La Comisión Europea ha remarcado que para que un Estado miembro de la Unión pueda limitar la compra de vivienda a no residentes deben concurrir “razones imperiosas de interés general” reconocidas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia europeo (TJUE).
Así lo expresa la comisaria europea de Servicios financieros, Estabilidad financiera y Unión de los Mercados de Capitales, Mairead McGuinness, en una respuesta a una pregunta parlamentaria de la eurodiputada balear del PP Rosa Estaràs.
La pregunta formulada por la eurodiputada fue si sería posible que los Estados miembros limitaran la adquisición de viviendas a los no residentes, teniendo en cuenta las restricciones a la circulación de capitales entre países de la Unión.
En su respuesta oficial, la Comisión recuerda que el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prohíbe las restricciones a los movimientos de capitales relacionados con la adquisición de bienes inmuebles, “incluidas las viviendas”, por parte de nacionales de la UE no residentes.
Con todo, puntualiza que “no obstante, tales restricciones pueden estar justificadas” por “razones de orden público o seguridad pública, o por razones imperiosas de interés general reconocidas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siempre que no sean discriminatorias y sean proporcionadas al objetivo perseguido”.
Eso significa que las medidas deben ser “adecuadas para garantizar, de manera coherente y sistemática, la realización del objetivo perseguido” y no ir “más allá de lo necesario para alcanzarlo”, añade.
La pregunta de la eurodiputada mallorquina no hacía ninguna mención a esta posibilidad que se debate desde hace unos meses en Balears. Precisamente, el pasado sábado la secretaria general de Podemos y actual ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se comprometía a “presionar” a la parte socialista del Gobierno de España para que “las islas puedan legislar la restricción de compra de viviendas a no residentes”.
El vicepresidente del Govern balear, Juan Pedro Yllanes, ha defendido en reiteradas ocasiones que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría aceptar una “excepción balear” para permitir esta medida atendiendo a las “circunstancias especiales” que se dan en las Islas. Yllanes asegura que el TJUE “no se cierra en banda” a este tipo de regulaciones y que Baleares “cumple los requisitos” para que se permita esta restricción.