La reforma del copago farmacéutico, el medicamentazo, fue una de las medidas de recorte social del Gobierno del PP más contestadas socialmente. Aprobada en abril de 2012, en plena ola de tijeretazos sociales, esta medida se cargó especialmente sobre el colectivo de pensionistas, que pasaron de financiar sus fármacos únicamente a través de los impuestos a tener que aportar hasta 8 o 18 euros al mes, en función de la renta. Además, aquella modificación incrementó el copago para las personas con trabajo y para las desempleadas con prestación, mientras que solo lo eliminó para quien está en el paro y no percibe subsidio alguno. Tras el declive electoral del 24M este recorte aplicado por el PP pasa a engrosar la lista de los que el propio PP anuncia que va a paliar desde la Xunta.
En la línea de lo anunciado después de las elecciones por Alberto Núñez Feijóo, que tras el Consello da Xunta de la pasada semana desgranó un informe -no implica aprobar medidas nuevas- sobre el denominado Plan social contra la desigualdad económica, este martes el vicepresidente, Alfonso Rueda, y la conselleira de Bienestar, Beatriz Mato, han presidido una reunión sobre ese mismo proyecto. En el marco de ese encuentro el número dos de Feijóo ha anunciado que el Gobierno prevé “proponer una ampliación de la exención del pago de medicamentos”, esto es, paliar un poco el copago aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
“Ahora mismo no están pagando nada ni los perceptores de la Risga [Renda de Inserción Social] ni quienes han perdido el subsidio de desempleo”, dice Rueda. Ahora, esa “exención total de cualquier tipo de copago” llegará también “a todas aquellas familias donde los ingresos sean iguales o inferiores a la cuantía que determina la percepción de la Risga”. Este sería el caso, por ejemplo, de una “familia de cuatro miembros” en la que solo entren al mes “unos ingresos de unos 600 euros”. “Toda esa gente está ahora pagando el 40% de los medicamentos”, evidencia.
Los libros de texto
Los anuncios de Feijóo, Rueda y Mato se producen apenas dos semanas después de que, no sin controversia, la Consellería de Educación lanzara su nuevo sistema de ayudas de libros de texto, en el que convivirán los subsidios parciales vigentes desde 2009 con el denominado “fondo solidario” de libros. El nuevo modelo implica retroceder parcialmente el camino iniciado la pasada legislatura, cuando el gabinete de Feijóo suprimió el préstamo universal de manuales escolares apelando a la atención a las “familias con menos recursos” y también a la “pedagogía”, ya que según aseguró en varias ocasiones el propio presidente, resultaba “lógico” que el alumnado de los centros públicos pudiera acumular libros de texto en su casa y formar una “biblioteca familiar” con ellos.
En virtud de las órdenes promulgadas a comienzos de junio por Educación el alumnado que haya recibido las ayudas parciales está ahora obligado a entregar en su colegio o instituto los libros que comprase con ellas. Esos libros pasan a formar parte del “fondo solidario”, que en el curso 2015-2016 ya funcionará en tercero y quinto de Primaria y en segundo y cuarto de la ESO. Esto sucede sin que la Xunta haya aclarado, por ejemplo, qué sucederá si los libros disponibles no llegan para todo el alumnado que los necesite y mientras arrecian las críticas de la comunidad escolar, muy especialmente de las AMPAS, que durante los últimos años han impulsado bancos de libros para, precisamente, hacerles frente a los recortes de la Xunta.