El estallido del 'caso Koldo' ha acabado desatando una feroz batalla en Balears en torno a qué Ejecutivo (el anterior pacto de izquierdas o el actual Govern del PP) ha actuado con mayor diligencia para recuperar los 2,6 millones de euros que el Gobierno de Francina Armengol abonó de más (de un total de 3,7) a la compañía instrumental implicada en la causa, Soluciones de Gestión y Ayuda a Empresas SL. Se trata de una mercantil ajena al sector que pasó de facturar cero millones de euros en 2019 a casi 54 en 2020 procedentes de varias administraciones públicas (los gobiernos central, balear y canario) por el acopio del material sanitario.
Unos y otros, socialistas y conservadores, buscan dictar sentencia acerca de quién dio realmente curso a la solicitud de devolución en el archipiélago balear y cuál ha sido el desenlace de la misma, con acusaciones mutuas de haber mentido y actuado de forma negligente. Las últimas novedades del sumario apuntan a que el exministro José Luis Ábalos actuó como “intermediario” para evitar que dicha reclamación prosperase y que Koldo García, su exasesor, recurrió al PP para que la trama no pagara los 2,6 millones que le reclama el Govern. Esto es lo que se sabe hasta ahora de la adquisición de las mascarillas en Balears.
¿De dónde vienen las mascarillas?
El Govern balear, con Francina Armengol como presidenta, firmó un contrato con Soluciones de Gestión y Ayuda a Empresas SL en 2020, tras ser la compañía la que ofreció las mascarillas a dicha Administración. Fuentes cercanas al caso afirman a elDiario.es que, ante la urgencia sanitaria, desde el Estado se ofreció al Ejecutivo isleño esta posibilidad de adquirir las mascarillas, pero que tras lo sucedido no volvieron a contratar nunca más a la empresa.
El IB-Salut (el Servicio balear de Salud) apunta en un documento de marzo de 2023 que “la empresa contacta con el Servicio de Salud para comunicar que ha fletado un avión con mascarillas FFP2 y que está en disposición de suministrar 1.480.600”, pero no queda claro si ese era el primer contacto entre ambas partes. Es decir, si antes del email hubo alguna comunicación previa entre el Govern y la compañía. Otro documento del IB-Salut -con fecha del 6 de julio de 2023- refleja que ese correo de Soluciones de Gestión y Ayuda a Empresas SL al Govern llegó el 15 de abril de 2020.
Desde el equipo del IB-Salut actual -bajo el Gobierno del PP- dicen que la empresa ofreció al Govern por vía telefónica el cargamento de las mascarillas, un pedido que, según Javier Ureña, director general del IB-Salut actual, iba destinado a otra administración que no era la balear. Ureña desconoce por qué esa administración no se habría quedado con las mascarillas y cómo y entre quiénes se habría producido esa conversación telefónica que propició la compra.
¿Es legal el contrato?
El IB-Salut relata que fue la empresa la que voluntariamente se puso en contacto con el Govern para ofrecerle las mascarillas. Según este organismo, la cronología del proceso de adjudicación fue la siguiente (todo esta parte transcurre en 2020): el correo llegó el 25 de abril, el pedido se realizó en el sistema el 29 de abril -ese mismo día llegaron las mascarillas, aunque no aclaran si a Madrid o a Palma, se entiende que fue a Palma-, el contrato se firmó también el 29 de abril, el 4 de mayo el director del IB-Salut adjudicó por emergencia la adquisición de mascarillas a la empresa y el 12 de mayo se publica en la Plataforma de Contratación el anuncio de la adjudicación por emergencia.
Los socialistas defienden que el contrato cuenta con el aval de Intervención. Asimismo, ni la Fiscalía ni el juez que instruyen la causa en la Audiencia Nacional han encontrado indicios de ilegalidad. Sin embargo, la Agencia Tributaria señala que “esta contratación aparentemente pudiera haber sido adjudicada al margen de la legalidad” ya que, según sus cálculos, las mascarillas se entregaron el 27 de abril (se entiende que ese día llegaron a Madrid) y que esto fue antes de que se formalizase el contrato (29 de abril) y antes también de que se acordara la tramitación de emergencia para ese suministro en concreto (4 de mayo).
¿Qué se contrató y qué llegó? ¿Son defectuosas?
El Ejecutivo de Armengol firmó el contrato con la intención de adquirir mascarillas FFP2 (las de mayor protección), sin embargo, cuando recibió el pedido en abril de 2020, observó que una parte del mismo no se correspondía con este tipo de material sanitario.
