Continúa la lucha de los socorristas en la isla de Eivissa por mejorar sus condiciones laborales. Una profesión que, en palabras de sus representantes sindicales, “no está valorada”. Y es que un trabajador en este sector cobra entre 1.000 y 1.070 euros netos al mes. Este verano, los socorristas de las doce playas de Santa Eulària des Riu y las cuatro de Sant Joan de Labritja que cuentan con la cobertura del servicio de vigilancia y socorrismo arrancaron un incremento salarial del 10% (con efecto retroactivo) para toda la temporada en que se contempla este servicio (del 1 de mayo al 15 de octubre), que en las playas del norte de Eivissa explota Cruz Roja Balears mediante un convenio con los dos ayuntamientos.
Esta subida se consiguió tras una reunión que tuvo lugar a principios de agosto entre CGT Eivissa y Formentera (que representa a trabajadores y trabajadoras) y Cruz Roja Balears, en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Illes Balears (TAMIB). El acuerdo, además, evitó que los socorristas fueran a la huelga, que habían anunciado para el 13 de agosto. “También conseguimos que se nos reconociera el plus de supervisión”, explica a elDiario.es Carles Tur, delegado sindical de CGT Eivissa y Formentera en el sector, que, sin embargo, insiste en que la lucha principal está en negociar un convenio colectivo autonómico que deje atrás “las carencias” con las que consideran que desarrollan su actividad estos profesionales.
Entre otras cuestiones, reivindican que en el convenio colectivo autonómico que negocian CGT, CCOO y UGT y la Agrupación Empresarial SALVIB (que incluye empresas como Marsave Mallorca S.L., Emergències Setmil S.L. o el Institut Balear de Emergències S.L.) haya una mejora de las condiciones salariales, se incluyan días de asuntos propios, se aumente en un día las vacaciones (pasando de 30 a 31 días naturales anuales), se estipule con mayor claridad el proceso mediante el cual se subroga a los trabajadores (es decir, la manera en que los empleados pasan de una empresa a otra, en caso de que se produzca un cambio después de que los ayuntamientos saquen el servicio a licitación y concurso público).
Los trabajadores también piden que en el convenio colectivo autonómico se estipule la baja por maternidad, la incapacidad temporal y las horas extras, que son otros puntos de conflictividad, según señalan desde la CGT. “Luchar por un convenio autonómico es muy difícil, pero la verdad es que vi que era realmente una solución a todos los problemas, siempre que esté bien”, asegura Tur.
Este convenio también buscaría evitar que los socorristas que trabajan en la piscina de un hotel no tengan las mismas condiciones que aquellos que trabajan en playas porque, según denuncia Tur, el convenio de hostelería “permite externalizar el servicio”, lo que redunda en que el empresario puede fijar el sueldo al trabajador en función de su convenio de empresa, que en cualquier caso tiene que respetar el Estatuto de los Trabajadores.
Precisamente, este es otro de los problemas que tienen, sostiene la CGT. Los socorristas de las doce playas de Sant Josep de sa Talaia que cuentan con este servicio trabajan para Marsave Mallorca S.L., adjudicataria para los años 2020-2024, con las condiciones que establece el convenio de empresa. En este caso particular, ello no afecta a sus condiciones salariales, que vienen determinadas en el pliego de condiciones que redacta el Ajuntament de Sant Josep. “Cuando una empresa gestiona un servicio público, debería acogerse a un convenio autonómico, estatal o sectorial, que especifica mejor las condiciones laborales, pero Marsave aplica el de empresa, que no especifica casi nada (y que hace referencia a lo que indica el Estatuto de los Trabajadores, que es de ‘mínimos’)”, se queja Tur.
Cuando una empresa gestiona un servicio público, debería acogerse a un convenio autonómico, estatal o sectorial, que especifica mejor las condiciones laborales, pero Marsave aplica el de empresa, que no especifica casi nada
El convenio de Marsave Mallorca S.L., que se puede consultar a través de la resolución de la Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria del Govern balear, publicada el 7 de abril de 2016 en el BOIB, detalla en su artículo 4 del capítulo 1 su carácter temporal, señalando su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021. “Este convenio colectivo podrá ser prorrogado expresa o tácitamente. Se entenderá prorrogado tácitamente por períodos anuales si no mediara aviso de denuncia formulado por cualquiera de las partes con al menos tres meses de antelación a la finalización de su vigencia o en su caso de la prórroga en curso”, establece el texto.
La reforma laboral aprobada en 2012, con Fátima Báñez como ministra de Empleo y Seguridad Social del primer ejecutivo de Mariano Rajoy, limitaba a un año la ultraactividad de los convenios colectivos. Es decir, transcurrido un año desde la pérdida de vigencia sin que se hubiera llegado a un acuerdo para su renovación, este dejaba de estar en vigor, siendo sustituido por uno de ámbito superior, según explica el Col·lectiu Ronda, cooperativa experta en el ámbito jurídico y laboral (es decir, hasta el 31 de diciembre de 2022).
Con la nueva reforma laboral impulsada por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, en caso de denuncia del convenio (a diferencia de lo que establecía la anterior reforma), se mantendrá vigente en tanto duren las negociaciones para su renovación. El año pasado los representantes sindicales de los socorristas de Sant Josep denunciaron el convenio a la Inspección de Trabajo del Ministerio por “lesividad”, según la versión de CGT.
De momento, los trabajadores de Sant Josep han conseguido negociar una mejora de la remuneración de las horas extra, fijada en 13 euros brutos la hora, 14,60 euros brutos la hora en el caso de los supervisores, mientras que la empresa, según CGT, ofrecía 8 y 9 euros la hora, respectivamente, unas condiciones que, según Tur, son mejores que las que tienen sus compañeros y compañeras de los municipios de Eivissa y Sant Antoni de Portmany. En dichos municipios, el servicio de vigilancia y socorrismo está gestionado por Emergències Setmil S.L. (del grupo IBE) y Marsave Mallorca S.L., respectivamente.
También señalan que este sector se ha visto beneficiado en los últimos años por las progresivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que alcanzó los 900 euros brutos con Magdalena Valerio y los 1.000 euros brutos (en 14 pagas) con Yolanda Díaz al frente de la cartera de Trabajo.
Las negociaciones para firmar el convenio colectivo autonómico están, en estos momentos, “estancadas y en una fase muy inicial”, asegura Tur, delegado sindical de CGT de los socorristas de Eivissa. Según explica, a partir de este año empezaron las conversaciones entre los sindicatos CGT, CCOO y UGT y la patronal, Agrupación Empresarial SALVIB. Después de haber viajado a Palma en tres ocasiones para tratar este asunto, espera que en septiembre se pueda reanudar el diálogo con todos los actores implicados.
“Si las negociaciones en septiembre no van bien, plantearíamos ir a la huelga el 30 de septiembre, también con los trabajadores de Cruz Roja”, manifiesta Tur. elDiario.es se puso en contacto con Marsave Mallorca S.L. por primera vez el 30 de agosto, para recabar su versión acerca de las quejas de los socorristas de Sant Josep y el estado de las negociaciones del futuro convenio autonómico, sin haber obtenido respuesta, hasta este momento.
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