Francisca Sánchez Ordóñez –o Paquita Marsan, como se hace llamar por su antiguo marido– es conocida en Eivissa –y en las páginas de la prensa rosa– por ser la “casera de los famosos” en la isla. Esta empresaria del sector inmobiliario y turístico, que también es una 'celebrity' en su lugar natal, Málaga, ha alcanzado un patrimonio económico elevado gracias a esta actividad alquilando, en algunos casos irregularmente –según el Consell d'Eivissa– sus villas a gente famosa y adinerada.
Amiga, según ella, de José María Aznar y Felipe González, con vínculos con el PP nacional (según apunta Joan Lluís Ferrer, el periodista que destapó la existencia de Casa Lola, uno de sus complejos turísticos ilegales), no es tan conocida por el éxito logrado con algunas de sus empresas, sino por su amplísimo historial de ilegalidades urbanísticas detectadas y denunciadas por el Ajuntament de Sant Josep y el Consell d'Eivissa en Casa Lola y Casa Paola, entre otros de sus establecimientos.
Entre otros negocios que posee en la Península, especialmente en Málaga y Madrid, Sánchez Ordóñez es administradora única de Horizon Ibiza SL, Hotelesport SL, Inversiones Hoteleras Faro SL, Inversiones Hoteleras Tanit SL, Parfina SL, Punta Arabí SL y Turística de Promociones SL, todas ellas empresas ubicadas en Balears, dedicadas a actividades como la construcción de edificios residenciales, alojamientos turísticos y alquiler de bienes inmobiliarios, según figura en los datos del Registro Mercantil a los que ha tenido acceso elDiario.es.
De entre todas sus construcciones ilegales, Casa Lola (Inversiones Hoteleras Faro SL) es probablemente su “obra magna”. O, mejor dicho, era su obra magna, porque el 13 de septiembre de 2022 el Ajuntament de Sant Josep dio por terminados los trabajos de demolición del complejo turístico, cuya primera orden de derribo fue dictada en 2011 por el entonces alcalde del municipio, Josep Marí Ribas (PSOE).
Casa Lola era un macrocomplejo de casi 2.500 metros cuadrados, más de 500 metros cuadrados de muros perimetrales y paredes, dos piscinas de más de 300 metros cuadrados y otros 6.000 metros cuadrados que incluyen terrazas, pavimento exterior y caminos. Fue construido sin contar con la licencia de obra ni otros permisos necesarios, según dictaminaron el Ajuntament de Sant Josep y el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB). En el interior solo ha quedado parte de la construcción original, de menos de 200 metros cuadrados, según informó el Consistorio.
Ángel Luis Guerrero (PSOE), alcalde de Sant Josep, explica a elDiario.es que se le ha quedado una sensación “agridulce” durante todo este proceso. Dulce porque, finalmente, ya con autorización judicial, entraron en Casa Lola el 9 de agosto para iniciar los trabajos de demolición. “Quiero reivindicar el trabajo que hemos hecho en el Ajuntament, pero dependíamos (para cumplir la orden de derrocamiento) del juzgado, que tenía que analizar cada uno de los recursos (que presentaba la propiedad)”, asegura Guerrero.
Para el alcalde, la sensación agria se le queda por el hecho de que haya pasado más de una década para que se haya podido dar cumplimiento a la legalidad urbanística. “No es verdad que no quisiéramos actuar, esto es un aviso a navegantes. Antes de finales de año intentaremos entrar en otros dos domicilios tan importantes como este. Cada expediente que iniciamos (en este sentido) acaba con una orden de demolición. Y el juzgado nos ha dado la razón”, se defiende Guerrero, quien afirma que la dilación del proceso en el tiempo se debe a que el sistema judicial es “muy garantista”, lo que en ocasiones puede acabar beneficiando a los infractores.
El Consistorio explicó, además, que se reclamarán 1,4 millones de euros a la propietaria, como multa por el expediente sancionador iniciado, más las cantidades por ejecutar los trabajos subsidiariamente, que fueron adjudicados por 250.000 euros a la constructora Hermanos Parrot mediante procedimiento negociado sin publicidad.
Se da la circunstancia de que cuando Policía Local, Guardia Civil, técnicos municipales y trabajadores de la empresa contratada por el Ajuntament entraron a la fuerza en la villa a las 9 de la mañana del 9 de agosto se encontraron a unos 60 turistas dentro. Hubo tres detenidos, uno de ellos un turista alojado en Casa Lola, que no entendía lo que estaba pasando. Es decir, que hasta el mismo día en que las autoridades dieron cumplimiento a las resoluciones judiciales, Casa Lola funcionó como una villa que se alquilaba a turistas. “Creemos que hay también un delito de estafa. Tú no puedes alquilar algo que es completamente ilegal”, dijo Guerrero aquel día a los medios de comunicación. Durante todo este tiempo, además, vecinos y vecinas de la zona han tenido que aguantar las molestias que el ruido de estas fiestas generaban.
El caso de Casa Lola saltó a la fama el 20 de marzo de 2013, después de que el periodista Joan Lluís Ferrer destapara en Diario de Ibiza la existencia de este complejo turístico que se había construido en suelo rústico, sin permiso de obra. Este periodista asegura que Francisca Sánchez Ordóñez es “amiga de las altas esferas nacionales del PP”. En una entrevista concedida al Periódico de Ibiza y Formentera, Sánchez Ordóñez afirmó que se hizo amiga de José María Aznar y Felipe González “como de todos los políticos” que le “gustan”. “Felipe González me ha encantado y Aznar me encanta, siempre le he adorado”, añadió.