Al observar este posible incidente, el Govern pidió el 25 de mayo de 2020, por voluntad propia, un análisis al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP), que confirmó que no eran FFP2. El 8 de junio de 2020, el CNMP remite al Servicio de Salud balear los resultados del informe: ningún ejemplar de la muestra es una mascarilla FFP2. En ese momento, se ordena retirar las mascarillas de los entornos sanitarios y se almacenan.
Según fuentes socialistas, por aquel entonces, la OMS equiparaba las FFP2 a las KN-95, pero posteriormente el organismo cambió de opinión, y por ello fueron retiradas esas KN-95 del uso sanitario. Los socialistas defienden que no son mascarillas “defectuosas”, sino simplemente de peor calidad. El Mundo sostiene que, según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, las mascarillas “llegaron a multiplicar por ocho la filtración máxima permitida legalmente”.
Un documento del IB-Salut confirma que la empresa envió en abril de 2020 la documentación técnica de las mascarillas que estaban llegando al aeropuerto de Barajas y que, una vez revisada la documentación por parte de los técnicos del Ib-Salut, se pudo concluir que cumplían, entre otras, con la normativa china CNAS y la GB2626/2006. Además, la disponibilidad era casi inmediata (llegaba el avión el 26 de abril de 2020 a Barajas).
¿Por qué se contrató a esta empresa?
La Administración balear sólo contó una vez con los servicios de esta empresa y su contrato fue uno de los más pequeños de toda la 'trama Koldo'. Fuentes socialistas apuntan a elDiario.es que aceptaron la oferta de Soluciones de Gestión y Ayuda a Empresas SL por urgencia, ante la grave situación sanitaria que se vivía por aquel entonces por la pandemia de COVID-19.
En esta línea se pronuncia también el IB-Salut en un documento del 6 de julio de 2023: “Ante la urgencia de la situación y la posibilidad en estos casos, por una parte, de que dicha carga se reasignara a otra entidad y, por otra parte, tener que dar mascarillas a toda la población civil y a otras entidades, empresas que en todo momento solicitaban al Servicio de Salud balear material de protección, se aceptó dicho ofrecimiento de la empresa y se les comunicó verbalmente. Al revisar la documentación pero no disponer de muestras físicas de dicho material se decidió aceptar dicho ofrecimiento y enviar las mascarillas a analizar posteriormente. En esa época se nos planteó tener un estoc de mascarillas para su posible distribución a la población civil y dichas mascarillas podían cumplir ese objetivo independientemente del resultado del análisis”.
¿Cuándo y quién reclamó?
Otro punto de la disputa radica en cuánto tardó el anterior Govern en actuar una vez se supo que el material comprado no era el convenido. Tal como consta en la documentación consultada por elDiario.es, el Ejecutivo había adquirido mascarillas por un valor de 3.701.500 euros, un precio muy superior al tipo de cubrebocas que finalmente llegaron a las islas: si se había pagado por mascarillas FFP2, tipo1, de protección para vapores orgánicos, y mascarillas FFP2 desechables, las que acabaron llegando eran KN95, de calidad notablemente inferior.
Tras tener conocimiento de la apertura de la causa judicial en la Audiencia Nacional, el PP recriminó de inmediato que no fue hasta el 6 de julio de 2023, el mismo día en que la actual presidenta balear, la popular Marga Prohens, era investida en el cargo, cuando el Servicio Balear de Salud formalizó el expediente de reclamación de los 2,6 millones de sobrecoste, acusando al PSOE de esperar “a saber que habían perdido las elecciones para hacer la reclamación”. Los conservadores aducen, asimismo, que el 24 de agosto –ya bajo su mandato– fue formalmente iniciado el expediente.
Efectivamente, un documento fechado ese día –el 6 de julio–, al que tuvo acceso este medio, proponía el inicio de la resolución parcial del contrato por incumplimiento culpable. En él, Antonio Mascaró, subdirector de la central de Compras y Logística, señala que, de acuerdo con el resultado de los análisis y con base en los artículos 211 a 213 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), “es causa de resolución el defecto de calidad de las FFP2/KN95 que eran el objeto principal del contrato”.
El portavoz del PSOE en la Cámara autonómica y mano derecha de Armengol durante la pasada legislatura, Iago Negueruela, aseguró sin embargo que la reclamación del dinero de las mascarillas fraudulentas se firmó el 21 de marzo de 2023, aunque el expediente para esta petición había arrancado “muchos meses antes”. No en vano, un documento del IB-Salut fechado ese día, y que los socialistas esgrimen para defender que actuaron con mayor antelación, alude al incumplimiento de los requisitos del contrato, dado que, según los análisis solicitados por el Govern de Armengol al Centro Nacional de Medios de Protección, las mascarillas suministradas “no cumplen con los requerimientos técnicos de una mascarilla FFP2”, de modo que el organismo sanitario procedió a dar cuenta de ello a Soluciones de Gestión y a “tomar las medidas oportunas con el fin de resarcir al Servicio de Salud de las Illes Balears de la situación que ha ocasionado este hecho”.
