Investigada por delito contra el medio ambiente la empresa que explota una mina que la Xunta autorizó entre protestas

La empresa que el año pasado recibió autorización de la Xunta para reactivar la mina de San Finx, en Lousame (A Coruña), está llamada a declarar como investigada por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente por el Juzgado de Instrucción número 2 de Noia. En representación de Tungsten San Finx está citado el próximo 1 de febrero Miguel Cabal Lorenzo, apoderado de la empresa, informa Ecoloxistas en Acción.

La mina, explotada durante años para extraer wolframio y estaño, estaba sin actividad desde 2017, pero hace un año, en febrero de 2023, la Xunta de Galicia autorizó a la empresa que se había hecho con la explotación a vaciar el agua que anegaba las galerías, cargada con zinc, cadmio y cobre. La decisión del Gobierno gallego provocó las protestas de ecologistas y pescadores y mariscadores de la ría de Muros e Noia, sobre la que está el yacimiento y en la que desemboca el río en el que la empresa descarga las aguas. Los análisis verificaron en los meses siguientes una concentración de metales pesados muy superior a la permitida. Por ejemplo, la de cadmio multiplicaba por 78 el tope que marca la legislación. La Xunta, de hecho, terminó por anunciar el pasado otoño que iba a revocar la autorización que concedió en medio de los avisos por el potencial impacto en el entorno -un proceso no culminado.

Ecoloxistas en Acción señala que a la causa judicial, abierta por una denuncia de esta organización y de las cofradías de pescadores de Noia y Portosín, se han aportado “contundentes informes” del Seprona. Los últimos análisis, del mes de octubre, mostraban que los niveles de cadmio eran incluso superiores a otras mediciones: 100 veces la cantidad máxima.

Los colectivos ecologistas y del mar denunciantes van a concentrarse coincidiendo con la presencia en el juzgado de Miguel Cabal el próximo 1 de febrero a las 10:00. La protesta se debe a la “negativa de la empresa minera y de la Xunta a adoptar las medidas necesarias para evitar los vertidos”, señalan, y reclaman que las galerías y escombreras sean selladas y que se retiren los residuos mineros acumulados en el río.

Cofradías y ecologistas piden también al juzgado que adopte medidas cautelares para obligar a la empresa a que empiece de forma urgente el sellado de la mina, para evitar que “se dé a a la fuga” como, denuncian, ocurrió con las anteriores propietarias de la mina, Sacyr, en 2021, y Pivotal Metals, que vendió el pasado Verano Tungsten San Finx a otra empresa de reciente creación, Metais Estratéxicos. Los vertidos de la mina, recalcan, se suman a otros “problemas recurrentes” en la ría como las “deficiencias de saneamiento, la mala gestión de la central hidroeléctrica del Tambre” y la llegada masiva de pellets plásticos.

La relatora especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos de la ONU, Mary Lawlor, se ha pronunciado sobre una cuestión relacionada con la mina de San Finx recientemente: expresó su “preocupación” por la causa abierta contra Ecoloxistas en Acción por una denuncia de Tungsten San Finx tras una protesta. En sendas cartas remitidas al Gobierno de España y a la empresa indica: “Tememos que esté [la causa] basada en una denuncia abusiva, iniciada en represalia por su activismo pacífico”.