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La documentación que dispone el Govern de Marga Prohens (PP) avala la tesis del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, quien afirmó que el procedimiento para reclamar el sobrecoste de las mascarillas de la 'trama Koldo' en las Islas caducó durante el actual mandato de Prohens. Es decir, que los isleños habrían perdido casi 3 millones de euros por culpa de la inacción del PP a la hora de gestionar la reclamación y por la compra infructuosa del anterior Gobierno socialista. La empresa presentó alegaciones el 6 de noviembre de 2023 y no fue hasta el 28 de febrero de 2024 -la fecha límite de caducidad era el 18 de enero de 2024, según Moreno- cuando el Ejecutivo volvió a contactar con la compañía.
Así se desprende de la documentación que ha presentado este miércoles el Govern balear del PP a la oposición en el marco de la comisión parlamentaria por el 'caso Koldo' y que ha podido consultar elDiario.es. Hasta la fecha, el Ejecutivo conservador no había compartido estos documentos y sólo se conocían los de la época socialista. En concreto, es una resolución de Javier Ureña, actual director general del Servicio de Salud (IB-Salut) con el PP, la que asegura que pasaron más de tres meses desde que la empresa presentó las alegaciones y el IB-Salut volvió a contactar con ella.
Cabe recordar que este diario ya informó sobre la tesis del juez de que el expediente caducó por la inacción del PP, lo que costó a elDiario.es una campaña de difamación en redes sociales por parte de los conservadores. La reclamación en cuestión fue iniciada por el anterior Ejecutivo balear, presidido por Francina Armengol, que fue el que contrató a la compañía Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. En concreto, los socialistas reclamaban a la polémica empresa 2,6 millones de euros por el sobrecoste de las mascarillas de peor calidad que recibió el Ejecutivo autonómico en los peores meses de la pandemia.
Uno de los documentos del expediente del contrato que ha salido a la luz muestra que el 6 de julio de 2023, con el Govern de izquierdas en funciones, el subdirector de la Central de Compras y Logística emitió un informe en el que proponía la resolución parcial del contrato y reclamaba a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL una indemnización de 2,6 millones de euros. El 24 de agosto, el Govern de Prohens inició formalmente el procedimiento para reclamar al contratista dichas cantidades económicas. La empresa registró alegaciones el 6 de noviembre, oponiéndose a la resolución del contrato, después de que el 17 de octubre se le concediera el trámite de audiencia para presentarlas en un plazo de diez días, y que posteriormente fue ampliado.
Sin embargo, en febrero de 2024, ya en el marco de la investigación iniciada por la Audiencia Nacional sobre el presunto pago de comisiones irregulares en la contratación y el transporte de material sanitario procedente de China, se constata que la contratación con la empresa podría ser nula de pleno derecho por carecer de “la adecuada solvencia económica y financiera, así como técnica”. El expediente añade que la empresa también carecía de la capacidad de obrar “para ser adjudicataria de la contratación del suministro de mascarillas FFP2 en el mes de mayo de 2020”.
No obstante, el plazo para continuar con la reclamación ya había caducado. Según el Govern del PP, debido a un “error”. En un documento en el que desestiman la continuidad del procedimiento de reclamación, el Ejecutivo popular asegura que tienen que “rectificar” el error de la resolución del 24 de agosto de 2023 en la que ellos mismos señalaban un plazo máximo de 3 meses desde el momento de acuerdo a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). El IB-Salut considera ahora que el plazo máximo para la resolución parcial del contrato es en realidad de 8 meses, de acuerdo a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Es decir, el Govern balear del PP reconoce que “por error” le indicó en agosto de 2023 a la empresa de la trama Koldo que el plazo para reclamar el sobrecoste de las mascarillas era de tres meses y, al año siguiente, ya en marzo de 2024, cuando el escándalo de la trama Koldo había salido a la luz, cuando José Luis Ábalos ya había dimitido, cuando Francina Armengol estaba en el punto de mira, cuando el PP había defendido a capa y espada que el procedimiento no había caducado y cuando el juez había afirmado que sí lo había hecho, el Ejecutivo alega que en realidad es un plazo de ocho meses.
El juez, sin embargo, interpreta que el expediente caducó el 18 de enero, tres meses después de que se notificara a la empresa que podía presentar alegaciones contra la resolución parcial del contrato, como publicó elDiario.es. Tras la publicación de esta información, el PP de Balears empezó una campaña contra este diario, definiéndolas como “fake news”, pese a que se basaban en los cálculos que hacía el juez de la causa. En cualquier caso, el PP ha dejado sin efecto la posible caducidad del expediente, ya que ha decidido iniciar un nuevo procedimiento administrativo y ha desistido de éste.
