PP y Vox resucitan el 'ladrillazo' en Balears: 20.000 viviendas en Palma y suelo rústico recalificable en 13 municipios

Con la promesa de aliviar la crisis habitacional, PP y Vox han dado este martes un paso más en su cruzada contra la sostenibilidad de un territorio sometido a un enorme estrés hídrico y medioambiental. El Parlament balear ha aprobado con sus votos el decreto-ley que permitirá liberalizar suelo y construir 20.000 viviendas en Palma. Sin embargo, la nueva normativa no se limitará a la capital balear, como inicialmente había previsto el Govern de la popular Marga Prohens, sino que se extenderá a los 24 municipios del archipiélago que cuentan con más de 10.000 habitantes –en 13 de ellos, con más de 20.000 residentes, se podrá recalificar además suelo rústico para llevar a cabo más edificaciones–, una exigencia que había impuesto la formación de extrema derecha a cambio de prestar su apoyo.

La aprobación de este decreto ha desatado una severa pugna entre Ejecutivo, las formaciones de izquierdas y las entidades sociales y ecologistas, que consideran la iniciativa como “el mayor pelotazo urbanístico de los últimos 50 años”. Mientras PP y Vox defienden que la norma agilizará la construcción de viviendas y facilitará el acceso a una propiedad en una Comunidad seriamente afectada por la especulación y la avidez de fondos buitre y grandes grupos inversores, oposición y colectivos alertan del sesgo ideológico de la iniciativa, que pone el foco, denuncian, en la liberalización del suelo y en la reducción de controles públicos mientras deja de lado la urgencia de garantizar el acceso a una vivienda digna para la población residente.

En este sentido, recriminan que el decreto refuerza la visión mercantilista del derecho a la vivienda, en la que el mercado es el actor principal y el papel de la Administración queda reducido a facilitar el negocio inmobiliario. Los promotores de Balears han celebrado la aprobación de la medida so pretexto de “representar un avance significativo en el camino hacia soluciones concretas para la actual emergencia habitacional”. Estas son las claves del 'decreto-ley de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos':

Incremento de densidades

El decreto establece un aumento del coeficiente de edificabilidad global del 45%, del que al menos un 5% deberá destinarse a uso comercial, lo que supone un importante incremento de plazas en cada solar urbano o urbanizable, para las cuales debe realizarse un desarrollo urbanístico, cálculos acerca de cuánta agua habrá que suministrar, estudiar la movilidad de cada zona, poner en marcha infraestructuras públicas –colegios, guarderías, centros de día...–, proyectos que ya se tenían en cuenta, para las actuales densidades, en el actual plan general de ordenación urbana de Palma, aprobado en 2023 tras años de trabajo, alegaciones, reuniones con vecinos y conversaciones con técnicos y arquitectos. La oposición recrimina, en este sentido, que, con este aumento de edificabilidad, los promotores obtendrán un 45% más de rentabilidad de la que ya tenían.  

El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, arguye que el nuevo decreto toma como base la conocida como 'ley Carbonero', aprobada en 2008 por el segundo Pacte de Progrés de Baleares. “El problema del suelo y la vivienda ya existía entonces y no ha dejado de crecer. Los precios iban al alza y se han disparado en los últimos años, siendo el de la vivienda un foco de malestar social ante el que no cabe otra cosa que reforzar nuestro compromiso: más vivienda asequible”, subrayaba este martes durante el debate de la iniciativa.

Áreas de transición

Uno de los puntos más controvertidos del decreto, tras el acuerdo entre PP y Vox, es la posibilidad de que las llamadas “áreas de transición”, actualmente consideradas como suelo rústico, puedan recalificarse como suelo urbanizable para permitir la construcción de nuevas viviendas. Esta decisión quedará en manos de los ayuntamientos, siempre que estos cuenten con más de 20.000 habitantes y se apruebe mediante votación en pleno municipal. En el caso de Mallorca, son siete los municipios que, de acuerdo al INE, superan esa cifra: Palma (431.521), Calvià (53.491), Manacor (46.395), Marratxí (39.440), Llucmajor (39.040), Inca (34.577) y Alcúdia (22.075). En Eivissa son la propia capital (53.717 habitantes), Santa Eulària des Riu (41.228), Sant Josep de sa Talaia (29.506) y Sant Antoni de Portmany (27.341), y en Menorca, Ciutadella (31.443) y Maó (29.902).

El decreto establece que el 50% de las edificaciones que se construyan en las áreas de transición deberán ser destinadas a viviendas de precio limitado (VPL), una nueva figura introducida por el PP en esta legislatura cuyo precio máximo se ve incrementado en hasta un 30% sobre las Viviendas de Protección Oficial (VPO). Con todo, la nueva normativa no detalla cuáles serán esos límites ni qué mecanismos garantizarán que no se inflen artificialmente los precios o que las nuevas viviendas acaben fuera del alcance de las familias trabajadoras. El decreto fija, además, que deberá cederse al ayuntamiento un 15% del aprovechamiento para construir viviendas de protección pública. Para acceder a las futuras viviendas de protección se requerirá al menos cinco años de residencia en el municipio en el que se ubique -de momento, en Palma-, y, de todas ellas, el 30% estarán reservadas a menores de 35 años.

