Una investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil ha descubierto el primer caso de presunta corrupción en la adquisición de material sanitario durante la pandemia con contratos del Gobierno. Las pesquisas se centran en los 53 millones de euros que el Ministerio de Transportes, el de Interior y las comunidades autónomas de Canarias y Baleares habrían desembolsado, por el procedimiento de urgencia, para adquirir mascarillas a una empresa ajena al sector pero con un presunto contacto que cambió su rumbo: Koldo García, asesor por entonces del ministro José Luis Ábalos y personaje sin cuya trayectoria resulta imposible entender la trama desarticulada.
García fue detenido el martes por la noche en su domicilio de Madrid junto a su mujer, Patricia Úriz, quien fue contratada como secretaria en el Ministerio de Ábalos poco después que su marido. Fuentes de la investigación exlican que Koldo García conectó a la sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, con sede en Zaragoza, con los distintos organismos públicos del Ministerio en el que trabajaba y también con el de Interior.
Tal y como avanzó elDiario.es a última hora de la tarde, agentes de la UCO se habían personado en la sede del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska para tomar declaración como testigo al secretario de Estado de Seguridad. En la inusual estampa, los agentes de la Guardia Civil preguntaban sobre un contrato de 3,4 millones a su jefe político, Rafael Pérez, coordinador máximo de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Los agentes también tomaron declaración a la mano derecha de Pérez, el comisario jubilado José Antonio Rodríguez, pieza clave del Ministerio como director general de Coordinación. Ninguno de los dos cargos del departamento tiene la condición de investigado.
La investigación de la Fiscalía Anticorrupción resulta de las denuncias con las que el PP madrileño quiso contraatacar en 2022 ante las informaciones por el ‘pelotazo’ que el hermano de Isabel Díaz Ayuso dio con la venta de material sanitario a la Comunidad de Madrid. Tomás Díaz Ayuso no resultó querellado tras la investigación preliminar de Anticorrupción. En el mismo sentido, las denuncias presentadas por el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid contra miembros del Gobierno central o su entorno iban siendo examinadas por Anticorrupción y descartadas. Excepto una.
Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, sociedad radicada en Zaragoza y dedicada a la asesoría, había pasado de facturar 0 euros en 2019 a ingresar 53 millones al año siguiente, el de la pandemia, por contratos con distintas administraciones, todas gobernadas por el PSOE.
La investigación a Soluciones de Gestión, propiedad del investigado José Ángel Escorial, pronto condujo a Koldo García. La figura del asesor de Ábalos causó contrariedad en círculos políticos y mediáticos cuando su imagen comenzó a ser recurrente al lado del político. Sin ser su jefe de gabinete, ni su director de comunicación, Koldo acompañaba a todas partes al ministro que más presupuesto manejaba después de la de Hacienda. Antes de asesor, Koldo ejerció de conductor de Ábalos. Antiguo portero de prostíbulo, condenado por dar una paliza siendo guardia de seguridad, preguntar por él en Pamplona solo amplificaba el murmullo.
Los investigadores han certificado un crecimiento injustificado en el patrimonio de Koldo García durante 2020, el año de la pandemia. Él y su mujer adquirieron varias viviendas en una zona turística de la Comunitat Valenciana. La Guardia Civil ha detectado sospechosos ingresos que realizaba en sus cuentas su hermano Joseba, también detenido por la Guardia Civil en la Operación Delorme. Joseba García tiene una pequeña empresa de reformas.
A Koldo y otros cuatro detenidos se les atribuye tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Tendrán la oportunidad de declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno este jueves, a donde se les conducirá desde los calabozos de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid). El magistrado ha decretado el secreto de las actuaciones.
El exministro Ábalos, actual diputado y presidente de la Comisión de Interior en el Congreso, se mostró este miércoles contrariado por la detención de Koldo García. Añadió que en los últimos tiempos había ido perdiendo relación con él, que desconoce cualquier irregularidad y que espera saber de qué se le acusa porque su asesor tenía “una vida muy normalita”.
Por su parte, el presidente del Gobierno se refirió a la operación desde Rabat. Pedro Sánchez negó que la investigación al asesor de Ábalos tuviera que ver con la destitución del ministro de Transportes en 2021, antes de que comenzaran las pesquisas. “Eso implicaría que lo sabía. Y evidentemente, no”, afirmó el jefe del Ejecutivo. “Cualquier intento de enriquecimiento por cobro de comisiones en una tragedia tiene nuestra reprobación, como hemos visto en alguna autonomía”, añadió.
Para entender la trama descubierta es necesario explicar una figura como la de Koldo García, un personaje de otro tiempo en la política, capaz de comenzar como portero de un prostíbulo y acabar sentado en un coche oficial durante años. También hay que entender la Pamplona de los años noventa y sus bajos fondos, donde alguien dedicado a la seguridad de locales de alterne y de ocio, con ojos en todas partes y fuera del radar de los ambientes abertzales, tenía fácil acceder al Partido Socialista de Navarra y a las Fuerzas de Seguridad.
Koldo se movió rápido en el confinamiento. El 21 de marzo de 2020, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. resultó adjudicatario de un contrato para la compra por Puertos del Estado, perteneciente a Transportes, de mascarillas por valor de 24,2 millones de euros. El contrato fue adjudicado por el procedimiento negociado sin publicidad y con carácter de urgencia, extremo que el Gobierno había aprobado ante la situación de extrema necesidad que imponía la pandemia.
Seis días después, Adif, también perteneciente al Ministerio de Transportes, compró mascarillas para sus trabajadores a la misma empresa por valor de 12,5 millones de euros y por el mismo procedimiento. La empresa tenía experiencia en asesoría de proyectos al desarrollo en África pero estaba en una situación de parálisis desde 2017.
Con apenas un mes de distancia, Soluciones encontró nuevo contratista. Esta vez era el Ministerio del Interior. La Secretaría de Estado de Seguridad adquiría para policías y funcionarios de prisiones mascarillas por valor de 3.479.355 euros. En total, la empresa de consultoría en Zaragoza llegó a ingresar 53,1 millones de euros de la Administración. Sin experiencia en el mercado sanitario, ni contactos anteriores con los fabricantes chinos.
Las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía Anticorrupción culminaron en la presentación de una querella el pasado verano en la Audiencia Nacional, competente por afectar los delitos a distintos territorios. Los 26 registros y 20 detenciones se han efectuado en Madrid, Alicante, Murcia, León, Álava, Bizkaia, Zaragoza y Cáceres. Con los indicios recabados, la UCO planteó que era el momento de explotar la operación.