LEER ESTE TEXTO EN CATALÁN
La presidenta del Congreso y expresidenta del Govern, Francina Armengol, ha comparecido este viernes en la comisión de investigación del Parlament por la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, la principal compañía de la trama Koldo. Fue durante la legislatura de Armengol cuando el Ejecutivo autonómico adquirió 1,5 millones de cubrebocas a Soluciones de Gestión por un importe de 3,7 millones de euros.
A preguntas de la diputada del PP Marga Durán, momento en que se han vivido los instantes más intensos del interrogatorio, la exlíder del Ejecutivo autonómico ha acusado a la actual presidenta, Marga Prohens (PP), de activar “la máquina del fango” en su reciente comparecencia en el Congreso cuando “insinuó” que Armengol se había reunido con Koldo García en el Consolat de Mar, sede del Govern, durante una visita del exministro José Luis Ábalos en marzo de 2021.
La presidenta del Congreso, sin embargo, ha aclarado que aquella visita tuvo lugar un año después de la compra de las mascarillas y ha negado que se reuniera con el asesor. “Ábalos y Koldo dicen que tienen un montón de mails y whatsapp hablando de mascarillas. ¿Usted teme que salga cualquier mensaje o correo hablando de mascarillas?”, ha preguntado Durán. “No tengo miedo de nada”, ha respondido Armengol.
Para Armengol, “ha quedado claro por parte de los políticos y los técnicos que los propios partidos han propuesto como comparecientes que la compra estuvo bien hecha”. “Los que un día tendrán que pedir perdón son ustedes”, ha dicho Armengol dirigiéndose al PP y acusando a los 'populares' de dejar caducar el expediente de reclamación que inició el Ejecutivo socialista contra la empresa.
El PP dejó caducar el expediente
Marga Durán ha defendido que el expediente no ha caducado, en contra del criterio del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de un documento del actual IB-Salut dirigido por el PP de agosto de 2023 en el que se establecía que el plazo de caducidad era de tres meses. Según los populares, este documento es “erróneo” y el plazo, en realidad, es de ocho meses, pero lo hacen basándose en un informe elaborado a posteriori por una funcionaria, cuando el expediente ya estaría caducado.
Es decir, el Govern balear del PP reconoce que “por error” le indicó en agosto de 2023 a la empresa de la trama Koldo que el plazo para reclamar el sobrecoste de las mascarillas era de tres meses y, al año siguiente, ya en marzo de 2024, cuando el escándalo de la trama Koldo había salido a la luz, cuando José Luis Ábalos ya había dimitido, cuando Francina Armengol estaba en el punto de mira, cuando el PP había defendido a capa y espada que el procedimiento no había caducado y cuando el juez había afirmado que sí lo había hecho, el Ejecutivo alega que en realidad es un plazo de ocho meses.
“Quienes han engañado y han fabricado un bulo son ustedes. A mí no me diga que he mentido”, ha dicho Armengol a Durán. Esta, por su parte, ha asegurado que le parece “grave” que Armengol diga que el expediente ha caducado por culpa del PP. “No ha caducado. La sentencia del Tribunal Supremo es de mediados de enero. Además, el Consell Consultiu de les Illes Balears, por unanimidad, ha dicho que esta sentencia del Supremo no afecta en nada a esta reclamación”, ha comentado Durán.
“¿Por qué su gobierno nunca reclamó?”, ha preguntado Durán a la expresidenta, a pesar de que fue durante la legislatura de Armengol cuando se elaboró el primer documento de advertencia a la empresa -fechado en marzo de 2023 y firmado por el anterior gerente del IB-Salut, Manuel Palomino- y cuando se inició, in extremis, el 6 de julio de 2023, horas antes de que Marga Prohens fuera investida presidenta, el expediente de reclamación. En agosto de ese mismo año, el Ejecutivo del PP continuó el expediente. “Y lo asumieron íntegramente”, ha apostillado Armengol.
Ha sido el propio Govern del PP el que presentó documentos que acreditan que no contestaron a la empresa en tiempo y forma. La documentación que otorgó el Govern actual a los grupos parlamentarios en el marco de la comisión de investigación demuestra que pasaron más de tres meses desde que la empresa presentó alegaciones y el Ejecutivo del PP contactó con ella. La empresa registró alegaciones el 6 de noviembre, oponiéndose a la resolución del contrato, después de que el 17 de octubre se le concediera el trámite de audiencia para presentarlas en un plazo de diez días, y que posteriormente fue ampliado. No fue hasta el 28 de febrero de 2024 -la fecha límite de caducidad era el 18 de enero de 2024, según Moreno- cuando el Ejecutivo volvió a contactar con la compañía.