Consumo de territorio

Oposición y ecologistas advierten del impacto que estas reclasificaciones tendrán sobre el entorno rural y natural de Balears. La posibilidad de transformar suelo rústico en urbanizable supone una amenaza directa a los límites actuales de crecimiento urbanístico, alimentando la expansión de ciudades y pueblos en detrimento de espacios agrícolas o de valor ecológico. Una medida, a juicio de las formaciones de izquierdas, que podría incentivar la especulación así como el aumento de presión sobre recursos como el agua, el suelo y la movilidad, ya afectados por el imparable crecimiento poblacional con serias repercusiones, entre otras, en materia sanitaria, educativa y de vivienda. El impacto del desarrollo turístico y la actividad humana en las islas, constantemente amenazadas por el ladrillo y el asfalto, ha causado un acelerado proceso de degradación que prevé agravarse en los próximos años fruto del impacto del cambio climático.

En este sentido, para los colectivos ciudadanos y los movimientos ecologistas, este enfoque contradice los objetivos de sostenibilidad y de protección territorial defendidos en anteriores legislaturas, e incluso sobrepasa, según señalan fuentes de la oposición a elDiario.es, cualquiera de las pretensiones urbanísticas de anteriores gobiernos del PP.

El papel crucial del agua

La red de embalses de Balears es limitada y las reservas subterráneas llevan años mostrando signos de agotamiento y salinización. El modelo de crecimiento que plantea este decreto no solo amenaza con extender el asfalto por zonas rurales, sino que aumentará el consumo de agua en lugares donde ya es insostenible. Cada casa nueva en suelo rústico implica la construcción de pozos, cisternas y más presión sobre los acuíferos. Un estudio de Terraferida reveló, además, cómo desde 2015 hasta 2021 se habían construido un total de 5.271 piscinas en Mallorca, es decir, una media de 880 piscinas cada año –unas 17 piscinas cada semana–. En 2022, la isla contaba con 48.968 piscinas –las 5.271 de nueva construcción que denunció la entidad ecologista y las 43.697 que ya existían antes de 2015–. 

Menos garantías y control público

El decreto reduce trámites de control previos por parte de los ayuntamientos y los Consells Insulars, lo que podría derivar, a juicio de los partidos de la oposición y los ecologistas, en un incremento de las irregularidades urbanísticas y en un debilitamiento de la planificación a largo plazo. Los socialistas entienden que se trata de “una vuelta de golpe a la Mallorca de los maletines” encarnada en el 'caso Andratx', que, en plena vorágine inmobiliaria, principalmente en la zona costera de Mallorca, supuso el primer gran golpe contra la corrupción en Balears. Si las primeras investigaciones parecían limitarse a escasas licencias concedidas de forma irregular, la causa acabaría erigiéndose en el paradigma de la corrupción urbanística en las islas. El procedimiento judicial llegó a desgajarse en 79 piezas separadas y a sumar más de 140 imputados entre ex altos cargos del PP, promotores, arquitectos y funcionarios.

Falta de medidas sociales

Las organizaciones sociales critican que el Govern balear no plantee medidas ambiciosas para regular, entre otros, los precios del alquiler en un contexto en el que gran parte de la población balear destina más del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda y a pesar de que más de 105.000 viviendas se encuentran vacías en las islas. Una cifra que en 2021 suponía un 23,9% más de las que había una década antes. Los colectivos también denuncian que el texto no contemple frenar la presión de la vivienda turística ni ponga coto a la compra de segundas residencias por parte de extranjeros con elevado poder adquisitivo, garantizando por ley un parque de vivienda para los residentes dada la escasez de territorio y frenando con ello el incremento desbocado de los precios.

Balears es, además, la séptima Comunidad Autónoma que cuenta con un mayor número de viviendas en manos de grandes tenedores, es decir, de aquellos que poseen más de una decena de inmuebles: en total, 26.061 viviendas, una cifra que supone el 4,53% del parque total del archipiélago, compuesto por 574.813 inmuebles. Los datos arrojan, además, que 6.672 viviendas en las islas pertenecen a tenedores que poseen más de cien inmuebles (un 1,16% del total), de acuerdo a la investigación llevada a cabo por elDiario.es con datos inéditos del Catastro a los que tuvo acceso este medio a través de una solicitud pública al Ministerio de Hacienda amparada en la ley de transparencia.

Una estrategia a corto plazo para un problema estructural

El decreto establece una reducción de plazos para los proyectos residenciales a entre 18 y 24 meses. Sin embargo, la oposición critica que estos tiempos mínimos podrían impedir que muchos de ellos no lleguen a ejecutarse en esta legislatura y que, en caso de no lograr la recalificación en el futuro, los afectados reclamen cuantiosas indemnizaciones, como en el caso del magnate Matthias Kühn y los más de 96 millones de euros que el Govern le ha abonado por unos terrenos urbanos de su propiedad que fueron recalificados como suelo rústico protegido por el primer Ejecutivo de Francina Armengol.