El Govern balear del PP se ha visto envuelto en una crisis esta semana después de que se haya hecho público que la mano derecha de la presidenta, Antoni Costa, fichó a un amigo suyo como gerente de una empresa pública a sabiendas de que estaba siendo investigado por haber besado y lamido la cara a una desconocida en un restaurante de Palma, así como de haber agredido con un puñetazo a uno de los policías que lo detuvo en el momento en que, según la versión policial, intentó huir. Este sábado se dio a conocer que la Fiscalía reclama hasta tres años de cárcel para Juan Antonio Serra Ferrer, hasta ahora gerente de la Entidad Pública Empresarial de Telecomunicaciones e Innovación (Ibetec).
La noticia, que estalló en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ha golpeado de lleno a Antoni Costa (PP), conseller de Hacienda, Economía e Innovación, vicepresidente del Govern y mano derecha de la presidenta Marga Prohens. El Ejecutivo conservador destituyó a Serrer Ferrer, que fue nombrado en el cargo el pasado mes de agosto, en cuanto trascendió la petición de cárcel del Ministerio Público. Sin embargo, Costa se ha visto cuestionado porque era conocedor de que Serra Ferrer estaba siendo investigado por una agresión sexual y por haber presuntamente pegado a un policía. De hecho, fue destituido en el marco de esta acusación por la Universitat de les Illes Balears (UIB) en mayo de 2022.
“Me equivoqué con el nombramiento”
La Conselleria de Hacienda, Economía e Innovación, que dirige el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, emitió un comunicado anunciando el “cese inmediato” de Serra Ferrer “al tener conocimiento de las acusaciones formuladas contra su persona y la apertura de juicio oral”. El lunes, dos días después, Costa reconoció el error: “Efectivamente, me equivoqué con el nombramiento”.
“Leí lo que salió en los diarios ya hace tiempo y conocía la decisión que había tomado la UIB, pero Serra Ferrer, a quien conozco desde hace años, me negó rotundamente los hechos que salieron en prensa y me trasladó su convencimiento de que la causa se archivaría y ni siquiera llegaría a juicio”, afirmó el vicepresidente. “Confié en él, creí en su palabra, y por eso lo nombré, respetando la presunción de inocencia que considero que había que respetar”, señaló Costa.
La posición del conseller de Economía, Hacienda e Innovación, así como sus argumentos, fueron duramente criticados por la oposición y diferentes asociaciones feministas, que han reclamado su dimisión. Sin embargo, en el comunicado que hizo público el Govern, los conservadores manifestaron su “absoluto rechazo a todas las formas de violencia contra las mujeres” y, además, quisieron mostrar su “compromiso de poner todos los recursos y medidas en la protección de las mujeres y en la lucha contra esta lacra social”.
Costa dice que Prohens desconocía los hechos
Pese a que la situación de Serra Ferrer era delicada después de su detención por parte de la Policía Nacional, y la posterior destitución de su puesto de trabajo en la UIB, según Costa no informó de los hechos a Marga Prohens, presidenta del Govern, cuando propuso su nombramiento. El vicepresidente afirma que él era “el único que conocía la situación” y que no informó a Prohens porque no creería que la situación tuviera “la trascendencia que ha tenido”. Es decir, minimizó la importancia que tenía fichar como alto cargo de una empresa pública a un hombre investigado por agresión sexual y por pegar a un policía.
El vicepresidente defiende que en cuanto conoció los escritos de acusación contra Serra Ferrer, “especialmente el de la Fiscalía”, así como la apertura de juicio oral, vio que se había “equivocado”. Por este motivo, en cuestión de horas, decidió “su destitución inmediata”. “Me sabe mal que se dé un mensaje equivocado sobre el absoluto compromiso del Govern en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y contra todas las formas de violencia”, aseveró Costa, y añadió que por este motivo el Ejecutivo autonómico (que funciona gracias a un pacto de los populares con Vox) actuó “con la máxima contundencia”.
