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El Govern del PP y los grupos de izquierdas han protagonizado un tosco enfrentamiento en el Parlament balear a costa de la prohibición de construir en zonas inundables de las islas. Mientras los conservadores mantienen su intención de legalizar las viviendas edificadas de forma irregular en suelo rústico, incluidas también aquellas que ya se encuentren construidas en zonas con riesgo de inundación -prohibiendo, no obstante, las nuevas construcciones en estos lugares-, la oposición recrimina que el Ejecutivo proponga medidas “ineficaces e insuficientes” para evitar catástrofes como la de la DANA que la semana pasada arrasó València.
En concreto, el Govern de Marga Prohens (PP) está preparando una amnistía urbanística que legalizará las construcciones ilegales en suelo rústico. Lo hará a través del decreto-ley de simplificación administrativa, cuya votación iba a tener lugar este martes, si bien finalmente ha sido aplazada por falta de consenso en relación con las edificaciones que se hallan en puntos de alto riesgo de desbordamiento.
En este sentido, el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha criticado que el PP esté tratando de corregir un problema “creado por él mismo”, recordando que antes de la entrada en vigor del decreto “no se podía construir en rústico, no se podían hacer legalizaciones, no se podían hacer obras fuera de ordenación, ni se podían cambiar bajos comerciales para viviendas en zonas inundables”.
Ante las protestas del socialista, Prohens le ha inquirido: “¿Qué propuestas tienen para aquellas personas que viven en casas fuera de ordenación en zonas de riesgo y que no pueden arreglar el tejado ni levantar una pared?”, aseverando además que las irregularidades en su construcción ya habrían prescrito. En esta línea, la presidenta balear ha asegurado que reflexionará “lo que haga falta” sobre la legalización de viviendas construidas ilegalmente en zonas inundables, pero apostillando que no permitirá “las mentiras, la demagogia y el uso de los muertos” en la Comunitat Valenciana durante la DANA “para hacer política”.
Prohens ha recordado que, “por encima del decreto ley de simplificación administrativa, ha habido, hay y habrá un plan hidrológico, así como también unos planes territoriales de cada isla que definen muy bien que se puede hacer y que no en cada una de ellas”. Por ello, ha asegurado que no entrará en una batalla que, según ha dicho, considera “un error” y se mantendrá centrada en llevar a cabo “actuaciones de prevención”, porque “el problema grande son las viviendas ya construidas en zonas inundables”. Para solventarlo, Prohens ha insistido en su propuesta, a la que se espera que desde la oposición den respuesta y digan “qué quieren hacer con estas personas”.
Por su parte, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells ha recriminado que la política de desprotección del territorio “tiene consecuencias devastadoras en un contexto de cambio climático” y, por tanto, “no pueden esperar a que haya muertos para rectificar sus medidas de desprotección que se ha demostrado que además desprotegen los bienes y las vidas de los ciudadanos”. Asimismo, El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, por su parte, se ha preguntado “a quién benefician las medidas de reversión” relativas a las viviendas en zonas inundables y las prescripciones de las ilegalidades. “El decreto es un 'bulldozer' y la ley final será napalm para el medio ambiente”, ha abundado.
Prohens ha insistido en que ella está “dispuesta a reflexionar no solo con lo que ha hecho este Govern, sino también con lo que hicieron los anteriores”, a los que ha considerado “corresponsables” del problema de las construcciones en zonas inundables.
La diputada del PSIB Pilar Costa, mientras tanto, ha acusado al Govern del PP de “ser como Puigdemont pero en urbanístico”, en referencia a las legalizaciones en rústico conocidas como 'amnistías urbanísticas', a lo que el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Antoni Costa, ha respondido que si fueran como Puigdemont “el PSIB les votaría a favor a todo”.
La socialista ha criticado que en la presentación en mayo del decreto “no se explicó toda la verdad de lo que implicaba”. Costa, por su parte, ha recordado que el decreto incluye medidas reclamadas por alcaldes socialistas como las legalizaciones o los aparcamientos disuasorios. En todo caso, el conseller ha recordado que el Govern está abierto a actuar “desde el máximo consenso”. La diputada del PSIB ha instado al Govern a incluir en las limitaciones que se puedan introducir hasta la votación definitiva todas las zonas de riesgo, no solo las inundables.
Destinar parte del ITS a la vivienda pública
Por otro lado, el pleno del Parlament ha aprobado este martes una iniciativa del PSIB para reclamar que se destine parte del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) a la construcción de vivienda pública. Ha sido durante el debate de una moción socialista que aunque inicialmente se reclamaba que fuera un porcentaje mínimo del 15%, se ha aceptado una enmienda del PP sin incluir un porcentaje mínimo.
Sobre este asunto, la diputada socialista Carol Marqués ha celebrado que aunque no se fije una cantidad “es un paso”, al tiempo que ha lamentado que no hayan apoyado otros puntos. Para la diputada del PSIB, el PP “no tiene una intención real de llegar a acuerdos”, especialmente en materia de vivienda.
En la defensa de la moción, la diputada socialista ha expresado la necesidad de incentivar que incremente la oferta de vivienda digna para los residentes y utilizar el ITS precisamente para mitigar el impacto del turismo en la problemática del acceso a la vivienda. La diputada ha pedido acelerar la entrega de vivienda protegida, argumentando que el Govern de Marga Prohens “se encontró la maquinaria en marcha”.
Por parte del PP, la diputada Margarida Pocoví ha defendido las políticas puestas en marcha por parte del Govern del PP para mitigar “la falta de políticas de vivienda por parte del Pacte”. Pocoví ha justificado el voto en contra al punto que pedía declarar zonas tensionadas insistiendo en que el Govern “no aplicará políticas intervencionistas”.
La diputada de Vox Idoia Ribas ha afirmado que la problemática del acceso a la vivienda ya no es un asunto marginal y que la vivienda pública “sólo podrá aliviar la problemática”. El problema ha alcanzado dimensiones que requieren una reformulación completa de las políticas. “Para que haya más vivienda hay que liberar suelo”, ha argumentado, reclamando una “verdadera política liberal para solucionar el problema”.
El diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa ha rechazado que se atribuya toda la responsabilidad de la situación de la vivienda al Pacte, cuando la situación que viven otros territorios es “idéntica”. El ecosoberanista ha lamentado que para el actual Govern la receta contra un problema del mercado sea más mercado. “Son de los que creen que la resaca se cura con cerveza”, ha afirmado.
Finalmente, la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha afirmado que en un año y medio el actual Ejecutivo ya hubiera podido lograr alguna solución “si tenían tan claro que podían mejorar la gestión catastrófica de los últimos ocho años”.