Multitud de personas trabajadoras ejercen sus labores en Balears bajo la presión de la falta de vivienda en condiciones, mientras los políticos se tiran la pelota unos a otros, sin que se den soluciones habitacionales inmediatas para un problema que amenaza con colapsar Eivissa y las islas desde hace años. En estos momentos ninguna institución pública o privada ha cuantificado la magnitud de este gran problema que abocará a las Pitiüses y a Balears al colapso por falta de trabajadores públicos y del sector turístico privado. El éxodo ya ha comenzado hace tiempo. La ciudadanía en la cuerda floja.
Una de las comunidades autónomas más ricas, Balears, ve cómo los ciudadanos pierden cada vez más poder adquisitivo mientras los hoteles baten cifras récord. La implantación de la reforma laboral estatal y del nuevo convenio de hostelería balear -que prevé una subida salarial del 8,5% y la medición de las cargas de trabajo- ha mejorado la situación de los empleados, pero los disparados precios de la vivienda siguen actuando como el principal factor que les impide tener un nivel de vida en condiciones. Si no hay sorpresas de última hora, el PP gobernará ahora la comunidad autónoma de la mano de Vox y dejará sin efectos la Ley de Vivienda estatal.
La vivienda como negocio
Escena primera.
Hora de comer, suena el teléfono, es el propietario del apartamento en el que viven desde principio de año Dayci y su hijo, él acaba de cumplir 18 años. La mujer, educadamente, asegura que no ha encontrado ninguna vivienda a la que se pueda mudar. “Está todo por las nubes y no puedo pagarlo, tendrá que esperar un poco más. Lo siento”, comenta. El hombre insiste en que Dayci tiene que dejar la casa cuanto antes, sin embargo, la mujer no se quiere quedar con su hijo en la calle. Dayci trabaja en un hotel desde hace 7 años, su hijo estudia. Les encantaría encontrar otra vivienda, no paran de buscar, de preguntar. Doce de la noche, suena el teléfono, es el dueño de la vivienda de nuevo. La pregunta es la misma: “¿Ya has encontrado algo?”. La respuesta, igual: “Aún no, pero sigo buscando. Ya le digo que la cosa está imposible, pero sigo buscando”.
Unos días después. Ocho de la mañana. Suena el teléfono. El propietario del apartamento se dirige a Dayci con mucha agresividad, la mujer le insta a llamarla a otras horas y le insiste en que no ha encontrado nada, además, le asegura que sigue buscando, como lo ha hecho desde el mes de abril, cuando quedó con el hombre en que abandonaría la vivienda, pero no encuentra nada. Al otro lado del hilo telefónico la voz del hombre se vuelve aún más grave e insta a Dayci a abandonar inmediatamente la vivienda con la amenaza de que él mismo la sacará de allí. A partir de ahí el hombre llama cada día. “Esto es una cuenta atrás”, comenta. Vive fuera y dice que aparecerá esta semana: “Te sacaré yo mismo de mi casa”. Dayci comienza el día temblando.
Sigue buscando; no se puede quedar en la calle. La mujer está al corriente del pago de la renta cada mes, no ha faltado ni uno, “pero el dueño del apartamento quiere alquilar la vivienda en verano”, según le han asegurado los vecinos, para hacer dinero. “Yo no tengo ningún problema en que haga lo que quiera con su vivienda y siento mucho esta situación, pero cuando yo haya encontrado otro sitio donde vivir con mi hijo”, cuenta a elDiario.es. La situación se complica, el hombre no para de molestar y envía a una persona de su confianza para presionar a la mujer, según su relato. Es el mismo hombre que le consiguió la casa y le asegura que la van a sacar de allí quiera o no quiera. La insta a irse a cualquier agujero, a un piso patera, a un balcón. “Te tienes que largar ya de aquí”. Llegan las amenazas a la integridad física de su hijo: “Dígale que tenga cuidado, el coche puede ir marcha atrás y podría pasarle algo”.
Dayci no duerme bien, pasa el día temblando, su cabeza da vueltas y vueltas pero no sabe como solucionar esta situación. Cuatro de la tarde, el teléfono, ahora en silencio, vibra, vuelve a vibrar, vibra, otra vez más. Es el arrendador, que le exige la salida de la vivienda con la “excusa” de que su hija va a hacer temporada en la isla y que necesita el piso. Esta vez le ofrece otra solución: vivir con su hija. El apartamento solo tiene una habitación, es un agujero lleno de humedades, las paredes están verdes constantemente. “Mi hijo ha tenido que acudir varias veces al hospital Can Misses con problemas respiratorios. No es un sitio donde puedas vivir por más de unos días, pero no me queda otra que aguantar aquí. Tengo contrato, pero las facturas están a nombre del propietario. Me amenaza con cortarme los suministros, de hecho me llegó una orden de corte por impago cuando yo estaba al día. Estoy preocupada porque el recibo del agua no llega. Y parece que esto no ha hecho más que empezar. Comprendo que él quiera recuperar su vivienda, pero ¿Qué hago?”, comenta. Dayci está desesperada.
