El PSIB-PSOE ha defendido la actuación del anterior Govern balear, presidido entonces por la socialista Francina Armengol, en el marco de los procesos de adquisición de mascarillas en plena pandemia de la COVID, aseverando que la tramitación del expediente de compra siguió los cauces previstos y se hizo correctamente, según informó la Intervención de la Comunidad Autónoma en agosto de 2022. “No hay irregularidades en el proceso y el PP lo sabe porque ha sido fiscalizado. Lo saben, mienten y calumnian”, ha aseverado el portavoz de la formación en el Parlament balear, Iago Negueruela.
Cabe recordar que, en 2020, el Ejecutivo adquirió mascarillas por un valor de 3.701.500 euros a la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, investigada por presunta corrupción en la adquisición, por parte de la Administración central, de Balears y de Canarias, de material de protección sanitaria en los peores meses de la pandemia. Se trata de un precio muy superior al tipo de cubrebocas que finalmente llegaron a las islas. Por este motivo, en julio de 2023, y con la legislatura prácticamente finalizada, el Servicio Balear de Salud (IB-Salut) exigió la devolución de 2,6 millones de euros que se habían pagado de más, tal como consta en la documentación del expediente, consultada por elDiario.es.
Negueruela ha asegurado que la reclamación del dinero de las mascarillas fraudulentas se firmó el 20 de marzo de 2023, aunque el expediente para esta petición había arrancado “muchos meses antes”. En rueda de prensa, el portavoz socialista ha argumentado que, a pesar de conocer el sobrecoste, el Ejecutivo retuvo el material porque el estado de pandemia seguía vigente y la Organización Mundial de la Salud (OMS) instaba a conservar todo el material que fuera necesario.
En este contexto, Negueruela ha acusado al PP de mentir al asegurar que la reclamación se hizo coincidir con el cambio de gobierno, subrayando que los populares tenían toda la información porque subdirector encargado de las compras continúa en el mismo puesto. Además, ha asegurado que en el traspaso de funciones entre los responsables del Servicio de Salud se facilitó toda la información sobre este expediente. “Lo sabían. No dicen que ya se les dijo”, ha aseverado.
“Las víctimas han sido el anterior Govern y el actual y si se investiga a una persona exigimos que se actúe con la máxima contundencia”, ha indicado. En esta línea, Negueruela ha efectuado una férrea defensa de la gestión que el Pacte hizo de la pandemia. “Fuimos los que más vidas salvamos y podemos mirar a los ojos a cualquiera y decir que hicimos las cosas bien”, ha subrayado.
El socialista ha admitido que fue la empresa la que contactó con el anterior Govern informando de la disponibilidad de adquirir mascarillas en China, aunque no ha aclarado si el Ejecutivo liderado por Armengol habló directamente con Koldo García. “Hablábamos con todos los ministros, con todos los secretarios de Estado, con todos los asesores, con todas las personas de todos los ministerios”, ha afirmado.
“Estábamos desesperados”
El que fuera portavoz del anterior Govern progresista se ha referido a la complejidad de los procesos que tuvieron que impulsarse para la compra de mascarillas y equipos de protección. “Estábamos desesperados”, ha admitido. Según el relato hecho por el propio Negueruela, tras la declaración del estado de alarma y la aprobación del decreto de medidas excepcionales, arrancaron las tramitaciones y las contrataciones de emergencia que se hicieron “con China o con cualquier país que pudiera suministrar material, de todas las formas posibles y hablando con todo el mundo”.
Todos los miembros del Ejecutivo, ha explicado, exploraban la manera de conseguir mascarillas. Negueruela ha señalado que solo entre marzo y junio de 2020 se compraron 430 toneladas de material de protección por valor de 40 millones de euros y que entre estos contratos se encuentra el expediente que está siendo investigado. “Hay que poner en contexto las cantidades”, ha reclamado.
