El PP desautoriza ahora al conseller de Vox en Mallorca que llamó “cruzada de liberación” a la Guerra Civil

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés (PP), pedirá finalmente retirar las palabras del conseller de Vox David Gil, quien, durante el pleno celebrado la semana pasada, se refirió al golpe franquista de 1936 y a la Guerra Civil española como “la última cruzada de liberación”. El líder insular lo ha anunciado un día después de que el PSOE lo denunciase ante el Govern balear por no desaprobar a quien consideran que ha infringido la Ley de memoria democrática al hacer apología del franquismo.

En un comunicado, la institución insular ha anunciado que, en el pleno del 14 de marzo, Galmés instará al conseller, David Gil, a retirar estas expresiones, para que no consten en el acta de la sesión del pasado 8 de febrero. El popular ha expresado su rechazo a las afirmaciones de Gil, calificándolas de “desafortunadas”, y ha manifestado que el equipo de gobierno -que integran tanto PP como Vox- no las “comparte en absoluto”. En esta línea, ha pedido “disculpas a quien se haya podido sentir ofendido” por aquellas palabras, que Gil pronunció en pleno debate de una iniciativa sobre la señalización de carreteras construidas por presos republicanos. 

Tras ello, el portavoz de Més per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora, ha manifestado que pedir perdón “honra” al presidente insular, pero ha puesto en duda su sinceridad dado que esta disculpa “llega al verse acorralado por una denuncia y la posibilidad de una importante sanción económica”. “Usted ya ha fulminado su credibilidad”, ha remarcado el dirigente ecosoberanista en redes sociales.

Cabe recordar que este jueves la portavoz del PP en el Consell, Núria Riera, eludió condenar las manifestaciones del conseller de Vox, limitándose a señalar que su grupo no las comparte pero asegurando “comprender” que el partido de extrema derecha, socio de los conservadores, “defienda lo suyo”. Riera añadió que desde su partido “siempre” han mostrado respeto por las víctimas y los pasos que se han dado “hacia la concordia de todos los españoles”.

Las manifestaciones de Gil generaron numerosas reacciones de indignación dentro y fuera de la institución insular. Tras tener conocimiento de los hechos, Memòria de Mallorca denunció el caso ante el Ejecutivo balear y expresó su reproche por el hecho de que el presidente del Consell no llamara la atención a Gil ante unos hechos que “vulneran claramente” las leyes de memoria democrática. Por ello, trasladó un escrito a la Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas para que actúe en consecuencia y aplique las sanciones pertinentes. La normativa -que prevén derogar conservadores y extrema derecha- contempla multas de entre 2.001 y 10.000 euros para las infracciones graves, como califica la asociación el comportamiento de Gil.

La asociación recuerda cómo la represión perpetrada por las tropas fascistas del golpe de estado, así como durante la Guerra Civil y la posterior dictadura causó sólo en Mallorca la muerte a más de 2.000 víctimas civiles, “llenó las prisiones y forzó al trabajo esclavo a miles de prisioneros”, provocando desapariciones forzadas, torturas, marginación y “un largo etcétera de violaciones graves contra los derechos humanos”, unos hechos que, lamenta, para Gil “correspondían a una cruzada de liberación”.

Precisamente, la derogación de la Ley de memoria democrática de Balears figura en el acuerdo alcanzado en las islas entre conservadores y Vox a principios de legislatura por el que los de Santiago Abascal se comprometían a facilitar la investidura de la popular Marga Prohens como presidenta del Govern, como así acabó sucediendo.

A cambio de este pacto, la extrema derecha se hizo con varios cargos en los Consells Insulars de Mallorca y Menorca, además del cumplimento de 110 medidas programáticas con las que los populares asumen gran parte del ideario político de los ultraderechistas como peaje para gobernar las islas en solitario. Entre ellas, ambos partidos se comprometen a combatir “cualquier intento de quienes tratan de utilizarla [la memoria] para dividir a los españoles”, en lo que podría ser interpretado como un ataque hacia la memoria histórica, malentendida por Vox como un intento de “dividir a los españoles” en vez de como una herramienta para reparar las heridas provocadas por el golpe fascista de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista.

PP y Vox se muestran así dispuestos a tumbar la normativa bajo el alegato de que “se buscará siempre la reconciliación, evitando la manipulación histórica y el uso partidista de las víctimas y del drama del enfrentamiento civil”.