El vicepresidente balear no dimite
“Señor Costa: no haga esto. Por dignidad, ‘no haga un Rubiales’, dimita”, reclamó Sílvia Cano, diputada del PSOE, en una intervención en el pleno del Parlament este martes. “Las disculpas son necesarias, pero hay un paso más que tiene que dar por dignidad: dimitir”, insistió la diputada socialista. “Usted intenta parar el golpe para no salpicar a la presidenta Prohens, pero entre la víctima y el agresor, escogió al agresor porque era su amigo. Así es como, desgraciadamente, funcionan (...) las praxis legitimadoras de la cultura de la violación y de las violencias machistas: restando importancia y minimizando la violencia hacia las mujeres”, reprobó, con dureza, Cano. “Lo que clama el movimiento feminista y el 25N es ‘se acabó’ porque se ha acabado la impunidad”, insistió la socialista.
“No aceptaré lecciones de feminismo”, aseguró, en cambio, Prohens. La presidenta del Ejecutivo balear, a la cual se la veía molesta durante el pleno de este martes, argumentó que ella ya había dicho que “este Govern se equivocaría porque todo el mundo puede equivocarse”. Prohens respondió al PSOE que si pasaba “harían lo contrario a lo que hicieron” ellos: “reconocerlo con humildad, pedir perdón y rectificar”. “Esto es lo que ha hecho el vicepresidente [Costa] cuando se ha cometido un error: pedir perdón por su error y a la víctima”, insistió Prohens, y añadió que es un “perdón al que se suma” ella misma.
Para Prohens el problema viene dado por la imputación de la Fiscalía y la apertura de juicio oral, no por la actuación policial en sí misma, que supuso también la reacción de la UIB cesando a Serra Ferrer de su cargo, ya en mayo de 2022. El Govern no ha esperado al archivo de la causa –en la que creía el acusado, Serra Ferre, según Costar–, sino que optó por premiar al exgerente de la Ibetec con un cargo público. “Ha cesado [Costa] a ese cargo de manera inmediata a la apertura de juicio oral. Lo que pasa es que ustedes [el PSOE] no están acostumbrados a que un hombre reconozca un error, pida disculpas y se muestre dolido. Solo quieren hacer sangre porque para ustedes todo vale”, defendió Prohens.
Además del PSOE, Podemos y Més per Mallorca también pidieron la dimisión de Costa. Con todo, el vicepresidente considera que no debe dimitir por haber nombrado al ya ex alto cargo. “No considero que deba dimitir ni voy a dimitir”, espetó a preguntas de los medios, incidiendo en que esta posibilidad “no ha estado en ningún momento sobre la mesa”. El número dos del Govern sí se mostró “a disposición de lo que estime conveniente hacer la presidenta”. Asimismo, interpelado sobre si cree que esto ha perjudicado a su credibilidad, aseveró que “la credibilidad de un político no la define él mismo, sino terceras personas” y que tiene “la firme intención de seguir trabajando por los ciudadanos de Balears”. Costa no especificó si, cuando comunicó a Prohens la decisión de destituir a Serra, ella le expresó o no su apoyo. “Las conversaciones personales con la presidenta son privadas”, añadió.
De qué se le acusa
La Fiscalía reclama tres años de cárcel para Serra Ferrer: dos por la acusación de agresión sexual y otro más por haber propinado, supuestamente, un puñetazo a un agente de la Policía Nacional. El Ministerio Público sostiene que el acusado se acercó a la víctima en un restaurante de Palma, quien se encontraba sentada en un taburete, con una “evidente intención libidinosa”, le agarró fuertemente de la cabeza, presionando la misma a la altura de las orejas y sienes entre sus manos, atrayéndola hacia él para intentar besarla, y, ante la resistencia de la joven, procedió a lamerle con la lengua todo su rostro, pasándola desde una oreja a la otra, por toda la cara y por la boca.
Dos agentes de la Policía Nacional se personaron en el lugar y en el momento en que iban a proceder a la detención del acusado, éste emprendió la huida, siendo perseguido por uno de los efectivos. La Fiscalía relata que, con intención de menoscabar el principio de autoridad y causar un quebranto físico, Serra Ferrer se giró y, sin mediar palabra, propinó un fuerte puñetazo en la parte derecha de la mandíbula al agente, iniciándose un forcejeo en el que el inculpado le lesionó el hombro. Como consecuencia de ello, el policía sufrió contusiones de diversa consideración. El funcionario policial reclama, por su parte, cinco años de cárcel por un delito de atentado a agentes de la autoridad en concurso con otro de lesiones. La jueza instructora ha dictado la apertura de juicio oral mediante un auto en el que impone al investigado una fianza de 3.857 euros.