Así, ha señalado que en abril de 2020 se dio la orden de compra de las mascarillas a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas siguiendo el procedimiento habitual en aquel momento, que era hacer la compra en base a las especificaciones técnicas y comprobar el producto a su recepción.
Tras la recepción del material y su remisión al Ministerio de Trabajo en mayo por parte del que todavía es subdirector de Compras del Ib-Salut, se concluyó el 8 de junio que no eran mascarillas FFP2, como así se había acordado, aunque sí que se podían seguir utilizando como quirúrgicas. Negueruela ha recordado en este punto que la OMS instaba a acumular todo el material posible y que las quirúrgicas, que acabó utilizando la mayoría de la población también eran necesarias.
“Nos decía la OMS, nos decían los sanitarios y nos decían los expertos que todo el material que tuviésemos, lo retuviésemos porque no se sabía ni cuánto tiempo podía durar la pandemia ni el material que íbamos a necesitar”, ha anotado. Sin embargo, la diferencia del coste, determinada por los técnicos del Ejecutivo, alcanzaba los 2,68 millones de euros.
La compra siguió los cauces previstos
Negueruela ha insistido en que el proceso de compra siguió los cauces previstos. Fue al vislumbrar el final de la pandemia cuando el IB-Salut inició el proceso para reclamar la diferencia del coste de las mascarillas y pidió el dinero abonado por algo diferente a lo comprado. Negueruela ha incidido así que la reclamación no se hizo con el Govern estando en funciones ni haciéndola coincidir con el relevo en el Consolat, como sostiene el PP. “Esta es la mentira más grande”, ha reafirmado.
Así, el documento a través del cual el director general del Ib-Salut reclamaba por escrito la devolución del dinero está firmado el 20 de marzo de 2023 y consta en el expediente. Además, Negueruela ha reivindicado que la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción estudió las compras y determinó que no se habían producido irregularidades.
Respecto a los registros que la Guardia Civil realizó en la Conselleria de Salud en julio de 2022 en relación a la compra, Negueruela ha explicado que se facilitó a los agentes del Instituto Armado toda la información requerida, pero que aquello no detonó la reclamación porque el material se seguía necesitando. El portavoz socialista ha pedido al Ejecutivo de Marga Prohens que siga reclamando el sobrecoste “hasta el final” y ha aprovechado para alabar el “trabajo encomiable” de la exconsellera de Salud Patricia Gómez.
El IB-Salut auditará la adquisión de las mascarillas
Por su parte, el IB-Salut ha anunciado este jueves que auditará la compra de mascarillas FFP2 efectuada durante la pasada legislatura con el objetivo de investigar esta contratación de emergencia. Respecto a las fechas, el departamento dirigido por Manuela García señala que el 4 de mayo de 2020 se adquirieron les máscaras de protección facial FFP2 KN95.
La Conselleria explica que, posteriormente, el 25 de mayo el IB-Salut solicitó al Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) el análisis de las mascarillas que suministró la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. El 8 de junio se recibió el resultado de este análisis, que determinaba que los cubrebocas no cumplían los requisitos de una mascarilla tipo FFP2 y, en consecuencia, el Servicio de Salud decidió retirar estas mascarillas de la distribución y almacenarlas como stock de seguridad.
En julio de 2022, la Guardia Civil solicitaba al IB-Salut una copia del expediente tras haber detectado posibles estafas en otras Comunidades Autónomas. Como señala el Govern, el 6 de julio de 2023 el organismo sanitario emitía un informe de propuesta de resolución parcial del contrato de emergencia por defectos en la calidad del producto tras detectar un sobrecoste de 2,076 euros por unidad en el precio abonado a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas.
El Ejecutivo indica que, en estos momentos, el Servicio de Salud ha resuelto el contrato de emergencia de suministro de mascarillas FFP2 por incumplimiento y ha iniciado los trámites para reclamar a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL el importe de 2,6 millones de euros en concepto de indemnización, correspondiente a la diferencia de precio entre las mascarillas solicitadas y las mascarillas quirúrgicas suministradas por la contratista.