¿Por qué se tardó tanto en reclamar?
Según el director del Servicio balear de Salud durante el Gobierno de Armengol, las mascarillas llegaron el 29 de abril de 2020 y el 8 de junio de ese mismo año los análisis confirman que no eran FFP2. No fue hasta el 20 de marzo de 2023 cuando el IB-Salut comunicó a la empresa que, al haberse detectado que las mascarillas no son FFP2, “se procederá a tomar las medidas oportunas con el fin de resarcir al Servicio de Salud de las Illes Balears de la situación que ha ocasionado este hecho”. Es decir, hay un lapso de tres años entre que se detectó y se reclamó por primera vez a la empresa.
Fuentes del anterior Ejecutivo socialista afirman a elDiario.es que no se reclamó antes porque el volumen de trabajo era bastante elevado y la situación de la pandemia era extrema y estaban centrados en “salvar vidas”. Además, añaden que han sido la única administración que se preocupó por la calidad de las mascarillas que recibieron de la 'trama Koldo' -cuando están involucrados también organismos del Estado y el Gobierno canario- y la única en interponer una reclamación al respecto.
¿Ha caducado la reclamación?
Desde la apertura de la causa en la Audiencia Nacional, el PP ha buscado azuzar la tesis de que el Govern de Armengol no actuó de forma diligente en la reclamación de los fondos, atribuyendo al Ejecutivo progresista que la solicitud resultase infructuosa. Sin embargo, la responsabilidad de los populares no escapa a la deriva que finalmente tuvo la malograda reclamación. No en vano, fue ya bajo la presidencia de Marga Prohens cuando el expediente habría acabado caducando sin que los conservadores hayan hecho nada por evitarlo, como este martes informó elDiario.es conforme a las investigaciones de la Fiscalía Anticorrución y el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado de la instrucción del 'caso Koldo'.
En dos de los autos de la causa, a los que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado menciona comunicaciones entre Koldo García, Juan Carlos Cueto -a quien la resolución señala como “la persona que realmente controla” Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL- y una tercera persona de las que se colige que, si la Administración balear, en el plazo de tres meses (con fecha límite el 18 de enero de 2024) no se pronunciaba expresamente sobre el expediente de reclamación, se produciría la caducidad del procedimiento administrativo y, por ende, la reclamación de los casi tres millones de euros. El juez extiende así los hechos más allá de la legislatura de Armengol, abarcando los meses en los que el PP ya se había hecho con el poder en el Ejecutivo autonómico.
A este respecto, el juez subraya que pocos días antes de la fecha límite dejaron de observarse comunicaciones que abordasen este asunto, de lo que se infiere que “podría haberse producido la caducidad de la reclamación a Soluciones de Gestión” y cómo, por tanto, el ejercicio de la influencia que Koldo García habría ejercido en beneficio de esta empresa había “surtido efecto”.
No sólo eso. Una sentencia del Tribunal Supremo que unifica los criterios de caducidad en la resolución de contratos estipula que, tal y como marca Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, actualmente el plazo para resolver este tipo de expedientes es de tres meses, si bien tal regulación podría ser sustituida por otra elaborada por las Comunidades Autónomas con competencia para ello. En el caso de Balears, la Ley 3/2003 de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma establece, en su artículo 50.1, que los plazos de caducidad no podrán exceder de seis meses (y siempre que la autonomía cuente, como así ocurre en las islas, de competencias de la materia en cuestión, en este caso sanitaria).
Por tanto, tomando como referencia cualquiera de las fechas mencionadas anteriormente (20 de marzo, 6 de julio o 24 de agosto de 2023, siendo esta última la que escoge el PP como la “correcta” para estipular cuándo se dio inicio al expediente de reclamación), éste ya habría caducado, ya sea por el plazo de seis meses que marca la Ley 3/2003 de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma o por el de tres meses que menciona el juez en su auto. Con todo, los populares se amparan en una resolución de la Junta Consultiva de Contratación que estipula que el plazo para resolver los contratos públicos de Balears es de ocho meses. Un dato que choca de lleno con jurisprudencia y normativas de rango superior como la unificada por el Supremo y la Ley balear de Régimen Jurídico.
