“Los propietarios están soñando con tener estos parques dentro de las fincas por el rendimiento económico que les da, que es lo que a nosotros nos afecta”. Rafel Coll, originario de Lloseta (Mallorca) con 25 años de experiencia como agricultor, lamenta que ha dejado de trabajar en la finca en la que estaba porque el propietario ha instalado un parque fotovoltaico. Como él, otros trabajadores del campo de Mallorca se muestran preocupados por la instalación de parques fotovoltaicos en suelo rústico ya que esta actividad, necesaria para transicionar hacia un modelo energético sin combustibles fósiles, estaría sustituyendo el uso agrícola del campo.
Esta es la opinión, entre otros, de la Associació de Producció Agrària Ecològica (APAEMA) y la Unió de Pagesos de Mallorca. Los agricultores asociados a estas dos cooperativas están a favor de la promoción de las energías renovables y la construcción de parques fotovoltaicos, pero discrepan de la manera en que se están ejecutando. “Vemos muchos tejados en los que no hay nada encima, pero siempre quieren aprovechar el suelo rústico para otros usos que nada tienen que ver con la agricultura”, explica Andreu Truyol, tercera generación de una familia de agricultores de Inca (Mallorca).
Entidades como APAEMA, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) y grupos ecologistas como Terraferida, GOB Mallorca y Amics de la Terra han unido fuerzas para pedir una moratoria en la tramitación de los proyectos de parques fotovoltaicos en suelo rústico, excepto los de autoconsumo, hasta que se apruebe el Plan Territorial Insular (PTI) del Consell de Mallorca y el Plan de Transición Energética y Cambio Climático del Govern que defina las zonas de desarrollo prioritarias para la implementación de las energías renovables.
“Estamos a favor de la transición energética y ojalá fuera más acelerada. Pero esta nueva presión que suponen las fotovoltaicas en suelo agrícola no está planificada”, asegura en la misma línea Nofre Fullana, director técnico de APAEMA, quien añade que detrás de buena parte de estos proyectos habría grandes capitales y fondos de inversión. “Necesitamos una figura de planificación que diga claramente dónde se pueden ubicar -los parques fotovoltaicos- y cómo se pueden hacer. Pensamos que antes de tapar suelo agrícola, hay que cubrir todos los techos de naves industriales, almacenes agrícolas o suelos degradados”, ejemplifica Fullana.
Estamos a favor de la transición energética y ojalá fuera más acelerada. Pero esta nueva presión que suponen las fotovoltaicas en suelo agrícola no está planificada
Cuando estas entidades pidieron por primera vez una moratoria a nuevos parques fotovoltaicos, en abril de 2021, había más de 50 en tramitación en Mallorca. Los propietarios de estas fincas las alquilan a promotores de empresas energéticas por unos 200 euros mensuales durante 25 o 30 años. “Empezó afectando solo a fincas que no tenían producción agraria, ahora empieza a afectar a fincas que están en activo”, sostiene Margalida Ramis, portavoz del GOB Mallorca. Para estos grupos, es incompatible la actividad agraria con la fotovoltaica en suelo rústico. “Los informes de la Conselleria de Agricultura justifican una supuesta compatibilidad entre ambos usos, pero es bastante difícil de creer”, afirma.
Pese a que los afectados hablan de proliferación de proyectos fotovoltaicos en suelo rústico, Cooperatives Agro-alimentàries ha negado que ello esté afectando a sus productores. “No me consta que esto esté sucediendo. El Consell de Mallorca te tiene que dar el visto bueno para hacer algo así”, responde Pere Joan Oliver, secretario de Cooperatives Agro-alimentàries y vicepresidente de la Cooperativa Sant Bartomeu de Sóller (Mallorca). “Las fincas que han puesto placas solares lo han hecho en un techo encima del aparcamiento”, añade Oliver. En otros casos, como en una explotación de Bunyola (Mallorca), se han instalado estructuras elevadas con placas solares cuyo techo da sombra al ganado.
Desde marzo de 2021 se han conectado 27 parques fotovoltaicos con una potencia de 155 megavatios pico que ocupan 162 hectáreas de suelo rústico. Además, hay 78 parques en tramitación con una potencia de 805 megavatios pico y una ocupación de 627 hectáreas, según los datos facilitados por la Conselleria de Transición Energética. En cuanto al autoconsumo urbano de más de 100 kilovatios, se han colocado siete instalaciones que suman 1,5 megavatios en 2022, mientras se tramitan otras 34 que suman 13,5 megavatios, señalan las mismas fuentes.