El PSOE pedirá la comparecencia de Tellado
El PSOE pedirá la comparecencia del portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, en la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’ en el Parlament balear, según ha avanzado este martes Iago Negueruela, portavoz socialista, tras recoger el expediente del contrato en las oficinas del IB-Salut.
Después de haber examinado el expediente, Negueruela ha llamado la atención sobre la “falta de informes jurídicos que apoyen el desestimiento de la primera reclamación” del Govern de Prohens a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL y la revisión de oficio para anular el contrato y exigir a la mercantil 3,7 millones de euros. Así, el portavoz socialista ha sostenido que Javier Ureña, director general del IB-Salut, ha firmado esas resoluciones administrativas bajo su “cuenta y riesgo”, por lo que cree que Prohens lo ha escogido como “chivo expiatorio”.
“El sr. Ureña está haciendo el papel que le ha encomendado su partido para intentar proteger, no sabemos a quién, si al sr. Tellado, si a la sra. Prohens, pero están encubriendo a alguien”, ha dicho Negueruela, que ha considerado que Ureña “no debería durar un día más en el cargo”. En la misma línea, el diputado socialista ha sostenido que el desistimiento y la revisión para anular el contrato adolecen de graves “incongruencias” respecto a los plazos. Unos defectos que, según él, implican reconocer “todos los errores” que el PSOE había advertido que tenían.
El PSOE acusa al PP de mentir
Por ello, los socialistas han vuelto a acusar al Govern de haber “mentido” respecto a la caducidad del expediente, puesto que la resolución notificando la reclamación a la empresa daba un plazo de tres meses para resolver las alegaciones. El PP asegura que se trata de un error y modificó a posteriori la resolución, indicando que eran ocho meses, hace unas semanas, transcurridos los tres meses que aparecen en el documento. “Toni Costa miente de forma patológica”, ha afirmado Negueruela, en referencia al vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación.
El PSOE sostiene que desde que la empresa presentó las alegaciones en noviembre no constan más actos administrativos hasta la “rectificación” y el “desestimiento” acordados hace unos días. “Desde esa fecha de noviembre no hay ningún nuevo documento, no existe nada, hasta el 21 de marzo nadie tramita un solo papel en el IB-Salut”, han insistido. Negueruela defiende que el Govern del PP no dio ningún paso hasta un mes después del estallido del caso, permitiendo que se perdiera el expediente tal como hablaban los investigados en las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil.
“Lo único que sabemos es que hay escuchas en las que se habla de la trama, que se dice que esto va a pasar, que se va a perder el expediente, y por supuesto lo que pasa es que se pierde el expediente; y solo cuando estalla el caso es cuando empieza a activarse el IB-Salut. Mientras tanto hicieron lo que la trama en las grabaciones de la UCO dicen que iban a hacer, que era perder el caso”, ha denunciado Negueruel.
Este ha añadido que Tellado, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, debe comparecer en la Cámara autonómica porque se le menciona en los “pinchazos telefónicos”. “Aquí alguien ha tenido que hablar para que esto se pierda, para que después de las alegaciones de la empresa no se haya hecho nada”, ha sostenido el portavoz del PSOE. Negueruela también ha pedido explicaciones de la presidenta balear, Marga Prohens; de Manuela García, consellera de Salud y de Javier Ureña, director general del IB-Salut.
Por otro lado, Negueruela ha considerado “llamativo” que no conste documentalmente qué personas de la empresa visitaron el IB-Salut y el almacén de las mascarillas dentro del proceso de alegaciones, o quiénes les acompañaron: “Es curioso porque dos diputados bastante conocidos del grupo socialista nos hemos tenido que identificar: dar nuestros DNIs forma parte del acceso al IB-Salut”, ha declarado.
Sobre la contratación con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, Negueruela, que era portavoz del Govern de Francina Armengol, ha reiterado que “en esos momentos”, en plena pandemia, “había múltiples contactos con todos los Ministerios, con todo el Gobierno, y que las empresas luego se ponían en contacto con el IB-Salut”, así como que “se contrataron unas mascarillas para uso civil, que es lo que obra en el expediente”.
El PP pide la comparecencia de Armengol y Koldo García
El PP propondrá que la comisión de investigación en el Parlament cite a la expresidenta del Govern, Francina Armengol, y al propio exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, al considerar que su presencia en el órgano es “imprescindible”, según ha declarado José Luis Mateo, diputado popular en el Parlament.
Mateo ha defendido que la presencia de ambos en la comisión de investigación es “idónea” tras conocerse, de boca del propio García en una entrevista en El Mundo, que habló directamente con el equipo de Armengol cuando estaba al frente el Govern. “Son las dos partes de una contratación, aunque seguimos haciéndonos las mismas preguntas que cuando estalló el caso. ¿Quién contactó? Bueno, ahora ya sabemos que Koldo García contactó con alguien del Govern, pero no sabemos con quién”, ha señalado Mateo.