¿Hubo presiones al Govern del PP?
El levantamiento del secreto del sumario del ‘caso Koldo’ ha revelado cómo la trama de corrupción en la que participaba el exasesor de José Luis Ábalos no solo recurrió al político socialista como “intermediario” para evitar el pago de 2,6 millones que le reclamaba el Govern. Koldo García habría utilizado igualmente a Jacobo Pombo, empresario que llegó a trabajar hace años en la sede nacional del PP, y también presumió de haber concertado una cita con Miguel Tellado, el portavoz parlamentario del partido, quien, a su vez, se habría preocupado de buscar un contacto en Illes Balears “de la línea de Pablo Casado”. El juez cree que sus maniobras habrían “surtido efecto” porque el Govern del PP dejó caducar la reclamación. Los populares niegan cualquier tipo de presión, pero no ponen la mano en el fuego por todos los funcionarios del IB-Salut.
¿Se puede iniciar un nuevo expediente de reclamación?
Este miércoles, a pesar de que durante varios días el PP ha apuntado a la difusión de fake news en torno a la caducidad del expediente y aseguraba que éste aún se encontraba en marcha, el Govern ha optado por minimizar la importancia de si la reclamación ha prescrito o no. El Ejecutivo asevera que, según “el tenor literal de la Ley”, el plazo de prescripción es de ocho meses, a pesar de que la normativa autonómica lo establece en seis. Con todo, recalca que este “detalle” no condiciona su capacidad para reclamar nuevamente los fondos, dado que, aun cuando caducara, ello “no impide poder abrir un nuevo procedimiento por la vía administrativa”.
Pese a alentar la afirmación de que el procedimiento no había caducado, el Govern del PP anunció la semana pasada haber iniciado los trámites para reclamar a Soluciones de Gestión los 2,6 millones de euros abonados de más. Días más tarde, el pasado lunes, informó de que finalmente reclamará el importe total abonado (3,7 millones de euros). Varias resoluciones consultivas, analizadas por elDiario.es, establecen que se puede reabrir un proceso aunque haya caducado siempre que se cumplimenten de nuevo, con arreglo al artículo 95.3 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia a los interesados.
¿Actuó en los cauces previstos el anterior Govern?
El Govern de Marga Prohens ha pasado de hablar en términos de caducidad a recriminar cómo se llevó a cabo la contratación de las mascarillas. Según han alegado este miércoles los responsables del IB-Salut, este organismo emitió en 2020 -bajo la legislatura de Armengol- un certificado de conformidad con el pedido de cubrebocas a la empresa clave del 'caso Koldo', a pesar de que ya había recibido, dos meses antes, los resultados de los análisis que constataban que el material no cumplía con los requisitos de una mascarilla FFP2.
Según ha informado el actual director del IB-Salut, Javier Ureña, esta certificación se llevó a cabo el 12 de agosto de 2020 a solicitud de la empresa, Soluciones de Gestión, y fue rubricada por un subdirector de Compras y Logísticas. No obstante, Ureña ha reconocido que es habitual que las empresas soliciten este tipo de certificados para poder presentarlos al concurrir a otras contrataciones públicas. El documento acredita que, para el IB-Salut, el contrato se había ejecutado “correcta y satisfactoriamente” sin que se hubiera producido “ninguna incidencia”.
Sin embargo, como señala el Govern actual, ya el 8 de junio de 2020 el centro estatal que analizaba el material había emitido un informe que concluía que las mascarillas incumplían los requisitos estipulados. El material continúa a día de hoy almacenado en el hospital de Son Dureta, ya caducado y sin utilizar. Al respecto, el PSOE justifica que el material sanitario quedó almacenado “porque la pandemia continuaba y la Organización Mundial de la Salud pedía que todo el material disponible se almacenara hasta que terminara la crisis sanitaria”. Además, sostienen que “el expediente está correctamente hecho y está fiscalizado por Intervención”.
¿Devolverá la empresa el dinero?
Para los actuales responsables del IB-Salut, el certificado que emitió el propio organismo en 2020 -el que certificaba el cumplimiento del contrato- “hace que sea complicado que prospere” la reclamación de 2,6 millones de euros a la empresa. De hecho, la empresa esgrimió ese documento en las alegaciones presentadas en noviembre, además de protestar por que la administración le reclame la resolución de un contrato ejecutado tres años antes. Ni el Govern del PP ni el IB-Salut actual reconocen que el expediente esté caducado, pero ahora no se centran en la vía administrativa: acudirán a la vía penal -ya se ha formalizado la personación del Govern ante la Audiencia Nacional-.
¿Lo sabía el PP?
