El 15 de mayo habían sido destruidos, el 16 de mayo eran muchos y el 29 de mayo ya no habían sido destruidos. Ahora han vuelto a ser destruidos, pero sólo parcialmente. El Gobierno gallego viene de darle una nueva vuelta de tuerca al enredo de los contratos con las empresas del narcotraficante Marcial Dorado que los tres grupos de la oposición han venido reclamando infructuosamente desde el pasado mes de abril. Tras meses de peticiones la pasada semana la Xunta acabó por mostrar parte de la documentación requerida, pero obviando la relativa al Servizo Galego de Saúde (Sergas) en los años en que lo dirigía Alberto Núñez Feijóo, los mismos en los que están datadas las polémicas fotografías publicadas por El País. Pero esa no es la única ausencia en la información aportada. Parte de los documentos, reclamados por Alternativa Galega de Esquerda, fueron víctimas de una inundación.
Esta es, al menos, la explicación que le ofrece al grupo parlamentario de AGE la delegación territorial de la Consellería de Trabajo en Vigo. En un documento al que ha tenido acceso este diario el departamento que dirige Beatriz Mato explica que los expedientes de las antiguas consellerías de Familia, Mujer y Juventud y de Familia, Promoción del Empleo, Mujer y Juventud “correspondientes a los años 1990 a 2001”, se almacenaron en el centro de FP del barrio vigués de Coia “debido a la falta de espacio físico en las dependencias” de las delegaciones provinciales de estos departamentos. Y allí fue donde llegó la inundación para expedientes que reflejaban las relaciones económicas de la Xunta con las empresas Xatevín, Efectos Navales Arousa, Mitulo e Inmobiliaria Marli.
Estos documentos “no pudieron ser encontrados en el archivo antes mencionado”. La causa, alega el Gobierno, fue el “deterioro sufrido” en este centro educativo, “especialmente en el sótano, que se utilizaba como archivo”, por las “sucesivas inundaciones sufridas, revistiendo especial gravedad las que tuvieron lugar en los años 1998 y 2012”. Siempre según dicho documento “estas inundaciones afectaron gravemente a muchos de los expedientes allí archivados, hasta el punto de que tuvieron que ser destruidos”. No obstante, la respuesta advierte de que ya se “han realizado obras” para “acabar con el deterioro señalado”.
La incorporación del factor acuoso al abanico de explicaciones oficiales sobre la no aportación de los contratos de Dorado ha llenado de estupor a la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz. En declaraciones a este diario Díaz destaca que en la respuesta gubernamental queda claro que “conocen” los expedientes solicitados pero, “casualmente, dicen que las inundaciones fueron tremendas y procedieron a destruirlo”. A juicio de la parlamentaria queda claro, por lo tanto, que ha habido destrucción de documentos, contradiciendo así lo afirmado por el presidente, y es necesario saber “quién fue el responsable” de esta eliminación.
Prórroga en la concesión de una batea caducada “por despiste”
El estupor en las filas de Alternativa por la contestación de la Xunta no se limita a la inundación. Yolanda Díaz también ve “surrealista” otro de los documentos remitidos por el Gobierno y relativa a la concesión administrativa de una batea explotada por la empresa Mitulo, también ligada al narco. El 9 de febrero de 1998 esa concesión había caducado y la compañía continuó explotando la batea mientras el 3 de marzo, fuera de plazo, solicitaba una prórroga que le fue concedida.
“A pesar de estar caducada, la concesión no paró en ningún momento su explotación a través de la asociación de mejilloneros Rúa Mar”, explicaba la empresa de Dorado en un escrito remitido a la Consellería de Pesca, ante la que también señalaba que “no se dio cuenta de la caducidad de la prórroga” por “un despiste administrativo”. “Yo nunca había visto tal cosa en mi ejercicio profesional”, subraya Díaz, abogada de profesión, para quien el hecho de que la Xunta renovara esa concesión supone “vulnerar la ley y prevaricar”, porque “la caducidad opera inmediatamente”.
La viceportavoz de AGE no duda de que esa concesión fuera de plazo es un delito que “estaría prescrito” pero que “demuestra la manera de gobernar del PP”. “Prevarican y les dan trato de favor a sus amigos, en este caso, un narcotraficante”, censura.