Presiones al PP por la trama Koldo
Cabe recordar que las investigaciones del 'caso Koldo', en manos de la Audiencia Nacional, señalan que el intermediario Koldo García habría utilizado a Jacobo Pombo, empresario que llegó a trabajar hace años en la sede nacional del PP, y presumió de haber concertado una cita con Miguel Tellado, el portavoz parlamentario del partido, quien, a su vez, se habría preocupado de buscar un contacto en Illes Balears “de la línea de Pablo Casado” para frenar la reclamación. El juez cree que sus maniobras habrían “surtido efecto” porque el Govern del PP dejó finalmente caducar la reclamación el pasado mes de enero.
Los pinchazos telefónicos muestran la sorpresa entre los investigados cuando conocieron la existencia de la reclamación del Govern balear en octubre del año pasado. Una reacción que, en las semanas siguientes, derivó en una gran inquietud. A partir de ahí, Koldo García se empleó a fondo ejerciendo su “influencia” para que esa reclamación económica no prosperara, como finalmente ocurrió. Así lo refleja la intensa actividad de los implicados en la trama con un frenético cruce de llamadas, citas en restaurantes o estaciones de tren para abordar este asunto, según recogen los informes aportados a la causa.
El 18 de octubre, un día después de conocer la existencia de la reclamación, el principal empresario de la trama, Juan Carlos Cueto, habló con su socio –y tercer vértice de la investigación–, el también empresario Víctor de Aldama, y le comentó que le diría a Koldo “que pregunte a ver al otro subnormal que estaba ahí antes, que qué es lo que ha pasado”. Esto es, reclamó su intermediación para que la persona que estaba en la Administración balear anteriormente –cuando Armengol era presidenta– le explicase qué estaba sucediendo.
Pero el Gobierno autonómico había cambiado tras las elecciones de mayo. Y, por tanto, eran ahora otros los responsables de dar curso a esa reclamación. Así, el 7 de noviembre de 2023, apenas tres semanas después, emergen los primeros movimientos de Koldo en una nueva dirección: el exasesor de Ábalos habla por primera vez de recurrir al Partido Popular y su entorno, que ahora estaba al frente del Govern.
Los informes de la Guardia Civil recogen una llamada en la que otro imputado, Iñigo Rotaeche, asegura en un pinchazo que Koldo le había dicho que iba a intentar “tocar también a los otros”. Los investigadores consideran que esos “otros” son miembros del “actual Ejecutivo de Baleares [Partido Popular], con los que Koldo tendría relación”. Ese mismo día, Koldo informó al empresario Cueto de que una tercera persona “de las Islas” se pondría en contacto con él para darle cita. Además, por primera vez, deja caer que los actuales dirigentes de Balears no tendrían inconveniente en sustituir las mascarillas objeto de la reclamación o en “llegar a un acuerdo”.
Una semana después, el 14 de noviembre de 2023, Koldo es todavía más claro y dice a otros de los investigados que en el actual equipo al frente del Govern, dirigido por Marga Prohens, están dispuestos a hacer “borrón y cuenta nueva” con este asunto y “colaborar”. Pero es en diciembre cuando Koldo habría decidido recurrir a un escalón más alto dentro del PP: comunica al empresario Cueto que había quedado con Miguel Tellado y un tal “Alberto”. Koldo dice que la cita responde a que le acaban de llamar. Tellado ha negado “rotundamente” haberse reunido con “ningún miembro de la trama”, al igual que lo ha hecho el PP de Balears.
Según otro de los pinchazos, el exasesor de Ábalos presumía de haber acordado una cita en la sede nacional del PP, el pasado 10 de enero. “He quedado a las 10.15 en Génova, ¿vale?”, le dice Koldo a Cueto en otra de las escuchas. Es un hecho que, no obstante, la Guardia Civil dice que no ha podido “contrastar”. De hecho, los agentes que fueron su sombra en los últimos meses constataron que no fue a la sede de Génova en ningún momento.
Ya el 7 de diciembre, a las 20.31 horas, Koldo llama de nuevo a Cueto para informarle de que “todo va por buen camino”, pero que le transmitían que “no hace falta que se vea a nadie y cuanto más desapercibido pase, mejor”. Seguidamente, Koldo añade: “Utilizaré mis medios para poderte poner en contacto”. Una semana después, el 14 de diciembre, Koldo asegura que el asunto del expediente de Balears estaba “más que hecho”. La UCO sospecha que las gestiones que Koldo García estaba realizando con los actuales responsables del Govern serían “un favor que tanto Koldo como su exjefe” –en alusión a Ábalos– “habrían solicitado a cambio de otro 'favor'”.