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El PP ha confirmado este lunes que votará a favor de la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Balears, según ha revelado la portavoz adjunta del grupo parlamentario, Marga Durán, en una rueda de prensa. Este era uno de los puntos que estaban en el aire tras la ruptura, por parte de Santiago Abascal, del acuerdo que PP y Vox firmaron en las Islas.
Durán, que dice que Vox rompió el pacto de gobernabilidad de forma “unilateral”, ha explicado que la preocupación que tenía su partido si se derogaba la normativa balear “era que quedase alguna cosa pendiente que no estuviera recogida en la ley de fosas -otra norma de ámbito autonómico- o en la ley de memoria estatal”. Pero, tras ver que la normativa nacional recoge esas cuestiones, consideran que no es necesario presentar ninguna enmienda al respecto.
Hace solo tres días, el portavoz del Govern, Antoni Costa (PP), señalaba que su partido negociaría “cuando llegue el momento” la derogación de la Ley de Memoria Democrática. El propio Costa reconocía que el programa de gobierno del PP no incluía la eliminación de esta norma y que actualmente los conservadores no mantienen el compromiso que tenían antes de la ruptura del pacto con Vox.
La Cámara autonómica tomó en consideración en junio la proposición impulsada por Vox para derogar, con el apoyo del PP, la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos, aprobada durante la primera legislatura de la socialista Francina Armengol. El pleno se desarrolló con gran tensión política después de que Gabriel Le Senne (Vox), presidente del Parlament, destrozara un retrato de Aurora Picornell, símbolo de la lucha antifascista y fusilada por los golpistas.
Una iniciativa de Vox
Fue Vox quien registró hace unos meses en el Parlament balear su Proposición dirigida a derogar la Ley de memoria y reconocimiento democráticos de Balears, más conocida como Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2018. La supresión de esta normativa figuraba en el acuerdo de legislatura (ya roto) alcanzado entre PP y extrema derecha, por el que los de Santiago Abascal se comprometían a abstenerse en la investidura de la popular Marga Prohens como presidenta del Govern, como así acabó ocurriendo.
En Balears, entre los alegatos que el partido ultra exponía en el documento presentado en la Cámara, recriminaba que la Ley “atenta contra la igualdad de todos los españoles”, dado que, a su juicio, “vulnera el artículo 14 [de la Constitución] que sirve de llave para los derechos fundamentales”. “Esta ley procede a discriminar y apartar a una parte del pueblo español por su opinión, sus circunstancias personales, sociales o históricas, como por ejemplo el bando en el que lucharon”, comentaba Vox.
En opinión del partido ultra, esta circunstancia “promueve el rencor y evita el reconocimiento a todos aquellos que, en algún momento de la historia y por diversas causas, derramaron su sangre por España sin importar el bando en el que estuvieran”. En su texto, la formación volvió a malinterpretar la memoria histórica como un intento de “dividir a los españoles”, en lugar de valorarla como una herramienta dirigida a reparar las heridas provocadas por el golpe fascista de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Los de Abascal sostenían que la normativa supone una “clara vulneración” del derecho a la libertad ideológica y de pensamiento reconocida en el artículo 16 de la Carta Magna, ya que “no permite más que un relato oficial, persiguiendo el derecho a disentir”. “Las convicciones de los individuos no pueden fijarse normativamente ni impedirse su manifestación pública”, añadían al hilo de lo anterior, incidiendo en que “las leyes que se hacen para reescribir la historia al gusto de una parte nunca han sido un estímulo para la paz, la democracia ni los derechos fundamentales”.
En la exposición de motivos de la proposición de ley, la formación de extrema derecha sostenía, además, que esta normativa “no persigue los valores de libertad, respeto y tolerancia que impulsaron la Transición, al decretar la intromisión del estado en la esfera de la conciencia de los españoles, moldear su memoria individual, impedir la libertad de opinión, limitar la libertad de cátedra y penalizar el trabajo de los historiadores si este no se ajusta a la interpretación sectaria e interesada de los acontecimientos históricos que hacen ciertos partidos políticos”.
El texto, por otra parte, situaba el inicio de las “convulsiones” que desembocaron en el estallido de la Guerra Civil en la proclamación de la Segunda República en 1931. Estas “convulsiones”, apuntaban, “ya hacían presagiar el clima de inestabilidad social, crisis institucional y exclusión del adversario que caracterizaría a sus distintos gobiernos”. Vox enmarcó “lo sucedido en España entre 1931 y 1945” en un contexto generalizado a nivel europeo y “movido por pasiones ideológicas, la brutalización de la política y la deshumanización del otro”.
Además, añadió que entre 1931 y 1936 “la conversación pública saltó por los aires”. “La capacidad coercitiva del Estado se desmoronó, las reglas de juego fueron quebrantadas y en las calles se vivió una incesante espiral de violencia que terminó por envenenar la convivencia y por volar los puentes que aún unían a muchos españoles”, opinaban.
La importancia de esta ley
La Ley de Memoria Democrática balear ha permitido a las instituciones públicas investigar y esclarecer los hechos relacionados con las violaciones de los derechos durante la Guerra Civil y la dictadura, así como delimitar la consideración de víctimas -organizaciones sociales, profesionales o culturales, partidos políticos, sindicatos, logias masónicas, movimientos feministas o LGTBI, víctimas de bombardeos, bebés robados, etc.- con el objetivo de identificarlas a través de un Censo de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista. Bajo el amparo de esta normativa también se ha declarado la nulidad de pleno derecho de todas las sentencias y resoluciones de las causas penales, civiles y administrativas dictadas por razones políticas en las islas.
Asimismo, en una iniciativa pionera a nivel estatal, se han podido recuperar más de 800 objetos (elementos conservados de la vestimenta: botones, hebillas, cremalleras, restos de calzado, también objetos de aseo) pertenecientes a las víctimas, principalmente procedentes de las fosas de cementerio de Son Coletes, en Manacor, y del cementerio de Porreres, y restaurarlos para devolverlos a sus familias. Algunos de los familiares optaron por ceder los objetos a las Secciones Museísticas de la Memoria Democrática creadas al amparo de esta norma.
En esta línea, la Ley ha dado cobijo a la puesta en marcha una Oficina de Atención Directa para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y sus familiares. También es una iniciativa pionera en España. Del mismo modo, se ha creado una nueva figura de protección en Balears: los Espacios e itinerarios de la Memoria y Reconocimiento Democráticos. También ha permitido declarar el 29 de octubre como fecha simbólica de recuerdo y reivindicación de los valores democráticos y la lucha por la libertad, así como confeccionar un censo de símbolos, leyendas y menciones franquistas que han tenido que ser retirados por las instituciones públicas.