La isla del lujo repleta de asentamientos y chabolas
Escena segunda.
Primavera, mediodía, buen tiempo, turistas, restaurantes a rebosar, mar y sal. Un día maravilloso en Sant Antoni, una luz preciosa, la luz de Eivissa, el mar cristalino. Volvemos a casa con una sonrisa en los labios. Al torcer una esquina nos pegamos de bruces con la realidad: un esqueleto de lo que quería ser un edificio de 3 plantas está lleno de colchones y telas que delimitan espacios. Nos restregamos los ojos, no son los efectos del vino de la comida. Aparcamos, bajamos del coche y nos aproximamos a la sombra gris. Varios hombres descansan en estos momentos. Trabajadores, la mayoría de la hostelería, algunos de hoteles, otros aparcacoches... Esta es su casa para toda la temporada. “Si aguantamos, claro”, cuentan a elDiario.es.
Unos son gente joven que vienen a la isla llamados por el trabajo y la fiesta, seguro que muchos de ellos no acabarán el verano. Otros, más mayores, se sacrificarán para llevar un buen puñado de dinero de vuelta a casa. “Es la única solución que nos ha quedado”, explica a elDiario.es uno de los ocupantes del esqueleto que, entre hormigón, ha dispuesto su colchón y unas telas que le “dan intimidad”. “Aquí estamos alrededor de 10 personas trabajadoras que necesitamos un sitio para dormir. Los primeros días no es fácil. No pegas ojo. Y la cosa se complicará cada vez más con la llegada de más gente, el fuerte calor, los mosquitos... No sé hasta cuándo podremos estar aquí. Mi familia no sabe en qué condiciones me encuentro. Solo saben que estoy en Eivissa, que estoy haciendo temporada y que me pagan bien. Es todo”.
Aquí estamos alrededor de 10 personas trabajadoras que necesitamos un sitio para dormir. Los primeros días no es fácil. No pegas ojo. Y la cosa se complicará cada vez más con la llegada de más gente, el fuerte calor, los mosquitos...
Dejamos descansar a los dos hombres que nos atienden, que no quieren dar su nombre. Las empresas no les facilitan vivienda y los precios de una habitación compartida son impagables: “Ya están por los 1.000 euros y es imposible descansar por el continuo trasiego de personas”. El sueldo se lo ganan con creces porque, según nos cuentan, la carga de trabajo es enorme. “Ya pasó el año pasado. Muchos no terminaron la temporada”, relatan. Y es que este año de nuevo restaurantes, hoteles, comercios, prácticamente todos los negocios de temporada, funcionan con plantillas deficitarias lo que carga en el personal con más trabajo del que pueden abarcar. Resultado: malas condiciones de trabajo, saturación del personal, bajas laborales y mal servicio al cliente.
De cómo se tiran la pelota unos a otros
Escena tercera.
6 de junio. Aeropuerto de Palma. Terminal de vuelos interislas. Políticos volviendo a casa después del trabajo. Resaca del tsunami azul del 28-M. Cansado pero contento. Ahora toca gobernar. Suena el teléfono. Seguimos trabajando. Llama una periodista de elDiario.es. Al otro lado del hilo telefónico Mariano Juan, coordinador de Vivienda del Partido Popular de Balears, ibicenco, abogado especializado en Derecho Urbanístico y Medio Ambiente por la Pompeu Fabra y, desde hace 4 años, conseller de Territorio, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo en la máxima institución insular ibicenca, después de pasar por el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu.
“Vuelvo de una reunión con Marga Prohems”, la próxima presidenta del Govern balear y mandamás en las islas de su partido, el PP. No trascienden datos del encuentro. Juan, a pesar de la larga jornada, se presenta energético, eufórico. No es para menos con los resultados en las urnas: mayoría suficiente para gobernar en Balears y pleno en todos los ayuntamientos de Eivissa, además de su Consell, donde ya gobernaban. Ahora lo tienen claro: el Govern balear no aplicará la recién aprobada Ley de Vivienda en sus territorios. No habrá zonas tensionadas ni tope a los precios de los inmuebles.
