La privatización o externalización de servicios públicos, esto es, la contratación con empresas privadas de prestaciones antes ofrecidas directamente por la Administración, tiene justificaciones diversas. Entre ellas suelen destacar la eficiencia, el ahorro o la mayor flexibilidad. Muchas de ellas se han sucedido en las últimas décadas para pasar a manos privadas servicios no estrictamente médicos pero esenciales para el buen funcionamiento de la sanidad pública. Uno de ellos es la limpieza, que en el caso gallego fue privatizado prácticamente al 100% -solo quedan 20 personas con puestos públicos- sin que existiera estudio alguno para justificar tal decisión por cuestiones económicas, técnicas o sanitarias. Así lo acaba de concluir el Consello de Contas en un informe en el que duda además de que se haya logrado una de las metas más frecuentemente aludidas, el ahorro económico.
El organismo que fiscaliza las finanzas públicas gallegas acaba de aportar al Parlamento un informe sobre los servicios de limpieza en la sanidad pública gallega correspondiente al año 2015, cuando estaban vigentes en el conjunto del Servizo Galego de Saúde (Sergas) un total de 42 contratos con un peso para las arcas públicas de unos 130 millones de euros. Casi el 70% de los fondos públicos dedicados a estas adjudicaciones estaban en manos de tres empresas: Clece, ligada al grupo ACS (56,7 millones), Limpisa (16,1 millones) e Ingesan, del grupo OHL (13 millones). Cada año, destaca cuentas, Clece “absorbe el 30,6%” de los fondos que el Sergas dedica a sufragar la limpieza de sus hospitales y centros de salud.
Este volumen de presupuesto público es dedicado a contratos con empresas privadas sin que en ninguno de sus expedientes “se hayan constatado estudios que avalen la conveniencia de recurrir al modelo de gestión adoptado de externalización del servicio”, subraya el informe. Así, aunque Contas no se pronuncia sobre cuál es la fórmula “idónea” o “más eficaz” para la “prestación del servicio de limpieza en los centros hospitalarios”, sí deja varias dudas sobre la mesa.
“La prestación del servicio de limpieza se efectuó en su día con personal propio” del Sergas, recuerda Contas, y tras las sucesivas “externalizaciones” -desde tiempos de Fraga hasta el Gobierno de Feijóo, pasando por el breve bipartito de PSdeG y BNG- “se optó por la amortización generalizada” de las plazas de personal limpiador, esto es, por su eliminación. No obstante, cuando fueron firmados los sucesivos contratos el personal fue subrogado -pasó de trabajar para el Sergas a hacerlo para los contratistas privados- y “en general”, existió “una equiparación retributiva y de jornada” con “categorías similares del Sergas”. De este modo, “el coste que se deriva de la prestación del servicio podría ser comparable al que se desprendería de ser personal propio” en un contexto en el que “además, deben añadirse como costes el beneficio industrial y el IVA que el adjudicatario traslada”, así como el gasto en “mecanismos de control”, en personal “asignado” por Sanidade para velar por el cumplimiento de los contratos con las empresas privadas.
Contratos poco “realistas” y “difícilmente viables”
Con este telón de fondo el Consello de Contas describe un amplio mosaico de contratos en los que, en algunos hospitales, los servicios privatizados se extienden “aleatoriamente” a otros aspectos, en algunos casos con “escasa relación” con la limpieza. Retirada de materiales de desecho, jardinería, distribución de ropa, lavado de vajillas, acondicionamiento de camas para el personal de guardia, colocación de cortinas o incluso un genérico “lo que la dirección encomiende” se mezclan en contratos con memorias económicas imprecisas que “no desagregan con la necesaria extensión los componentes de gasto” y en las que, en algún caso, “el coste global estimado de la prestación del servicio es superior” al propio presupuesto total.
Todo esto sucede en un contexto en el que Contas observa “criterios genéricos e imprecisos” para optar por una u otra empresa en procesos de contratación en los que Sanidad plantea presupuestos de licitación -la cantidad máxima que la Administración está dispuesta a abonar- que “no siempre son realistas” ni “objetivamente ponderados para hacer frente a una idónea cobertura del servicio”. “A pesar de ser idéntica la naturaleza del servicio, los criterios de adjudicación y su ponderación (...) son heterogéneos, no constando la oportuna motivación en cuanto a su elección”, resume Cuentas.
A estas ajustadas ofertas las compañías suelen responder con “ofertas difícilmente viables y con un coste difícilmente asumible” que incluso están “por debajo de los teóricos costes de personal previsibles”. Si las empresas cumplieran estas reglas de juego no solo no ganarían nada con estos contratos, sino que “en determinados supuestos”, perderían dinero. El resultado no es otro que un panorama de “inevitables incumplimientos”, los cuales tampoco son tratados y sancionados de igual manera en todo el Sergas, sino con procedimientos “diferentes” en cada centro.
Por estas y otras deficiencias el Consello de Contas considera que “procede revisar las condiciones en las que se viene desarrollando el servicio de limpieza en los centros sanitarios de la red del Sergas”, comenzando por “evaluar la mejor fórmula de gestión”, pública o privada. Se trata, resalta, de “garantizar la mayor eficiencia al menor coste”, pero también “una mayor calidad en la prestación del servicio, aplicando en su caso las penalizaciones que procedan”.