“Esperaron mucho tiempo para notificar a la empresa el informe de agosto de 2023. Esperaron hasta el 17 de octubre [de ese mismo año]. Una vez se notifica, les dais un plazo de alegaciones, y la empresa alega en tiempo y forma. Y el Govern actual no contesta. Esto sí que lo encuentro surrealista y extraño. Mi Govern inició el expediente de reclamación”, ha recriminado Armengol a Durán. El Ejecutivo de Armengol tardó casi tres años en reclamar el dinero de las mascarillas, pues sabía desde 2020 que no eran FFP2, las que había contratado. Sin embargo, tanto esta reclamación como la posible caducidad de la misma han quedado sin efecto porque el PP ha desestimado este procedimiento y ha decidido iniciar una nueva reclamación por el importe íntegro del contrato de las mascarillas.
“Me duele que estén usando la comisión electoralmente”
En su comparecencia, la expresidenta balear ha acusado a PP y Vox de utilizar la comisión de investigación en la Cámara autonómica para obtener rédito electoral y de tener unas conclusiones acordadas y listas para ser debatidas dos días antes de las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio. “Me duele que se esté utilizando una comisión que tendría que servir para mejorar procedimientos en el futuro para destruir al adversario con conclusiones predeterminadas que se puedan debatir dos días antes de unas elecciones”, ha afirmado.
En este sentido, se ha mostrado dispuesta a comparecer las veces que sea necesario y en las instituciones en las que sea citada para poder explicar que “todo es un bulo y una forma de hacer política que se tiene que desterrar y que está haciendo mucho daño a la democracia”. Armengol ha reiterado que no sabía nada ni participó en la tramitación ni en la toma de decisiones en relación a la compra de 1,5 millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, investigada por la Audiencia Nacional. “Yo no sabía nada, conocí el expediente por primera vez cuando llegó al Consell de Govern”, ha insistido.
Los portavoces de PP y Vox, Marga Durán y Iago Negueruela, respectivamente, han cruzado acusaciones de construir bulos y desinformación. El socialista se ha referido a la supuesta distribución de las mascarillas, a su uso y a la reclamación. Durán, por su parte, ha insistido en que el expediente no ha caducado y, sobre esto, ha señalado que la denuncia prevaricación del PSIB-PSOE contra el actual director general del IbSalut, Javier Ureña, no se ha admitido, aunque lo cierto es que el juzgado de Palma se ha inhibido en favor de la Fiscalía Europea.
Los mismos argumentos que en el Congreso
“Les sonará mucho lo que voy a decir hoy”, ha añadido Armengol al principio de su comparecencia, en la que ha repetido los argumentos que ya presentó en su declaración en la comisión del Congreso del pasado 13 de mayo.
De este modo, ha insistido en que en aquel momento las compras se canalizaban a través de los responsables del IbSalut, que la compra a Soluciones de Gestión se guio por criterios técnicos, que nadie recibió órdenes y que aunque pudo hablar alguna vez con Koldo García, nunca fue para hablar del contrato. “No lo hice ni con él ni con nadie”, ha insistido.
Sobre los contactos con Koldo García que derivaron en la compra, ha insistido en que “no tiene ni idea” de quién facilitó al asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, el teléfono de Manuel Palomino, cuando era director de Presupuestos del Ib-Salut.
Armengol, en la misma línea, se ha referido a la posterior reclamación reiterando que se hizo en tiempo y forma y ha defendido que se han desmontado todas las acusaciones. “Lo que no se ha explicado es por qué aquella reclamación se dejó caer”, ha añadido.
Construir bulos
El portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, por su parte, ha aprovechado gran parte de su turno de palabra para acusar a PP y Vox de aprovechar la comisión de investigación para construir bulos para atacar a la presidenta del Congreso y al conjunto de la institución.
El socialista, además, también ha acusado a los socios de investidura de renunciar a la comparecencia de Koldo García por electoralismo y para poder debatir las conclusiones antes de la jornada de reflexión de las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio. De hecho, la presidenta de la comisión, Maria José Verdú, de Vox, ha tenido que llamar la atención a Negueruela y recordarle que tiene que interactuar con la persona que comparece, no con el resto de grupos.
“¿A qué tiene que venir aquí la expresidenta del Govern? Todo ha quedado aclarado”, ha afirmado Negueruela, apuntando que tras visitar el almacén de las mascarillas, se ha confirmado que no se distribuyeron, como dijo Vox, y que siguen estocadas. El socialista ha acusado a la portavoz de Vox, Patricia de las Heras, de mostrar fotografías falsas de las mascarillas.
Respondiendo a la portavoz de Vox en la comisión, la expresidenta del Govern ha defendido la compra de las mascarillas para uso civil durante la pandemia y para contar con un stock de seguridad. De las Heras se ha preguntado por qué se pagó precio de FFP2 cuando se podía haber pagado precio de quirúrgica.
En relación a la reclamación del expediente de compra por parte de la Guardia Civil a instancias de la Fiscalía en el verano de 2022, Armengol ha situado este episodio en “la normalidad” insistiendo en que “no sabía nada” ni fue informada de aquel episodio.
El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha expresado su convencimiento de que Armengol no está implicada en ningún caso de corrupción y ha insistido en la necesidad de que la presidenta del Govern, Marga Prohens, también hubiera participado en la comisión, un hecho que no ha sido posible porque PP y Vox controlan la comisión y han protegido a Prohens.