Así de tajante se muestra Juan: “La solución no es intervenir el mercado. Desde el principio hemos dicho que este es el camino equivocado. La actual Ley de Vivienda es una ley que carga contra las espaldas de los pequeños propietarios. Lo que va a hacer esta norma es añadir más tensión a un mercado que ya está tensionado y, además, enfrenta a propietarios con inquilinos. La Ley refuerza la posición del que no cumple con sus obligaciones de pago, del inquilino, obligando al propietario a demostrar que la persona que incumple el pago no es vulnerable. En definitiva, defienden a los inquilinos incumplidores por encima de los pequeños propietarios. Lo que va a hacer esto es que las viviendas se retiren del mercado con lo que los precios reales aumentan, también los que están en la economía sumergida”.
La periodista le recuerda que por eso la Ley de Vivienda distingue entre grandes tenedores y pequeños tenedores para no perjudicar a los últimos. Además, menciona que la nueva legislación de vivienda ofrece grandes incentivos fiscales para los pequeños propietarios de hasta el 90% en algunos casos. “Nosotros siempre hemos defendido las rebajas fiscales, pero es muy distinto, hay que incentivar que salgan al mercado todas las viviendas vacías, porque si la principal medida es limitar los precios y que si no se cumple el contrato no se puede echar al inquilino, estas viviendas no van a salir. El marco legal no da estabilidad jurídica al propietario. No puedes echar al inquilino en un plazo razonable, más si es de un colectivo vulnerable. Todos conocemos a alguien que ha tenido malas experiencias y solo alquilará su vivienda si es alguien que venga apadrinado y no a personas de colectivos vulnerables”, contesta.
El nuevo Govern balear, liderado por el PP, no aplicará la recién aprobada Ley de Vivienda. No habrá zonas tensionadas ni tope a los precios de los inmuebles
Juan asegura que estas medidas van a perjudicar al inquilino. “Si se da seguridad al propietario la oferta va a aumentar y los precios van a bajar”, razona. Lo que no tiene en cuenta Juan es que la demanda es tan grande y el poder adquisitivo de los demandantes, de otras partes del mundo, es tan superior a la de los nacionales que los precios no paran de subir. La periodista le recuerda, además, que hay tanto nivel de fraude por parte de ciertos propietarios que alquilan espacios sin cédula de habitabilidad, cuadras, cocheras o cualquier estructura con techo; o el alquiler turístico ilegal… El coordinador de Vivienda de los populares en Balears asegura que la limitación de precios hará que este fraude sea mayor “porque, además, los legales pedirán una parte en A y la que se salga de los límites en B”.
El PP mira al sector privado
Dicho lo dicho, desde el Partido Popular proponen 4 medidas para solucionar el problema de la vivienda, a pesar del fraude y de la ley de la oferta y la demanda. La primera medida es la seguridad jurídica al propietario para que saque su vivienda al mercado, con un seguro contratado por la Comunidad Autónoma que se haga cargo en caso de impago o de desperfectos en la vivienda, mientras se resuelva el caso en los juzgados. “Esto beneficiará a los inquilinos indirectamente”, asevera Juan.
La segunda medida consiste en habilitar mecanismos de colaboración público-privada para la cesión temporal y gratuita de solares públicos, que están calificados de uso urbano municipal sin permiso de VPO, para la construcción de vivienda a precio tasado. Serían viviendas de protección privada para las que no haría falta un cambio en los usos de los solares. Sin embargo, en estos últimos 4 años la competencia política entre las administraciones del PP en el Consell de Eivissa y el Govern socialista ha vuelto a ser un puro peloteo: el Govern ha declarado hace pocas fechas que a la petición de solares para la construcción de vivienda pública a los ayuntamientos ibicencos del PP han recibido una respuesta nula, a pesar de que, por ejemplo, la alcaldesa popular del municipio de Santa Eulària, Carmen Ferrer, aseguraba a los medios que se mandó un listado de varios solares y que “nunca obtuvieron ninguna respuesta”. En cuanto a la construcción de VPO en los solares aledaños a la comisaría de Eivissa tampoco se ponen de acuerdo y las acusaciones sobre la demora en la puesta en marcha de este proyecto son mutuas.
Juan insiste en que es un modelo “que ya está funcionando en Madrid”. Además, cuantifica que con esta nueva medida se podrían construir entre 300 o 400 viviendas de alquiler a precio tasado. La solución es que la empresa privada construya “porque se tarda menos administrativamente en empezar y terminar una obra con una empresa privada que en la pública y, además, se podría construir en terrenos urbanos que ya tenemos”. Es decir, la empresa privada va a construir en solar público y cobrar los alquileres a precio tasado y disfrutar de sus beneficios, “aún no se sabe por cuánto tiempo”, después de lo cual deberá devolver el inmueble construido. Las soluciones a lo público para el nuevo gobierno del PP, que ya no tendrá diferencias en las diferentes administraciones autonómica, insular y municipal, hará pasar por lo privado la solución a lo público.
