“No se justifican ni se acreditan los daños sufridos”. Así se opone la Abogacía del Estado a indemnizar a los antiguos investigados del caso Cursach, centrado durante varios en investigar un supuesto entramado político-policial dirigido a proteger los intereses del considerado rey de la noche mallorquina Bartolomé Cursach, unos hechos que finalmente quedaron en agua de borrajas tras no haber quedado acreditados en el macrojuicio celebrado el año pasado contra el magnate, su número dos, Bartolomé Sbert, y otros quince acusados. Varios de los inculpados ya han solicitado elevadas cuantías por el tiempo en prisión preventiva que permanecieron en su día así como por el perjuicio personal, familiar, profesional y reputacional que aseguran haber sufrido.
Mediante un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, la abogada del Estado Dolores Ripoll rechaza que los afectados sean resarcidos económicamente al alegar que éstos se limitan a efectuar “una designación genérica de haber sufrido graves daños morales, profesionales y en su salud”. En este sentido, señala que la determinación de las cuantías en las que se fijan las cantidades por tales daños “se hace a modo alzado, de forma genérica y con una gran variación de unos escritos a otros. La existencia de estos daños indeterminados se niega por esta parte”, añade. Por ello, concluye que “no puede hablarse de responsabilidad civil al no existir daño alguno indemnizable que deba ser objeto de indemnización por falta de justificación y acreditación del mismo”.
En concreto, la Abogacía del Estado ha presentado su escrito en el procedimiento judicial abierto contra los ex investigadores del caso Cursach: el exjuez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y cuatro policías de Blanqueo, quienes se encuentran a las puertas del banquillo bajo peticiones de condena de más de cien años de prisión a raíz de las presuntas irregularidades que habrían cometido para apuntalar sus tesis acusatorias mientras instruían la macrocausa.
La causa se centra principalmente en las presuntas actuaciones llevadas a cabo por los seis acusados para “intimidar” a los detenidos en una de las piezas en las que se desgajó la matriz del caso Cursach: la relativa a la supuesta alteración del concurso para adjudicar el servicio de regulación del aparcamiento (ORA) en Palma y al presunto cobro de comisiones a cambio de esta concesión. Un fleco en el que fueron arrestados varios empresarios, los nueve funcionarios que integraban la mesa de contratación que tramitó el expediente y los padres y el hermano del exconcejal del PP de Palma Álvaro Gijón. Las pesquisas, sin embargo, fueron finalmente archivadas ante la ausencia de indicios delictivos contra todos ellos.
Las acusaciones -ejercidas por Cursach, Sbert y una treintena de antiguos investigados que se consideran perjudicados por la actuación de Penalva, Subirán y los cuatro policías- ya han concretado las cifras con las que quieren ser resarcidos. Además de solicitar para los seis procesados elevadas penas de prisión -los directivos del grupo Cursach solicitan más de treinta años de cárcel para cada uno de ellos por hasta catorce hechos presuntamente delictivos así como multas que ascienden a 2,3 millones de euros-, las acusaciones reclaman, hasta el momento, más de 5,5 millones de euros en conjunto, peticiones a las que se han opuesto los servicios jurídicos del Estado, como adelantó el diario Última Hora.
Indemnizaciones de más de 5,5 millones de euros
Mientras Cursach y su número dos, Bartolomé Sbert, se reservan expresamente el ejercicio de las acciones civiles que pudieran corresponderles, la defensa de Gijón reclama para el expolítico un millón de euros, 150.000 para su hermano y 300.000 para sus padres por los perjuicios sufridos durante la instrucción del caso ORA. Según uno de los atestados de la Policía Nacional incorporados a la causa, los antiguos investigadores del caso Cursach buscaban, con el arresto de los familiares de Gijón, que el exconcejal llegara “jodido” a su declaración en la causa, en la que indagaban, en concreto, el supuesto cobro de un millón de euros en comisiones y la entrega de una vivienda a cambio de la adjudicación del servicio de regulación de aparcamiento.
Por su parte, uno de los funcionarios arrestados en el marco de esta causa, el que fuese jefe del departamento de Movilidad, Miguel Femenia, reclama un total de 646.568 euros (600.000 euros por daños morales, 4.800 euros por los días que permaneció de baja y otros 4.800 por los 22 días que estuvo ingresado en prisión). Tanto Femenia como el empresario Antonio Roig fueron encarcelados en octubre de 2016 y permanecieron un mes privados de libertad. En concreto, Roig fue enviado a prisión bajo la sospecha de que había obtenido el contrato de la ORA a cambio de abonar comisiones, mientras que a Femenia le acusaron de amañar la contratación.
También el ingeniero del Ajuntament de Palma Pedro Torres reclama ser indemnizado. En concreto, apunta a los seis procesados como responsables civiles directos e insta a que también se declare como tal a la Administración General del Estado. Torres, quien estuvo encarcelado durante dos meses, solicita la suma de un millón de euros por los perjuicios ocasionados, así como por el daño moral y reputacional causado en su persona.
La Fiscalía, por su parte, reclama la apertura de juicio oral contra Penalva, Subirán y los cuatro policías por presuntos delitos de detención ilegal, obstrucción a la justicia, prevaricación judicial y revelación de secretos. Anticorrupción sostiene que los antiguos investigadores “se habían fijado como meta demostrar la implicación de A.G. [en referencia a Álvaro Gijón] en los hechos objeto del procedimiento penal y entre todos ellos comentaron y decidieron las detenciones de su familia para ejercer presión sobre el político”.
Tanto los juristas como los policías niegan haber delinquido para construir a la carta sus investigaciones en torno a Cursach y reclaman su absolución. La defensa de Penalva y Subirán hace especial hincapié en el papel desplegado por el fiscal Tomás Herranz tanto durante el juicio del caso Cursach -fue el fiscal que rompió a llorar al término de la vista oral al considerar que la causa contra el empresario del ocio había sido “un fracaso total de la Justicia”- como en el procedimiento judicial abierto contra el exjuez, el exfiscal y cuatro policías de Blanqueo. Ambos acusan al Ministerio Fiscal de “atrincherarse” en sus planteamientos acerca de cómo fue instruido el caso Cursach y de hacer “lo que haga falta, lo que sea, con tal de mantener la bondad de esta instrucción policial”, que tanto Penalva como Subirán consideran “nula de pleno derecho”.