hace más de una década en Galicia han llevado a que cada vez más municipios se hayan quedado sin oficinas bancarias que atiendan a los vecinos en su entorno cercano. En la actualidad, 45 de los 313 ayuntamientos que hay en la comunidad se han quedado sin ningún tipo de instalación de entidades financieras. La Xunta ha anunciado que dará una subvención a los bancos que instalen un cajero en estos lugares y proporcionen 104 horas anuales -dos horas a la semana- de atención y formación presencial para los ciudadanos, en muchos casos de avanzada edad y con dificultades para utilizar la tecnología.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, explicó la pasada semana que el Gobierno gallego dará “un incentivo” para que las entidades se animen a prestar el servicio. Por el momento, se han adherido al protocolo firmado entre la administración autonómica y la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp), 25 de esos 45 ayuntamientos. El jefe del Ejecutivo gallego no aclaró a cuánto ascenderá la subvención. Tampoco lo concreta el proyecto de orden para regular las subvenciones que la Consellería de Facenda abrió a sugerencias entre febrero y marzo. Señala que será la convocatoria la que especifique este punto y que el proceso se hará mediante concurrencia competitiva.
Feijóo se refirió a los cajeros como una “oficina tecnológica” que permitirá a los usuarios hacer las operaciones más frecuentes. Se instalarán en los lugares que indiquen los municipios, que tendrán que ofrecer un local, pero no hacer aportaciones económicas.
El documento elaborado por Facenda destaca que la reestructuración de la banca por la crisis económica de 2008 y los requerimientos del Banco Central Europeo, unido a la desaparición en Galicia de las cajas de ahorros -cuyo negocio es ahora de Abanca-, provocó el cierre de “un elevado número de oficinas”, en especial en las zonas rurales, con población de edad avanzada y aislada de núcleos urbanos. Esto “dificulta el acceso a los servicios financieros a los habitantes”, añade. Apunta que también tiene efectos negativos sobre el desarrollo económico del territorio y “contribuye al agravamiento de su situación de despoblación”. Para “universalizar” este servicio, el Gobierno gallego recurre a las subvenciones, que se darán por un periodo de cuatro años.
El presidente gallego repasó la lista de los ayuntamientos ya adheridos al protocolo, que dan idea de que la provincia más afectada por el problema es la de Ourense. En esta son 16 los municipios que se han unido a la iniciativa, mientras que en la de A Coruña son siete y en la de Lugo, dos. En Pontevedra no se ha unido por el momento ninguno de los dos ayuntamientos en los que ya no quedan oficinas bancarias.
La medida llega cuando varias de las mayores entidades bancarias que operan en el territorio han anunciado o están ejecutando expedientes de regulación de empleo (ERE) para recortar sus plantillas. Los planes del BBVA afectan a 111 trabajadores de la red y 11 de la dirección territorial de Galicia y los sindicatos acaban de anunciar protestas para el 10 de mayo. El ERE planteado por Caixabank ante su unión con Bankia, el mayor del sector en España, afectará a 90 empleados en la comunidad. El año pasado se anunció una reducción de personal en el Santander con 370 salidas en Galicia.