Por otro lado, Mariano Juan asegura que las VPO “se seguirán haciendo para las personas con pocos ingresos”. No obstante, nos hemos puesto en contacto con el Sindicato de Inquilinas de Eivissa y Formentera, que nos ha asegurado que “para acceder a una vivienda de VPO el solicitante tiene que tener unos ingresos mínimos que si no alcanzas no puedes acceder este tipo de viviendas, aunque en los solares cedidos en Sant Josep se han comprometido a que la renta no sea superior al 30% de su salario”. La entidad asegura que “los pisos de precio tasado de alquiler no serán más baratos, porque la empresa privada mira por su beneficio. No es un servicio público ni va a construir para perder”. Asimismo, puntualizan que en Eivissa y Formentera los solares son tan escasos que no se podrá atender al volumen de demanda. La solución pasa porque se limiten los precios para que la ciudadanía, que es la que mantiene la isla, pueda acceder a vivienda“.
La tercera medida del Partido Popular es la eliminación de costes superfluos para los promotores en las licencias urbanísticas en suelo urbano, “porque el tiempo es dinero para estas empresas privadas y así se podrá construir y rápido”, nos cuenta el actual conseller ibicenco de Infraestructuras. “Para esto es fundamental que se aúnen las consellerias de suelo y habitatge, para que la actuación no sea contradictoria. En la pasada legislatura la conselleria de suelo balear, dirigida por MÉS, ha descalificado suelo urbanizable que podía haber ayudado a solucionar el problema con decretos leyes”. Más soluciones para la privada.
En cuarto lugar, los populares abogan por la lucha contra el intrusismo, departamento que ha dirigido Mariano Juan estos últimos cuatro años, y contra el alquiler turístico ilegal . “Las sanciones no son suficientes”, a pesar de que el Consell de Eivissa ha interpuesto multas este último año que superan con creces el millón de euros. “Hay que cerrar los pisos que incumplen la ley y que alquilan turísticamente sin licencia en edificios plurifamiliares”.
Sin embargo, esta medida según el Sindicato de Inquilinas podría ser contraproducente, “porque retiraría viviendas del mercado residencial”. “La idea es que estas viviendas sigan en alquiler”, comentan. El conseller puntualiza que hay muchas viviendas que son alquiladas enteras por parte de los inquilinos y que estos son extranjeros “con el problema que eso supone a la hora de cobrar las multas”, y ellos lo saben. “Hay que ser más eficaces y por ello hay que cerrar estos pisos”, relata. Juan asevera que se podrían tomar medidas cautelares “y si no se cierran estos pisos sancionados, cuidado, ya estamos hablando de delitos penales, y se incurriría en un delito de desobediencia y esto ya es más serio”. El Sindicato de Inquilinas insiste en que esta medida afectará también “muy negativamente al mercado de alquiler, tanto a propietarias como a inquilinas. Además, los procesos judiciales son tan largos que estos pisos desaparecerían del mercado por mucho tiempo”, concretan fuentes de la entidad.
Otro de los problemas es la detección de estos pisos turísticos por parte de las inspecciones. Juan asegura que si no hay instructores para las denuncias de los inspectores el sistema no va a funcionar. “Es un proceso judicial largo, pero es lo que hay”. “Me niego a bajar los brazos y decir que este problema no tiene solución”, asegura Mariano Juan a pesar de que la situación sigue siendo límite después de cuatro años de trabajo en el Consell y de que todas las medidas que pone sobre la mesa ninguna está dirigida directamente a las personas inquilinas porque según explica “se verán beneficiadas indirectamente”. “Las soluciones rápidas y las soluciones simples, vamos a ser serios, son mentira. No existen. No hay que tratar a la gente de tonta”, asegura contundente.
Mientras tanto, Dayci ha decidido no contestar más al teléfono. Solo quiere encontrar una vivienda asequible y vivir en paz. Se enfoca en su trabajo y en el bienestar de su hijo. “He pensado que me volvía loca. ¿Qué puedo hacer?”, relata a este periódico. Los hombres que duermen en el gris esqueleto lo seguirán haciendo hasta que no puedan más, mientras les siga compensando. Otros en campamentos improvisados, chabolas y tiendas de campaña miran al cielo que amenaza con lluvia. Los que duermen en sus vehículos no descansan bien y “mañana a trabajar”, algunos de ellos a controlar el tráfico y la seguridad de otras personas. Los más afortunados viven en sus caravanas bajo la amenaza de multas; en Eivissa está prohibido por ordenanzas municipales pernoctar en ellas fuera de campings autorizados… Al otro lado, la ley de la oferta y la demanda se impone. ¿Hasta cuándo?