Sobre Aznar, declaró que había estado dos veranos en la villa de lujo Casa Rocío. La empresaria, que explica que empezó a trabajar con solo 14 años vendiendo cosméticos y que pasó de ser comisionista a ser agente inmobiliario –“Me empecé a hacer famosa, ¡hasta me dieron una medalla por vender 100 pisos en un mes!”, dijo al periódico–, afirma también ser amiga de otras celebridades como el recién fallecido Jesús Quintero.
“Las cosas legales son las que me gustan, pero la administración a veces no te deja (...). ¿Cuántas cosas hay en Eivissa ilegales? A mí me han tomado de cabeza de turco. No quiero saltarme ninguna ley, vine como novata, no tuve maldad, seguí y seguí… No soy una mafiosa, ni he robado un duro”, afirmó al Periódico de Ibiza y Formentera.
En esa entrevista habla de su paso por la cárcel, de donde dice que aprendió “lo canalla que es el ser humano, que el ser humano ama mucho el dinero y comete muchos errores por dinero”. “Limpiaba las paredes con Chanel”, llegó a decir. “Te acusan de lo que no es y pagas facturas que no son tuyas”, añadió. Concretamente, Sánchez Ordóñez fue condenada por fraude fiscal en Málaga, valorado en 867.469 euros y detenida en agosto de 2013 por agentes de la Agencia Tributaria y de la Policía Nacional en la discoteca Pachá. Obtuvo el tercer grado en junio de 2014.
Francisca Sánchez Ordóñez también se ha visto envuelta este mes de agosto en un altercado protagonizado en una de sus viviendas. La Guardia Civil detuvo el 18 de agosto a cuatro personas acusadas de un delito de extorsión, según avanzó Radio Ibiza. Fueron detenidos tres hombres (dos de nacionalidad búlgara y un tercero de nacionalidad española) y la propia Sánchez Ordóñez. A la espera de su declaración judicial, fue puesta en libertad, mientras que los otros tres detenidos quedaron en libertad después de declarar ante el juez.
Los hechos ocurrieron durante la noche del 15 de agosto, en el camino de Porroig, cuando los tres detenidos, junto a la propietaria, se presentaron en una vivienda que estaba alquilada. Dos de ellos accedieron al interior tras forzar la entrada y amenazaron a los clientes para que abandonaran la casa, según la versión de los agentes. Sin embargo, los clientes se escondieron en una de las habitaciones y llamaron a la Guardia Civil, que detuvo a los implicados tres días después, ya que cuando una patrulla del Instituto Armado se presentó al lugar de los hechos, estos ya habían desaparecido.
Casa Lola no es la única villa de Sánchez Ordóñez que tiene una orden de demolición. El Ajuntament de Sant Josep informó el 9 de septiembre que daba tres semanas, desde el momento en que registrara la notificación a la propietaria, para que restituya la legalidad urbanística en Casa Paola (Inversiones Hoteleras Faro SL), una villa que se encuentra muy cerca de Casa Lola, donde hay construcciones que se erigieron sin licencia urbanística y que son ilegalizables por encontrarse en suelo protegido. Una vez transcurrido el plazo, el Ajuntament pedirá autorización judicial, como en el caso de Casa Lola, para entrar en la villa y realizar los trabajos subsidiariamente, explican fuentes del Consistorio a elDiario.es.
Las construcciones ilegales de esta villa, según el expediente de disciplina urbanística incoado el año 2016, hacen referencia a un volumen de unos 170 metros cuadrados y cuatro metros de altura que tendría un uso residencial; un aljibe de unos 75 metros cuadrados; una piscina de 100 metros cuadrados y una construcción anexa de otros 150 metros cuadrados. En total, se trataría de casi 500 metros cuadrados a los que hay que sumar la zona exterior rellenada con tierra y áridos para construir nuevos bancales en un área de 120x75x60 metros con una altura de un metro.
El Ajuntament acusa a la empresa Inversiones Hoteleras Faro SL de una “infracción urbanística muy grave” porque, después de las visitas de los celadores, se comprobó que la propiedad incumplió las órdenes de paralización de obras ilegales emitidas por el Consistorio. Por estos hechos, se le abrió un expediente sancionador. Los trabajos de demolición podrían costar unos 105.546 euros que serán sufragados, provisionalmente, por las arcas municipales. Es decir, que si el juez autoriza al Ajuntament la entrada en la villa, se pagará con dinero público las demoliciones para posteriormente enviar la factura a la propiedad. Esta sanción es independiente a las que se puedan llevar a cabo como consecuencia de los expedientes sancionadores iniciados.
En diciembre de 2020, el Ajuntament ya informó de la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Palma que imponía una multa de 341.305 euros a Casa Paola por obras ilegales. La empresa también fue condenada a pagar las costas del procedimiento, lo que supuso 1.000 euros más. La tramitación, sin embargo, se alargará, después de que la empresa haya presentado el lunes 3 de octubre alegaciones contra el proceso iniciado por el Ajuntament, informan fuentes municipales a este periódico.
Inversiones Hoteleras Faro SL (propietaria de Casa Lola y Casa Paola), sociedad limitada que opera en Eivissa desde 1990, dedicada al alquiler de bienes inmobiliarios, facturó 0 euros en el ejercicio de 2018, último disponible, registrando unos beneficios después de impuestos de 85.241 euros y un patrimonio neto de 203.684 euros, según los datos del Registro Mercantil analizados por elDiario.es a través de la plataforma Insight View. Los mismos datos muestran a Francisca Sánchez Ordóñez como administradora única y a Rocío Martín Sánchez como apoderada de la empresa, que cuenta con un empleado, según la documentación del Registro Mercantil.
elDiario.es ha enviado en dos ocasiones unas preguntas por correo electrónico a Inversiones Hoteleras Faro SL, para recabar su versión de los hechos, que no han obtenido respuesta hasta este momento.
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