PP y Vox han llegado este lunes a última hora de la tarde a un acuerdo para repartirse la Mesa del Parlament balear, que contará con un presidente de Vox -Gabriel Antonio Le Senne-, y han firmado un documento en el que quedan especificadas las “líneas fundamentales que inspirarán” el acuerdo entre ambas formaciones para conseguir un “gobierno estable” que permita ser presidenta a la popular Marga Prohens. Entre las principales líneas del acuerdo destacan la marginación al catalán -la lengua propia del archipiélago, como queda recogido en el Estatut- y la lucha contra lo que ellos denominan la “violencia intrafamiliar” y la “inmigración ilegal”. Los populares no sólo han asumido buena parte de las propuestas de Vox, sino también la retórica.
Los conservadores -que se hicieron con 25 escaños en las elecciones autonómicas- cuentan con el 'sí' del diputado de Sa Unió, pero necesitan el apoyo -aunque sea con una abstención en la segunda sesión de investidura de Prohens- de Vox, que consiguió 8 diputados y se posicionó como tercera fuerza parlamentaria. El de este lunes es el primer acuerdo al que llegan ambos partidos en lo que se refiere al poder autonómico -no municipal ni insular-, ya que hasta ahora las negociaciones estaban estancadas porque el PP quiere gobernar en solitario y Vox apela al modelo de Castilla y León, donde tienen la vicepresidencia del Ejecutivo autonómico y la presidencia del Parlamento.
Ahora Vox ha conseguido uno de esos objetivos: la presidencia de la Cámara autonómica, que se constituirá este martes, será para ellos. Justamente, el acuerdo se alcanza pocas horas después de que Jorge Campos, candidato de Vox al Govern balear, anuncie que será el cabeza de lista de su partido en las elecciones generales del mes de julio. Campos coincidirá con mucha probabilidad con la socialista Francina Armengol, que durante las dos últimas legislaturas ha sido la presidenta balear y que ahora es la cabeza de lista del PSOE en los comicios nacionales de este verano. Era previsible que la salida de Campos facilitara el acuerdo, tal y como ha acabado sucediendo.
El acuerdo difundido incide en cinco aspectos -la “libertad”, la economía, los servicios públicos, la “protección de la mujer” y “la seguridad y las mafias de la inmigración”-, pero no dice nada de algunos de los principales problemas que afectan a los ciudadanos de las Islas, como los desorbitados precios de la vivienda -especialmente en Eivissa- o la protección del medioambiente, gravemente afectado por las consecuencias del turismo masivo que cada año satura las Islas y explota los recursos naturales, como el territorio o el agua.
PP y Vox han incidido, durante la última legislatura de Armengol, en el aumento de las pateras que llegan al archipiélago balear, especialmente desde Argelia. Ahora que están a punto de formar un gobierno -todavía no se sabe si será en coalición, el documento no dice nada al respecto-, la derecha y la ultraderecha señalan a las “mafias de la inmigración”. “Se potenciará la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante los posibles casos de inmigración ilegal, con especial atención a las mafias organizadas que la promueven, y reclamaremos al Gobierno de España la puesta en marcha de nuevos SIVE en nuestra Comunidad”, reza el acuerdo.
No hay “violencia machista”, sino “intrafamiliar”
En el acuerdo, PP y Vox evitan hablar de “violencia machista”, pero aseguran que “se trabajará para erradicar de nuestra comunidad los discursos machistas, ya sean civiles o religiosos, que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer”. Ambos partidos afirman que “se garantizará toda asistencia, apoyo y lucha frente a la violencia contra las mujeres”. También comentan que “se apoyará y asistirá a las víctimas de la violencia intrafamiliar, en especial a la que sufren las mujeres, a la que sufren los niños y a la que sufren los ancianos, así como a la creciente violencia filio parental”.
PP y Vox titulan este apartado como “protección de la mujer, con especial atención a las menores tuteladas”, en referencia a los casos de explotación sexual de menores que estaban bajo la tutela del Consell de Mallorca. “Se llevará a cabo una auditoría para identificar y llevar ante los tribunales a todos y cada uno de los implicados en el caso de las menores tuteladas abusadas sexualmente”, dice el acuerdo.
También van a instar al Gobierno español a que “identifique a los violadores que han salido en libertad gracias a la ley del 'sí es sí', poniendo las medidas necesarias para proteger a las mujeres en el caso de que alguno de ellos pretenda trasladarse o se encuentre en nuestra Comunidad”. Además, pedirán al Congreso que “exija responsabilidades políticas a quienes han colaborado en la puesta en libertad de estos agresores de mujeres” y solicitarán que se derogue “de manera inmediata” la ley, “sustituyéndola por una que aumente las penas a todos los violadores, incluyendo la prisión permanente”.
