El Parlament balear aprobó el 7 de febrero una propuesta no legislativa (PNL) de Més per Mallorca que insta al Govern a estudiar la implantación de un impuesto sobre bienes de lujo no productivos, como es el caso de propiedades de empresas no necesarias para su actividad económica, como viviendas, vehículos de más de 200 caballos, yates, aeronaves u obras de arte y joyas. Es una propuesta vista con buenos ojos desde diferentes movimientos sociales y ecologistas y que, en cambio, cuenta con el rechazo de patronales como la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB) y de la Asociación de Instalaciones Náutico Deportivas de Balears (ANADE).
Para justificar esta medida, Més per Mallorca argumenta, citando datos de Oxfam Intermón, que “las últimas crisis económicas han evidenciado un aumento de la desigualdad”, mientras que los impuestos son “un instrumento esencial para sostener los servicios públicos y redistribuir la riqueza”. La diputada de Més per Mallorca, Joana Aina Campomar, puso de relieve que el aumento de la inflación y de los productos básicos está “aumentando como nunca”, mientras que la riqueza de los milmillonarios de los sectores de la alimentación y la energía “aumenta en mil millones cada dos días”.
Esto supondría que acumulan, según Campomar citando datos de Oxfam, el 13,9% del PIB mundial, el triple que en el año 2000. “Esta elevada desigualdad en la riqueza justifica la utilización de instrumentos fiscales para reducirla, evitando penalizar el crecimiento económico”, asegura Campomar, incidiendo en que ello permitiría combinar dos objetivos tributarios: redistribuir y crecer económicamente. “Un impuesto de este tipo es eficiente económicamente porque puede incentivar un uso más productivo de los activos”, afirma. Del mismo modo, el objetivo también sería “hacer frente a la elusión y al fraude fiscal de algunos propietarios que, en algunos casos, no lo ponen (el activo) a su nombre sino al de sus empresas, para no tributar el impuesto de patrimonio”, sostiene.
Las patronales se posicionan en contra
La CAEB alertó el 9 de marzo que la implantación de este impuesto “provocaría una huida de yates a otros destinos”. En un comunicado de prensa, la patronal manifestaba su “total oposición” a la posibilidad de que se aprobara un impuesto de este tipo en el archipiélago balear, ya que “perjudicaría claramente no solo a los puertos” que acogen los yates, “sino también al tejido empresarial e industrial de Balears”.
“En Catalunya se implantó este impuesto y los barcos, sobre todo en temporada baja, se fueron. Si voy con mi barco a un destino en el que me exigen un pago de una cantidad de 15.000, 100.000 o 2 millones de euros, dependiendo de su valor, sé que simplemente moviéndome a unas pocas millas, hacia Cartagena (Murcia), me ahorro ese dinero que puedo invertir en mantenimiento y trabajos”, explica a elDiario.es Andy Halcón, vicepresidente de ANADE.
Si voy con mi barco a un destino en el que me exigen un pago de una cantidad de 15.000, 100.000 o 2 millones de euros, dependiendo de su valor, sé que simplemente moviéndome a unas pocas millas, hacia Cartagena (Murcia), me ahorro ese dinero
Aunque cree que también afectará al sector durante la temporada turística, la patronal balear de las instalaciones náuticas asegura que será mucho menor que durante los meses de temporada baja. “Nuestra mayor preocupación es toda esa fuga de barcos durante el momento más desestacionalizador de la actividad náutica hacia otros destinos, con lo cual no solo nos perjudica porque se van, sino que, además, estamos perdiendo un factor desestacionalizador que nos hace falta”, ahonda Halcón.
Por este motivo, cree que el impuesto afectará a todas las empresas que desarrollan trabajos de reparación y mantenimiento y que generan mucha actividad económica en todas las empresas especializadas, como equipos de seguridad, carpintería, electrónica, interiores o recambios. Según datos de la patronal náutica, hay casi 700 empresas de mantenimiento en la actualidad, mientras que en 2008 no se llegaba a las 200. “El trabajo que hay en invierno es un factor exponencial de generación de riqueza en Balears. Supone una facturación directa de unos 300 millones de euros del PIB”, asegura Halcón.
El sector cree que la administración recaudaría menos dinero del que perdería como resultado de la implantación del impuesto debido a esa hipotética fuga de empresas. “No solo dejas de facturar, sino que además tienes que pagar subsidios porque hay alguna empresa que tendría que cerrar. El impacto en las cuentas globales puede ser muy negativo”, afirma el vicepresidente de ANADE.
Reducir la huella ecológica
Los resultados de las investigaciones del proyecto Overtourism & Degrowth (Saturación turística y decrecimiento), de la Universitat de les Illes Balears (UIB), muestran una perspectiva diferente. Partiendo de estudios realizados por expertos como el científico y economista Giorgos Kallis –doctor en Política Ambiental e investigador del Instituto de Ciencias y Tecnologías Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona–, los investigadores del proyecto de la UIB sostienen que “el decrecimiento debe estar relacionado con la reducción del consumo de materiales y energía por persona, es decir, la huella ecológica del consumo, ya sea de turistas, residentes o inversores”.
“Este es el problema que agrava la desigualdad, la inflación y el acaparamiento de bienes y suministros de recursos como la energía o el agua, ya sea en urbanizaciones, en desplazamientos en jets privados o en grandes embarcaciones”, explica a elDiario.es Macià Blázquez, doctor y catedrático de Geografía en la UIB, cuya investigación se centra, principalmente, en la huella ecológica del turismo.
