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La Conselleria de Educación y Universidades sólo destinará este curso 2024/2025 un poco más de un millón de euros al “plan piloto de libre elección de lengua”, si bien la partida presupuestada era de 20 millones. Este es un sistema pensado por PP y Vox para desplazar al catalán como lengua vehicular en la escuela de Balears, que ha sido implantado por los conservadores por imposición de la ultraderecha, que se negaba a aprobar los presupuestos autonómicos si no se cumplía esta condición.
En concreto, se asignará a los 11 centros -ninguno de ellos público- adheridos al plan una dotación adicional de seis horas para cada grupo de alumnos, con un coste de 1,03 millones de euros para las arcas públicas. Así, la Conselleria de Educación destinará los 19 millones de euros restantes a “otras iniciativas educativas” que no han sido especificadas. Estos 11 centros son los únicos de todo el archipiélago que han solicitado voluntariamente adherirse al plan ideado por PP y Vox.
Del mismo modo, solo los centros en los que haya un 20% de alumnos de cada nivel y etapa educativa que quisieran sumarse al nuevo plan lingüístico podían adherirse a él. “Son los centros los que han dado a las familias la oportunidad de elegir, en las dos o tres materias que éstos proponían para el plan, en qué lengua vehicular quieren que sus hijos estudien”, señaló Antoni Vera, conseller de Educación. Además, los colegios e institutos que han querido sumarse al plan han garantizado que disponen de las instalaciones idóneas.
Educación ha informado este jueves en una nota de prensa que los 11 centros educativos de Balears que solicitaron su inclusión en el plan cumplen con los requisitos establecidos y, por lo tanto, podrán formar parte del plan.
Los alumnos de los 11 centros tendrán que pasar unas pruebas de diagnóstico a principio de curso y otras al final. El Instituto de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo (Iaqse) será el encargado de realizar las pruebas. De este modo, el plan se implementará durante tres cursos escolares y una vez finalizada la prueba piloto, la Conselleria evaluará los resultados.
Según han subrayado, el plan pretende garantizar la competencia educativa “plena y equivalente” en las dos lenguas oficiales, “reforzar la autonomía” de centro, dotar a los centros de medios adicionales para adquirir la competencia comunicativa en lengua catalana y castellana, aplicar instrumentos de evaluación y mejora propios del sistema educativo y “alcanzar el éxito y la equidad educativa”, además de la igualdad de oportunidades, con la finalidad de que todo el alumnado alcance su nivel óptimo de aprendizaje.
Una de las cuestiones que más polémica ha generado es que el Govern trasladó a la dirección de los centros la responsabilidad de aplicar o no este plan. Esto es así porque han sido los centros educativos quienes “voluntariamente” han podido adherirse (o no) al proyecto.
Como ya adelantó elDiario.es, ningún centro público de Balears ha manifestado su voluntad de participar en el plan de segregación lingüística que el PP pactó con Vox para desmantelar la escuela en catalán. En cuanto a los centros privados y concertados, estos no superan los once. Así, del total de 339 centros de primaria de las Illes Balears (117 privados y concertados y 222 públicos), solo un 3,24% se suma al 'Pla Vera' (como se conoce esta iniciativa en referencia al conseller de Educación, del PP), según datos de la Obra Cultural Balear (OCB).
La comunidad educativa, en contra
El presidente de la OCB, Antoni Llabrés, reivindicó que se suspendiera “de inmediato de forma cautelar su aplicación”. La OCB interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears contra la iniciativa por considerar que es “claramente contraria a la legalidad vigente” y que “puede causar graves perjuicios en la comunidad educativa y al sistema educativo balear en conjunto”.
Sin embargo, la Justicia rechazó la suspensión cautelar, con el argumento de que la participación en el Plan es voluntaria. La Sala de lo Contencioso denegó la medida tras examinar los intereses en juego al tener en cuenta que se trata de decidir sobre una medida cautelar para evitar perjuicios “graves o irreparables”.
El secretario general del STEI, Miquel Gelabert, sostuvo que el hecho de que solo 11 centros decidieran adherirse demuestra el fracaso de la iniciativa y es una “prueba irrefutable del despropósito de este plan” y vinculó que la participación haya sido solo por parte de centros privados y concertados “más por un motivo económico que pedagógico”. “Estos centros, en general, ya enseñaban en castellano”, añadió.
La posición de la OCB y STEI ha sido compartida con más de treinta entidades educativas, sindicatos, asociaciones de familias y de directores, que mostraron su rechazo a los planes del Govern. Hay otras asociaciones, en cambio, como Plis Educación, y Societat Civil Balear –ambas pertenecientes a la plataforma Escuela de Todos–, que abogan por un modelo distinto, favorable a las ideas de PP y Vox.
No obstante, las asociaciones a favor de la iniciativa del Govern consideraron que “el modelo planteado es incorrecto en sí mismo por dar la oportunidad de decidir a los colegios”, y celebraron que hubiera once centros que se adherieron, pero aseguraron que revisarían “si se aplica el plan piloto en condiciones” para impedir que la participación haya sido por otros motivos como “conseguir más personal docente o de refuerzo”, situación que podría darse dado que, por su parte, la Conselleria d’Educació i Universitats dotará los centros que participen de los recursos humanos necesarios para llevar a cabo la iniciativa.
Cabe recordar que el “Plan Piloto Voluntario de Libre Elección de Lengua” se aprobó en diciembre del año pasado tras días de tensa negociación entre el PP y Vox para aprobar el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de Balears para 2024. Los populares cedieron a la extrema derecha y aceptaron que se destinasen 20 millones de euros al plan de segregación lingüística, además de eliminar todas las subvenciones a patronales y sindicatos.