La Xunta sanciona con 180.000 euros a la mina de San Finx por verter agua contaminada

Hace justo un año, la Xunta de Galicia autorizaba a la empresa Tungsten San Finx a verter aguas cargadas de metales pesados a un arroyo siete kilómetros por encima de la ría de Muros e Noia. La decisión provocó las protestas de colectivos ecologistas, cofradías de pescadores, sociedad civil y alcaldes de la zona. Pocos meses después, en agosto de 2023, el Gobierno gallego abrió un expediente por incumplir los parámetros de vertido contenidos en el permiso. Augas de Galicia, el órgano competente de la Xunta en esta materia, acaba de comunicar que le impone a la empresa una multa de 180.000 euros por una infracción grave. Hay dos puntos no autorizados de vertido y se superan con mucho los máximos de elementos contaminantes.

La sanción la ha dado a conocer Ecoloxistas en Acción, una de las asociaciones que se ha implicado más activamente en las protestas contra la mina. De hecho, la empresa propietaria de la explotación la denunció y eso dio pie a un proceso judicial sobre el que la ONU ha mostrado su preocupación. Teme, dice, que se base en “una denuncia abusiva”. Los ecologistas celebran la decisión de Augas de Galicia, pero consideran que “llega tarde” porque el problema está denunciado desde 2016 y afecta al entorno inmediato y a la ría. Reclaman también que se exija que se taponen las galerías desde las que se están produciendo vertidos.

Una galería conecta con el nivel cuarto de la mina, que es subterránea, y esa es una de la vía de salida de aguas contaminadas. El permiso dado por la Xunta permitía, además, vaciar niveles anegados para poder extraer de nuevo minerales de la zona y daba el visto bueno a que esas aguas fuesen al al río Pesqueiras, también llamado rego das Rabaceiras. Ese bombeo no se llegó a hacer, según Ecoloxistas en Acción.

El expediente sancionador se abrió el pasado verano después de que los análisis río abajo detectasen cantidades de cadmio, cobre y zinc muy superiores a las permitidas. La plataforma en la que se integran cofradías de pescadores y ecologistas para luchar contra los vertidos había denunciado que, en concreto, los niveles de cadmio multiplicaban por 78 el tope establecido. La empresa presentó alegaciones contra la apertura del expediente, pero no contra la propuesta de sanción. En estos meses hubo un cambio en el accionariado: Tungsten San Finx pertenecía a la australiana Pivotal Metals, pero en verano fue vendida a Metais Estratéxicos, una firma recién creada.

Augas de Galicia considera que hubo una infracción grave según recoge la ley gallega de aguas. En concreto cita los artículos que se refieren al incumplimiento de las condiciones impuestas en las autorizaciones y a los actos u omisiones que incumplen la norma, en función de los perjuicios causados. Para determinar la infracción que corresponde, considera que se dan tres circunstancias en San Finx que establece la ley como agravantes: existe dolo, hay un deterioro en el estado y funciones del recurso y su entorno y se ha valorado el grado de participación del responsable. Este órgano de la Xunta, que depende de la Consellería de Infraestruturas, también inició el procedimiento para revocar la autorización de vertido concedida hace un año.

Ecoloxistas en Acción llama la atención sobre que, tras el cambio en la propiedad, “se desconoce la titularidad real” de la empresa y está “aparentemente desaparecida”. No presentó alegaciones a la propuesta de sanción y sus representantes “llevan semanas evitando” comparecer en el juzgado de Noia que la investiga por supuesto delito contra el medio ambiente.

Revocada la autorización para la depuradora

24 horas después de esta decisión, la Xunta decidía revocar la autorización provisional para la instalación de una depuradora en la mina. El argumento del gobierno autonómico es que Tungsten San Finx no ha cumplido los 18 requisitos ambientales necesarios para convertir en definitivo el permiso.