Así, la propuesta política del decrecimiento, explica Blázquez, pretende “la redistribución a través de mecanismos que puedan estar controlados por el Estado, con una provisión de servicios, sean sanitarios, educativos, asistenciales o mediante subsidios (como, por ejemplo, cuando llega una pandemia) o más comunitarios, sin intervención estatal”. Para que esto último fuera posible, el proceso se tendría que llevar a cabo de forma “democrática y planificada” y, para ello, hay que “diferenciar decrecimiento de recesión (económica)”.
“La propuesta que se ha hecho en el Parlament va en la línea del decrecimiento turístico”, apunta el catedrático en Geografía. La presión impositiva se podría aplicar, defiende, de manera progresiva, en función de la renta o el patrimonio. No obstante, el investigador advierte que el contenido original de la propuesta se puede tergiversar planteando que Balears como destino reciba menos turistas pero con mayor poder adquisitivo, orientando la oferta hacia el lujo.
La propuesta que se ha hecho en el Parlament va en la línea del decrecimiento turístico
“Esto lo que hace es segregar: excluir el turismo barato y promover las inversiones y el refugio para las élites. Es una tergiversación del decrecimiento: el decrecimiento promueve la redistribución y resolver el problema a nivel global, no a nivel local”, afirma Blázquez. Esto no ataja la raíz del problema de la desigualdad: “Los pobres (las clases desposeídas, recogiendo el concepto acuñado por el geógrafo David Harvey) morirán intentando atravesar el Mar Mediterráneo con una patera”, lamenta el catedrático de la UIB.
“Una de las virtudes de la propuesta del decrecimiento es que obliga a abandonar el campo estrictamente teórico para adentrarse en prácticas concretas como el decrecimiento en el transporte, el decrecimiento urbanístico o la propuesta de las transitions towns (ciudades en transición es un movimiento que promueve modos de vida sostenibles)”, explica Ivan Murray, doctor en Geografía por la UIB, en su tesis doctoral Geografies del capitalisme balear. Poder, metabolisme socioeconòmic i petjada ecològica d'una superpotencia turística, dirigida por Macià Blázquez.
Una propuesta con matices
La propuesta decrecentista ha sido criticada por economistas de ideología diversa, definida en ocasiones como utópica y contraria a la idea que liga el progreso y la prosperidad al crecimiento económico. El decrecimiento, incide Murray, realiza una fuerte crítica a “la noción unidimensional del crecimiento económico y el papel de este como principal guía de la sociedad” y plantea que tiene que perseguir el objetivo de alcanzar “una sociedad global más justa”, cuya economía respetara los límites de la biosfera.
Para ello añade, citando al economista Albert Recio, que “mientras que para los economistas convencionales ‘más’ siempre es bueno, con indiferencia de que ‘más’ sea producir alimentos, armas, electrodomésticos, medicamentos, servicios educativos, etc, para la ‘mística’ del decrecimiento ‘menos’ siempre es mejor”. Murray, citando a Recio, destaca que mientras que sería deseable que “algunas actividades experimentaran un decrecimiento, por ejemplo, todas aquellas que hacen referencia a los bienes de lujo y extravagantes, hay otras que probablemente deberían crecer, por ejemplo, los bienes y servicios básicos para amplios sectores de la población: las actividades de cuidados y atención a las personas”. Al mismo tiempo, se debería llevar a cabo “un proceso de redistribución mundial”.
Evitar la elusión fiscal
“Tenemos que tener un sistema tributario que no solo sea progresivo sino que también sea justo. Por tanto, lo que se persigue con este impuesto es evitar la elusión fiscal que algunas sociedades, que bajo este paraguas, incorporan bienes no productivos (que nada tienen que ver con la actividad económica de la empresa) con la finalidad de pagar una menor tributación”, explica a elDiario.es Maria Antònia Truyols, economista, exdirectora de la Agència Tributària de les Illes Balears (2009-2011) y diputada del PSIB en el Parlament.
Es decir, que como el impuesto sobre el patrimonio solo lo pagan las personas físicas, argumenta Truyols, hay sociedades que incorporan estos bienes que se utilizan para fines particulares “cuando deberían, evidentemente, tributar dentro del impuesto de patrimonio como persona física”. “No es un impuesto que persiga una mayor recaudación porque está demostrado, como en el caso de Catalunya, que es un impuesto que genera poca recaudación. Lo que se persigue es perseguir prácticas de elusión fiscal y conseguir una mayor justicia tributaria”, afirma Truyols. “Hay que hacer mucho trabajo para controlar que este impuesto funcione desde el punto de vista de la inspección”, añade.
El Tribunal Constitucional (TC) desestimó el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el gobierno de Mariano Rajoy contra la Ley 6/2017 del impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas aprobada por el Parlament de Catalunya. El fallo del TC dictaba que el impuesto sobre los activos no productivos “no se limita a gravar la titularidad de unos bienes y derechos, sino que pretende que las entidades con objeto mercantil destinen sus bienes y derechos a una actividad económica y también facilitar el control de otros tributos y, así, evitar la evasión fiscal”. El Alto Tribunal remarcaba que el impuesto sobre los activos no productivos tiene, por tanto, “una finalidad extrafiscal en la medida en que no grava todos los activos de las entidades mercantiles, sino sólo los activos que no destinan al objeto de la entidad mercantil”.