Vox redobla su presión al PP: exige derogar la Ley balear de memoria a cambio de apoyar sus Presupuestos

Vox ha reactivado su ofensiva contra la ley balear de memoria democrática, exigiendo su derogación como condición para apoyar los presupuestos autonómicos del Govern del PP. La formación de extrema derecha tumbó en diciembre las cuentas de 2025 tras no ver atendidas las condiciones que imponía -entre ellas, la eliminación del catalán como lengua vehicular en la educación pública de las islas-, lo que abocó a la presidenta balear, Marga Prohens, a retirar finalmente el borrador en medio de la mayor crisis abierta hasta entonces con sus socios de investidura. Ahora, el restablecimiento de las relaciones entre PP y Vox ha llevado a los de Santiago Abascal a redoblar su presión sobre el Ejecutivo popular, recordándole que gobierna en minoría.

En rueda de prensa posterior a la junta de portavoces celebrada este miércoles, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha deslizado que, de nuevo, plantearán al PP tanto sus propuestas en materia educativa como la derogación de la ley de memoria: “Es uno de nuestros objetivos y lo llevamos en el programa. Así hasta que la deroguemos”, ha advertido.

La supresión de esta normativa figuraba en el acuerdo de legislatura alcanzado entre PP y extrema derecha, si bien el pasado mes de diciembre los conservadores facilitaron, con su abstención, la vigencia de esta ley a raíz de un insólito pacto alcanzado previamente con las formaciones de izquierdas: a cambio de no eliminar la normativa, la oposición posibilitó en el mismo pleno la eliminación de 34 enmiendas que Vox había presentado al Decreto Ley autonómico de simplificación administrativa, y que los conservadores habían incorporado por error dos semanas antes. 

La negativa de los de Abascal a repetir la polémica votación sumió a conservadores y extrema derecha en una profunda crisis que desembocó en la retirada de los Presupuestos de 2025 ante la falta de acuerdos y con los populares pactando con la izquierda medidas de importante calado como la no supresión de la Ley de memoria democrática.

“Nosotros, que somos muy pesados, repetimos siempre lo mismo hasta que lo conseguimos”, ha aseverado este jueves Cañadas, quien ha adelantado que “para que haya Presupuestos se tienen que hacer muchas cosas y una de ellas estaría bien que fuese esta [la supresión de la ley de memoria]. Al ser preguntada sobre si ésta es una condición indispensable para apoyar las cuentas, la portavoz ha respondido: ”Por supuesto, debe derogarse esta ley“. ”En una negociación entre un partido que no tiene mayoría, como es el PP, y Vox, que tiene los diputados que tiene, siempre se tiene que ceder. Vamos a pedir la carta a los Reyes Magos y luego veremos qué nos traen“, ha recalcado.

Tras ser inquirida sobre si en esa “carta” irán incluidas exigencias en materia educativa, Cañadas, entre risas, ha aseverado: “Hombre, esto es lo primero, para eso he venido yo aquí, a sufrir lo que estoy sufriendo”. “Por supuesto, el tema de la lengua está clarísimo. Lo que yo pediría como portavoz de Vox es que, si tenemos una comunidad que es bilingüe, [se lleve a cabo] la libre elección de lengua al 100%, colegios en catalán y colegios en español. Por lo menos aproximarnos a lo que sería el bilingüismo real en las islas. Tanto en educación como en función pública”, ha incidido.

Por su parte, la portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, ha respondido que su formación, antes del pacto alcanzado con la izquierda, “no tenía ningún problema” en derogar la normativa: “La ley de memoria no es la ley que a nosotros nos gustaría”, ha manifestado tras las proposiciones de Vox, si bien ha señalado que los populares se mantienen “discretos y prudentes” en sus negociaciones con el partido de extrema derecha.

Cabe señalar que la ley de memoria y reconocimiento democráticos de Balears, aprobada durante el primer mandato de la socialista Francina Armengol, ha permitido a las instituciones investigar las violaciones de derechos y determinar el coste humano del golpe de Estado de 1936, la guerra civil y de la dictadura franquista en Balears: más de 2.000 víctimas asesinadas y más de 10.000 encerradas en prisión, a las que se suman quienes sufrieron condenas y sentencias a muerte “manifiestamente injustas” -como denuncian las asociaciones memorialistas-, las que fueron ejecutadas extrajudicialmente y las que fueron objeto de desapariciones forzadas en las islas, principalmente en Mallorca.

Frente a las críticas de Vox, que califica esta normativa de parcial, el texto no solo condena la dictadura franquista, sino que rechaza también cualquier totalitarismo y régimen antidemocrático, promoviendo el reconocimiento y la garantía de los derechos a la reparación, la verdad y la justicia de todas las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista.