La Xunta ha decidido presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de cambio climático aprobada en 2021 y que limita a 75 años las concesiones en dominio público marítimo-terrestre como la que tiene la polémica fábrica de Ence en la ría de Pontevedra. La normativa fue motivo de fricción entre el Gobierno central y el gallego desde que se dio a conocer la redacción del anteproyecto. El presidente gallego y varios de sus conselleiros criticaron en concreto la redacción de dos puntos de un artículo que, argumentaban, obliga a cerrar no solo a la pastera, sino a empresas de la conserva, depuradoras de mariscos y otras actividades relacionadas y afecta también a casas particulares. El acuerdo no llegó en la comisión bilateral con el Estado y la administración gallega ha llevado el caso ante el Tribunal Constitucional.
De acuerdo con el artículo 20 de la ley, Ence no podría seguir en su actual emplazamiento en Lourizán más allá de 2033, dado que la norma fija un máximo de 75 años de concesión, incluidas las prórrogas. El permiso se lo concedió en 1958 el dictador Francisco Franco. Sin embargo, el futuro de la planta está pendiente de los tribunales. La Audiencia Nacional tumbó en julio de 2021 una prórroga hasta 2073 concedida por el gobierno de Mariano Rajoy cuando ya estaba en funciones en 2016. La decisión ha sido recurrida y está todavía pendiente el desenlace.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció la decisión de presentar el recurso en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su gabinete. La ley, dijo, afecta a un centenar de empresas de la cadena mar-industria y a casi 3.000 edificaciones, de las que 2.690 son viviendas. “Hablamos de cosas muy serias, que afectan a derechos consolidados”, recalcó. Cree que en la norma hay “discreccionalidad” del Gobierno central y señala que algunas empresas tenían planeado pedir prórrogas con el cálculo de que podrían sumarse por encima de los 75 años de límite de la concesión.
Lo que dice el artículo 20 -en la redacción del anteproyecto de ley estas disposiciones estaban en el artículo 18- es que la gestión de los titulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre y sus prórrogas se va a llevar a cabo de acuerdo con la ley de costas de 1988 y que los plazos computan desde su otorgamiento incluidas todas las prórrogas, de ser posibles, sin superar los máximos que fija la normativa de los 80, que son de 75 años.
La Xunta considera que hay una “gran confusión normativa” y que la ley “suscita grandes dudas” sobre las prórrogas extraordinarias. Además, argumenta, que se ve amenazada la viabilidad de empresas que habían diseñado sus planes contando con plazos más largos. Las de la Xunta no fueron las únicas críticas que la norma levantó en Galicia. El BNG pidió que de ese artículo quedasen exluidas las empresas dedicadas a acuicultura, depuración de marisvo y a la conserva u otras actividades sostenibles.