El Govern balear del PP se ha reafirmado este martes en su voluntad de eliminar la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, impulsada por ley en 2016, durante el primer mandato del pacto de izquierdas liderado por la socialista Francina Armengol, con el objetivo de prevenir e investigar posibles casos de uso o destino fraudulento de fondos públicos, así como cualquier aprovechamiento ilícito. En su intervención en el Parlament, el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, ha calificado el ente de “Oficina Socialista Antioposición”.
Durante la primera sesión de control al Govern en esta legislatura, el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha incidido en que la Oficina Anticorrupción “es un organismo perfectamente prescindible” dado que, en su opinión, ha actuado “bajo las órdenes del PSIB”. La supresión de este organismo es uno de los puntos compartidos por PP y Vox a lo largo de los últimos años.
“Están peor de lo que pensábamos”, le ha espetado, por su parte, la diputada socialista Pilar Costa, quien le recriminado que están “empezando mal” y que están dirigiendo sus políticas a “eliminar todo lo que puede suponer un control”. En contraposición, el conseller ha criticado el coste de la Oficina y se ha preguntado “por qué pagar 1,5 millones de euros por algo que hacen otros entes mucho mejor”. Asimismo, ha cuestionado el hecho de que, a su juicio, la Oficina no detectara irregularidades del grupo socialista, y ha recordado la detención, el pasado mes de junio, del entonces alcalde de Sant Josep (Eivissa), Ángel Luis Guerrero.
Tanto PP como Vox, socios de investidura en las islas, al igual que otros partidos como Ciudadanos y El PI, se han mostrado severamente críticos con la existencia de la Oficina Anticorrupción al considerar que su actividad comporta una duplicidad de gastos y funciones. En concreto, el presupuesto de la Oficina para el ejercicio presupuestario de 2022 ascendió a 1.302.918 euros y para 2023, a 1.497.590.
Entre otras medidas, la Oficina elaboró en 2020 un informe de investigación sobre la gestión de las compras efectuadas por el Servei Balear de Salut (Ib-Salut) para dar respuesta a la crisis sanitaria de la COVID-19. Mediante el documento, el organismo concluyó que las compras se habían efectuado correctamente y que no se habían detectado usos irregulares de los fondos en la gestión de las mismas que supusieran fraude o supuestos de corrupción.
Del mismo modo, la Oficina abrió un expediente para determinar si se produjeron irregularidades en la vacunación contra el coronavirus por parte de altos cargos del Govern, Consells Insulars y ayuntamientos al saltarse el orden establecido por el Ministerio de Sanidad. Inicialmente, la lista de personas objeto de investigación ascendía a unas 1.600, entre ellas la presidenta del Govern, consellers, directores generales, personal eventual, diputados del Parlament, cargos electos y altos cargos de ayuntamientos de distintos consistorios municipales.
“No hay ningún alto cargo político que se haya vacunado en Balears por ser cargo político, eso es así y lo diré muchas veces, todas las necesarias”, llegó a manifestar al respecto Armengol.
Por otro lado, elevó al Parlament una propuesta de modificación del reglamento de la Cámara con el objetivo de regular los obsequios a diputados y posibles conflictos de intereses, incluyendo las conocidas como 'puertas giratorias', además de dotarlo de un código de conducta de carácter vinculante. Tras analizar el reglamento vigente, Anticorrupción concluyó que su articulado contiene “escasas normas sobre los deberes de los diputados en materia de ética pública, transparencia e integridad”, poniendo de manifiesto que el cumplimiento de las pautas y principios éticos “fortalece la confianza de la ciudadanía en las instituciones”. La propuesta de la Oficina planteaba así regular donaciones y regalos, ofertas de hospitalidad y distinciones a los diputados, inclinándose por la prohibición.