El Govern balear del PP fracasa en su medida “estrella”: la rebaja del impuesto de sucesiones

Fue una de las medidas “estrella” anunciada por Marga Prohens, presidenta del Govern, en la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo: la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, siguiendo la estela de otros líderes del Partido Popular (Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla y León o Galicia), que ya habían aplicado anteriormente esta política fiscal. Esta bonificación, de hecho, beneficia sobre todo a las rentas más altas, ya que el tipo impositivo que se aplica a las herencias inferiores a los 700.000 euros se sitúa en el 1%, mientras que el porcentaje se eleva gradualmente hasta el 20% para los patrimonios de más de cuatro millones.

Siguiendo con las políticas económicas de reducción de impuestos impulsadas ya en la década de los 80 por la “revolución conservadora” de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Reino Unido, la “dama de hierro” mallorquina cumplió con su promesa electoral el 18 de julio de 2023 cuando anunció la aprobación del Decreto Ley 4/2023. Este decreto bonifica totalmente el impuesto de sucesiones y donaciones en el caso de herencias entre padres e hijos, abuelos y nietos y entre cónyuges, tanto por causa de muerte como en herencias en vida mediante pactos sucesorios.

En el caso de las herencias entre hermanos o entre tíos y sobrinos, la reducción es del 50% si no hay descendientes y del 25% si los hubiera. La reforma fiscal también incluye la supresión del impuesto sobre transmisiones patrimoniales para la compra de primera vivienda habitual para menores de 30 años y personas con discapacidad (con un límite de renta de 52.800 euros en declaración individual o de 84.480 euros en declaración conjunta) y la rebaja del 50% para menores de 35 años, familias numerosas, monoparentales o familias con personas con discapacidad a cargo. El precio de la vivienda, además, no puede ser superior a 270.150 euros. En el caso de las familias numerosas, el límite está en 350.000 euros. El decreto ley fue convalidado en el Parlament el 27 de julio.

Las familias podrían pagar más si venden

Sin embargo, la aprobación de la medida ha tenido un efecto indeseado, según han alertado en los últimos días la oposición, algunos colegios profesionales y asesores fiscales. “Si heredas una casa y luego la vendes, es mejor que tributes por el impuesto de sucesiones (1% para herencias inferiores a 700.000 euros) que por IRPF (23% en ese mismo tramo)”, explica a elDiario.es Iago Negueruela, portavoz del PSIB-PSOE. “Probablemente sea mejor no aplicar la nueva ley porque el efecto es perjudicial”, señala el portavoz del grupo parlamentario socialista. Además, en opinión de los socialistas, se ha hecho mediante una vía incorrecta: la fórmula del decreto ley. “Por esa vía no se modifican impuestos estructurales, se hace vía proposición de ley, pidiendo los informes pertinentes a los técnicos”, indica Negueruela.

Los socialistas, que siempre se han mostrado contrarios a la supresión de este impuesto, lamentan que encima se ha hecho, a su juicio, de forma “chapucera”. “Hay mucha inseguridad jurídica porque es una medida que probablemente no tenga el resultado que pretendían”, insiste Negueruela. Es el mismo argumento que ha esgrimido el Colegio Oficial de Titulados Mercantiles de las Illes Balears (COTME). “El problema se genera cuando se transmiten inmuebles porque han fijado el valor de referencia, que se extrae de una media de los inmuebles, pero que no siempre se adecúa al valor de mercado. Por tanto, cuando este valor de referencia está por debajo del valor de mercado, con una posterior venta de este inmueble, se genera un segundo impuesto que es el IRPF”, explicó Francesc Ramis, presidente del COTME, en declaraciones a IB3. Por tanto, lo que antes tributaba al 1%, ahora puede tributar al 23%, apuntó Ramis.

“Me preocupa que haya gente que no se haya asesorado y, acogiéndose a la bonificación del 100% del impuesto (de sucesiones y donaciones), decida vender este inmueble en uno o dos años. Cuando le toque pagar el impuesto (IRPF) se tendrá que poner la mano en los bolsillos”, afirmó Ramis a la televisión pública balear. En la misma entrevista, Ramis aseguraba que Toni Costa, el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, manifestó que tenía “voluntad de corregirlo”. Es decir, según estos expertos fiscales, el problema principal es que el decreto obliga a que “el inmueble heredado o donado en vida tenga un valor de referencia que decide la administración y este es, en la gran mayoría de los casos, inferior al valor de mercado”. El Govern ahora tiene, según los socialistas, hasta el 2 de octubre para presentar enmiendas.