Estos dos aspectos -el de las menores tuteladas y el de la ley del 'sólo sí es sí'- han sido ampliamente utilizados desde la tribuna del Congreso por Marga Prohens, que hasta hace poco ha sido diputada nacional del PP en Madrid. Prohens, que ahora está negociando con Vox para ser la futura presidenta balear, ha arremetido durante los últimos meses duramente contra la ministra Irene Montero -por la ley del 'sólo sí es sí'- y contra Francina Armengol -por los casos de las menores tuteladas, aunque fueran tuteladas por el Consell de Mallorca, no por el Govern balear que presidía la socialista-.
Derogación de las normativas que “ataquen a la unidad de la nación”
El documento asevera que “se acabará con las políticas y se derogarán aquellas normativas que promueven el enfrentamiento y la división” o que “ataquen a la unidad de la nación”, promoviendo “la identidad y cultura de las Islas Baleares como parte esencial de la plural riqueza de España”. En esta línea, ambas formaciones se comprometen a consolidar un modelo educativo basado “en el mérito, el esfuerzo, la capacidad y el respeto a los docentes”, generador de “oportunidades” y “libre de adoctrinamiento ideológico”, lo que unido a la “voluntariedad de las actividades extraescolares” puede dar lugar a la implantación del pin parental que defiende Vox.
Esta redacción no es baladí: responde a la estrategia que ha adoptado el PP a nivel nacional en sus pactos con Vox en lo que se refiere a educación. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha tenido problemas en hacer suya la censura ideológica de Vox en la escuela. Cuando hablan de educación, conservadores y ultraderechistas repiten la fórmula de “sin sesgo [o adoctrinamiento] ideológico” en sus acuerdos en Extremadura, Comunitat Valenciana y Balears, con un lenguaje lo suficientemente ambiguo, sin especificar en el caso del archipiélago ninguna medida concreta. ¿Qué son unas aulas “libres de adoctrinamiento ideológico”? Para ellos, podría ser de todo: la educación sexual, el feminismo, la violencia de género, los derechos LGTBI o la memoria democrática.
Asimismo, el acuerdo establece que los padres podrán elegir libremente el centro escolar para sus hijos, así como la primera lengua. Respecto a uno de los aspectos contra los que se ha mostrado más beligerante la formación ultraderechista, la normalización lingüística implantada por ley en 1986 en las islas, el documenta señala que se modificarán las normas que “supongan una imposición lingüística” -lenguaje utilizado por Vox en numerosas ocasiones-, “asumiendo que en la comunidad existen dos lenguas oficiales”.
Cabe recordar que la última vez que el PP quiso cambiar el modelo de la escuela balear, que es el de la inmersión lingüística en catalán, fue durante la legislatura de José Ramón Bauzá -ahora eurodiputado de Ciudadanos- y que se topó con la mayor manifestación registrada hasta la fecha en el archipiélago. La idea de Bauzá -que al final pararon los tribunales- era implantar un sistema trilingüe (catalán, inglés y español), desbancando al catalán como principal lengua vehicular de la enseñanza.
Eliminación del requisito del catalán en la sanidad
En cuanto a los servicios sociales y la sanidad pública, PP y Vox aluden a un supuesto incremento de las desigualdades y la brecha social en los últimos años, motivo por el que consideran que el papel de las políticas sociales “debe centrarse en la atención y la protección de aquellos colectivos vulnerables, como niños y adolescentes, mayores, dependientes, personas con discapacidad, con trastorno de salud mental -con especial atención a la prevención de los suicidios- o personas en riesgo de exclusión social”. También ponen el foco en el refuerzo y el apoyo a las familias, facilitando la conciliación.
Los dos partidos prometen hacer los servicios sociales “más ágiles y flexibles”, facilitando los trámites administrativos y la atención personalizada. “La familia es la institución que más soporta las cargas sociales, por lo que se le debe una especial atención en toda la acción de gobierno”, afirma el acuerdo.
Respecto a la sanidad, el preacuerdo señala que se acometerán las reformas necesarias en el sistema público de salud “con el fin de aumentar la calidad en la prestación de los servicios”, reduciendo, aseguran, las listas de espera, atrayendo y fidelizando “a los mejores profesionales sanitarios” y levantando lo que consideran “trabas” como el requisito del catalán en la sanidad, implantado por el gobierno de Armengol para garantizar que los ciudadanos puedan ser atendidos en la lengua propia en la sanidad pública.
Gran rebaja de impuestos
El documento incluye un punto relativo a la promoción del comercio, la industria, el sector primario y el turismo, para los cuales PP y Vox establecen que crearán el marco necesario de cara a su promoción “como principal motor económico de nuestra Comunidad”. Para ello, se comprometen a incentivar la actividad empresarial, impulsando ayudas para apoyar a las empresas y autónomos y reduciendo las tasas autonómicas que, a su juicio, “impiden el crecimiento y desarrollo” del tejido empresarial de Balears.
Del mismo modo, conservadores y ultraderechistas aseguran que protegerán a los productores ante la competencia desleal de terceros países, acometerán una rebaja sustancial de impuestos y una reducción “contundente” del gasto político “ineficiente”, todo ello, aseveran, “con el objetivo de que el tejido empresarial pueda crear empleos estables y de calidad”.