La elección de la figura de máxima responsabilidad en la gestión de los medios públicos gallegos -el cargo de director, que ejerce desde 2009 Alfonso Sánchez Izquierdo- exige una mayoría cualificada en el Parlamento de Galicia: dos tercios inicialmente y, si no se alcanzan, tres quintos. Así lo fija la ley en vigor, impulsada bajo el mandato de Alberto Núñez Feijóo en 2011. Pero el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acaba de confirmar que su intención es rebajar esa exigencia democrática y permitir que la mayoría simple sea suficiente para nombrar a una persona en ese cargo. Esto se traduce en que, con la configuración actual de la Cámara gallega -y las que ha tenido desde 2009- el PP no se tendrá que poner de acuerdo con nadie y podrá sentar al frente de la televisión y la radio públicas al candidato o candidata que prefiera.
El argumento de la Xunta para dar carpetazo también a esta herencia de Feijóo es que quiere evitar “una situación de interinidad sin solución de continuidad, que llevaría casi a un bloqueo para poder designar a la persona responsable”. Así se expresó Rueda preguntado por la cuestión en su comparecencia posterior a la reunión semanal del Consello, en la que este lunes se dio visto bueno al borrador de la nueva ley, que va a iniciar ahora el periodo de exposición pública, antes de entrar en el Parlamento.
Esa situación de interinidad se refiere a la posición de Sánchez Izquierdo al frente de la CRTVG. Con la ley de medios de 2011 es necesario que el PP pacte con alguno de los grupos de la oposición. Ante la falta de acuerdo, el PP terminó por introducir en una ley de acompañamiento a los presupuestos una disposición que indicaba que, si no se puede hacer una nueva elección, las funciones le corresponderán “transitoriamente a la persona que sea titular de la dirección general de la Compañía”. Más de una década después, esa persona sigue siendo la misma.
Rueda ha asegurado que la intención del Gobierno y del grupo parlamentario del PP es llegar a un acuerdo para elegir al director o directora de los medios públicos gallegos. Es “lo deseable”, dijo, y por eso se mantienen las mayorías reforzadas como primera y segunda opción. “Pero si al final el resultado fuese que no es posible [el acuerdo], si cualquier propuesta fuese rechazada, lógicamente estaría esa última posibilidad”, manifestó. Esta última opción, agregó “también es democrática”.
El presidente gallego confirmó otro de los puntos avanzados por este diario: se abre la puerta a lenguas diferentes de la gallega. “La producción será 100% en gallego. Creo que así debe ser y así será. Otra cosa es la posibilidad de difundir los contenidos fuera de nuestras fronteras”, razonó. En ese caso, lo que se plantea es hacer traducciones. La aspiración es un público “incluso internacional”, para el que considera que es necesario pensar en introducir el castellano y el inglés en los medios públicos de la comunidad autónoma.
La propuesta de Xunta, en forma de borrador, llega tras años de movilizaciones de los trabajadores de los medios públicos por lo que denuncian que es manipulación informativa y en un momento en el que producciones audiovisuales hechas íntegramente en gallego cosechan reconocimientos y premios. También en un momento en el que los datos de audiencias dan la espalda a la televisión pública y la búsqueda de nuevos espectadores va, para el Gobierno gallego, más allá del público para el que la CRTVG fue concebida, que es el gallego.
También justificó otra de las novedades del texto presentado por la Xunta: el cambio en el nombre. La Corporación Radio y Televisión de Galicia pasará a ser Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia porque “no se accede solo por la radio y la televisión”. Todo el capital, añadió, será público y de carácter autonómico.
La oposición ya ha reaccionado al anuncio: la diputada del BNG Olalla Rodil ha manifestado que, si sale adelante el texto como se ha propuesto, será “un auténtico escándalo, un enorme retroceso democrático”. La parlamentaria del PSdeG Silvia Longueira ha pedido la comparecencia del presidente de la Xunta en la Cámara gallega para que aclare la iniciativa.