El PP rechaza condenar que un consejero de Vox en Mallorca llamase “cruzada de liberación” al golpe franquista de 1936

La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, ha rechazado condenar que, durante el pleno celebrado la semana pasada en la institución insular, el conseller de Vox David Gil se refiriese al golpe franquista de 1936 como “la última cruzada de liberación”. La dirigente popular ha asegurado que su grupo no comparte la expresión empleada por Gil, pero “comprende” que el partido de extrema derecha, socio de los conservadores en el Consell, “defienda lo suyo”.

Cabe recordar que los hechos, acaecidos el pasado viernes, han llevado a la asociación Memòria de Mallorca y a Podemos a denunciar el caso ante el Govern balear por infringir la Ley de memoria democrática al hacer apología del franquismo mientras se debatía una iniciativa sobre la señalización de carreteras construidas por presos republicanos. 

En este sentido, Riera ha considerado que las manifestaciones de Gil “no fueron afortunadas”. Sin embargo, al inquirirle si condena aquellas palabras, la portavoz popular ha eludido hacerlo y se ha limitado a reiterar que no las comparte. La consellera del PP ha aseverado que desde su partido “siempre” han mostrado respeto por las víctimas y los pasos que se han dado “hacia la concordia de todos los españoles”.

Asimismo, ha incidido en que PP y Vox, pese a gobernar juntos en el Consell de Mallorca, son dos partidos “distintos” que concurrieron a las elecciones por “separado”. Al respecto, ha remarcado que cada uno llevaba su programa pero para llegar al pacto de gobierno “se hicieron una serie de renuncias por el interés general” y para “mejorar la vida de la gente”.

“Vox tiene su programa político y defiende sus postulados políticos y el PP defiende sus postulados, que considera más coherentes y centrados”, ha concluido.

Por su parte, Memòria de Mallorca expresó el viernes su indignación por el hecho de que el presidente del Consell de Mallorca (PP), Llorenç Galmés, no llamara la atención a Gil ante unos hechos que “vulneran claramente” las leyes de memoria democrática. Por ello, trasladó un escrito a la Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas para que actúe en consecuencia y aplique las sanciones pertinentes. La normativa -que prevén derogar conservadores y extrema derecha- contempla multas de entre 2.001 y 10.000 euros para las infracciones graves, como califica la asociación el comportamiento de Gil.

La derogación de la Ley de memoria democrática de Balears, en cuya negociación y articulado participó el PP antes de ser aprobada con el apoyo de todos los grupos parlamentarios en abril de 2018, figura en el acuerdo alcanzado en las islas entre conservadores y Vox a principios de legislatura por el que los de Santiago Abascal se comprometían a facilitar la investidura de la popular Marga Prohens como presidenta del Govern, como así acabó sucediendo.

A cambio de este pacto, la extrema derecha se hizo con varios cargos en los Consells Insulars de Mallorca y Menorca, además del cumplimento de 110 medidas programáticas con las que los populares asumen gran parte del ideario político de los ultraderechistas como peaje para gobernar las islas en solitario. Entre ellas, ambos partidos se comprometen a combatir “cualquier intento de quienes tratan de utilizarla [la memoria] para dividir a los españoles”, en lo que podría ser interpretado como un ataque hacia la memoria histórica, malentendida por Vox como un intento de “dividir a los españoles” en vez de como una herramienta para reparar las heridas provocadas por el golpe fascista de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista.

PP y Vox se muestran así dispuestos a tumbar la normativa bajo el alegato de que “se buscará siempre la reconciliación, evitando la manipulación histórica y el uso partidista de las víctimas y del drama del enfrentamiento civil”. Sí se comprometen a realizar políticas para facilitar la recuperación, en general, de “personas fallecidas, sin discriminaciones por motivos ideológicos o religiosos”, y a evitar la destrucción de monumentos y elementos históricos, procurando su correcto mantenimiento y su conocimiento dentro del contexto histórico.