El Govern niega los “efectos indeseados”

Fuentes de la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación explican a elDiario.es que la posición del Ejecutivo conservador es que “bonificarse el impuesto de sucesiones y donaciones (ISD) es cumplir con la normativa vigente y, sobre todo, con el artículo 36 de la Ley 35/2006 de IRPF”. Este artículo marca, detallan las mismas fuentes, que “los bienes de la herencia se cuantificarán de acuerdo con las normas del ISD, sin que en ningún caso el valor asignado a los bienes de la herencia supere el valor de mercado”. En este sentido, el Govern quiere aclarar que “el valor de referencia es equivalente al valor de mercado”, y si no lo es por un bien inmueble, se tiene que instar a la rectificación del valor de referencia en el catastro “y adaptarlo al valor de mercado”.

La reforma fiscal del Govern pretende poner, afirma Economía y Hacienda, una “condición” para bonificarse el impuesto de sucesiones y donaciones (ISD): que los bienes se cuantifiquen con el valor de referencia y, por tanto, de mercado. “Si se elimina el ISD con bonificación de 100%, a efectos del IRPF, no es lo mismo cuantificar un bien en 1000 unidades monetarias que en 100. Cuando se bonifica el ISD al 100% se produce un incentivo muy fuerte a incrementar artificialmente el valor de los bienes y directamente no paguen IRPF en caso de venta del inmueble”, justifica el Govern.

En la exposición de motivos del decreto ley publicado en un BOIB (Boletín Oficial de las Illes Balears) extraordinario del 18 de julio, el Govern argumenta que considera “plenamente adecuado” el uso del decreto ley para dar cobertura a diferentes medidas de carácter tributario porque están directamente relacionadas con combatir, inmediatamente, “las enormes dificultades del acceso a la vivienda habitual de determinados colectivos, como son los jóvenes, las personas con discapacidad, las familias numerosas y monoparentales”.

Además, recalcan el “contexto social y económico” actual, caracterizado no solo por la necesidad urgente de vivienda que hay en el archipiélago balear, sino por la situación “extraordinaria” de incertidumbre que se ha generado como consecuencia de la guerra de Ucrania y la inflación. Estos hechos han generado, afirma el Govern, “efectos particularmente negativos” en el patrimonio y la capacidad de ahorro de las familias, motivo por el cual reivindican su reforma fiscal.

El PSOE, en contra de la reforma fiscal

Un argumento que, sin embargo, los socialistas no comparten. “La OCDE está defendiendo que no se toquen los impuestos por si tienes que mantener el gasto social”, afirma Negueruela, y añade que se necesitan medidas “coyunturales” para mejorar la situación inflacionaria, como ampliar y mejorar la renta social garantizada; mantener la gratuidad en las matrículas universitarias; seguir con las ayudas específicas para desempleados en los meses de invierno y las ayudas al transporte público.

“¿Cómo puedes argumentar que eliminas un impuesto por la inflación si es completamente estructural?”, se pregunta el portavoz del PSIB-PSOE, que argumenta que dicha explicación solo va encaminada a justificar un decreto ley de forma “absolutamente irregular” pero cuya “inconstitucionalidad” pueden salvar tramitándolo como “proyecto de ley”.

“Técnicamente es una chapuza”, insiste Negueruela, y recuerda que el Govern, en ningún momento, ha dicho que la medida vaya a ser “temporal”, ligada a una situación coyuntural específica. Los socialistas proponen, en primer lugar, aplicar la Ley de Vivienda estatal que permite topar los precios del alquiler en las denominadas zonas tensionadas, así como bonificaciones en las hipotecas de tipo variable (debido a las subidas de los tipos de interés).

Por otro lado, en las filas socialistas preocupa que en el momento en que el Govern vaya a negociar un nuevo sistema de financiación con el Gobierno pueda perjudicar el hecho de que se estén aplicando medidas para reducir los impuestos, con la consiguiente caída que ello provoca en la recaudación pública. “El señor Costa pone a Balears en una situación peor (...) dando esta imagen de que prácticamente le sobran los recursos, cosa que no es así pero es lo que traslada permanentemente”, concluye Negueruela.