El actual director del IB-Salut también ha afirmado este miércoles en una rueda de prensa que el anterior equipo (el que operaba bajo la presidencia de Francina Armengol) no comunicó a los gestores entrantes del Govern del PP que la Fiscalía Anticorrupción investigaba el contrato de 3,7 millones de euros con la empresa clave en el 'caso Koldo'.
“Me llama poderosamente la atención que la Guardia Civil se persone en 2022 y los meses siguientes no hayamos podido detectar ningún movimiento al respecto hasta marzo del año siguiente”, recalcó Ureña. Tampoco consta que el IB-Salut diera aviso a la Abogacía de la Comunidad por la visita de la Guardia Civil, añadió.
Desde el PSOE aseguran a elDiario.es que “es falso” que no comunicaran el caso al nuevo equipo del IB-Salut y que “se informó [del asunto] en el traspaso de poderes”. “Algunos de los cargos que estaban en el Servicio de Salud en Gestión, por ejemplo, la jefa de servicio de proveedores y tesorería del IB-Salut, está hoy de directora general del Tesoro del PP. Si lo dejaron caducar es por pura negligencia”, añaden.
¿Qué pasa con los fondos europeos?
El Govern balear del PP acusa al antiguo Ejecutivo de izquierdas de haber ocultado a Bruselas que las mascarillas del 'caso Koldo' que fueron sufragadas con fondos europeos eran de peor calidad a las contratadas. El vicepresidente del Ejecutivo, Antonio Costa, ha afirmado que el anterior Gobierno no incluyó, en un expediente que remitió a las autoridades europeas para reclamar este pago, el certificado que ratificaba que el material era de menor protección.
Además, el actual Govern ha ordenado descertificar el gasto de las mascarillas, lo que implica, según Costa, no devolver el importe ya cobrado a la Unión Europea, pero sí que se descuenten de futuros pagos. El Ejecutivo sigue así el protocolo de lucha contra el fraude y de acuerdo con la normativa Feder. El expediente iniciado, ha señalado, se refiere, además de a los 3,7 millones que costaron las mascarillas, a 57.000 euros de transporte y a 150.000 euros de asistencia técnica.
El 20 de noviembre de 2020 la Dirección General de Fondos Europeos verificó el pago y determinó que el gasto de 3,7 millones era elegible en su totalidad en el contexto de los Fondos Europeos. Según Costa, en el expediente estaba el albarán de recepción y la factura, pero no los resultados de los análisis, extremo que habría imposibilitado contemplar el gasto como elegible, según el PP.
Más tarde, el 11 de diciembre, el IB-Salut reclamó la financiación con Fondos Feder y la Dirección General seleccionó el pago y lo certificó el 20 de diciembre. Sin embargo, entre abril y junio de 2021, siguiendo el relato de Costa, técnicos de Fondos Europeos visitaron el almacén y constataron que las mascarillas existían, pero desconocían que eran de peor calidad porque no contaban con los análisis de Trabajo, siempre según el PP.
“Hay riesgo de parálisis de futura financiación con fondos Feder”, ha advertido Antoni Costa, un extremo que el PSOE niega tajantemente. “Cuando se contrataron las mascarillas, la OMS equiparaba las FFP2 a las KN-95. Cuando llegaron, acreditamos que no eran FFP2 y pedimos un análisis de la calidad del material. Si son FFP2 las puedes usar para entornos de mayor riesgo, como un hospital. Ese criterio de la OMS cambió un mes y medio después de este expediente. Por eso fueron retiradas del uso sanitario. El expediente está correctamente hecho y está fiscalizado por Intervención”, añaden.
¿Está siendo Armengol investigada por la Antifraude en la UE?
La Fiscalía Europea tiene sobre su mesa los contratos del 'caso Koldo' que firmaron los gobiernos de Balears y Canarias, tal y como queda recogido en la querella de la Fiscalía Anticorrupción. Fue la propia Fiscalía Anticorrupción española la que, en junio de 2023, envió la documentación al organismo europeo al entender que los contratos se abonaron con fondos europeos y que, por lo tanto, son competencia del ente comunitario. Es un procedimiento habitual.
La Fiscalía Europea ha comentado a elDiario.es que no ofrecen “comentarios sobre investigaciones en curso”, ni tampoco confirman públicamente “en qué casos se está trabajando, para no poner en peligro eventuales investigaciones en curso y su resultado”. Asimismo, añaden que su “competencia es obligatoria”, de forma que deben “comprobar cualquier indicio del que eventualmente pueda resultar que los hechos investigados” quedan bajo su ámbito competencial.