La modificación del PTI que determinará cuáles son las zonas prioritarias para la instalación de energías renovables se encuentra en una fase inicial -según fuentes de la Conselleria Insular de Territorio-, mientras que la aprobación del Plan de Transición Energética y Cambio Climático espera entrar en fase de exposición pública durante el primer trimestre de 2023 -detallan fuentes de la Conselleria de Transición Energética a elDiario.es-.
“De las zonas que marquemos como prioritarias, un 10% como máximo estará ocupada por energías renovables. El 90% restante tendrá un impacto cero”, explica Maria Antònia Garcías, consellera insular de Territorio. Sobre la cuestión de la compatibilidad de estas instalaciones en suelo rústico con su uso agrario, defiende que “hay modelos de parques fotovoltaicos que son compatibles con un uso agropecuario de la finca”. “La otra cuestión que se tiene que tener en cuenta es la energía eólica: un molino ocupa una porción de terreno muy reducida, la compatibilidad es prácticamente total”, apunta Garcías.
Hay modelos de parques fotovoltaicos que son compatibles con un uso agropecuario de la finca. La otra cuestión que se tiene que tener en cuenta es la energía eólica: un molino ocupa una porción de terreno muy reducida, la compatibilidad es total
La institución supramunicipal ha iniciado una ronda de contactos con el Observatorio del Paisaje, un órgano consultivo y de participación, formado por entidades (GOB Mallorca, ARCA -Associació per a la defensa del patrimoni de Mallorca- o Tramuntana XXI), colegios profesionales (arquitectos, ingenieros industriales y agrónomos), instituciones (ayuntamientos, Conselleria y Comisión Balear de Medio Ambiente y Delegación del Gobierno) y todos los grupos políticos del Consell Insular. “Reivindicamos una participación ciudadana que diseñe cómo tiene que ser la implantación de las energías renovables en Mallorca”, explica Garcías. Un debate en el que, explica, se pondrán sobre la mesa diferentes opciones: si hay preferencias por las fotovoltaicas o la energía eólica, por ejemplo.
Los portavoces del GOB Mallorca y APAEMA son escépticos, debido a que creen que no queda tiempo para aprobar una modificación del PTI antes de que termine la legislatura. “No se ha abordado el tema cuando tocaba, que era hace dos o tres años”, lamenta Fullana. “Antes de verano sacaron a concurso público la redacción de esta modificación del PTI, pero está acabando la legislatura y en dos días no estará redactada”, argumenta Ramis.
La portavoz del GOB cree que la llegada de los fondos europeos para proyectos de transición energética beneficiará a los promotores de los grandes parques fotovoltaicos. Algo que, a su juicio, perjudica al sector agropecuario si no hay una “planificación con perspectiva agraria, energética y ambiental”. “Necesitamos una planificación territorial que fije criterios que realmente permitan una compatibilidad de usos que nosotros no vemos clara, pero que no podremos evitar”, declara Ramis.
Es necesaria una planificación con perspectiva agraria, energética y ambiental. Necesitamos una planificación territorial que fije criterios que realmente permitan una compatibilidad de usos que nosotros no vemos clara, pero que no podremos evitar
Hay preocupación en una parte del sector agrícola. En los últimos meses, tres productores de APAEMA han tenido que abandonar las tierras que estaban cultivando porque sus propietarios van a instalar parques fotovoltaicos. Uno de ellos ha sido Toni Noguera, un agricultor que trabajaba en una finca de Santanyí. “Es un payés que cultiva cereal ecológico y se gana la vida con ello. Vino a la oficina y nos explicó que se estaba planteando dejar de ser payés. Esto choca con el argumento de la compatibilidad de usos”, detalla Fullana.
Antes de tocar el suelo rústico, promueven, entre otras cuestiones, la instalación de paneles fotovoltaicos en los techos de naves industriales y comerciales, en las infraestructuras públicas o en zonas degradadas o de poco valor productivo, así como la posibilidad de que las fincas puedan invertir en pequeñas instalaciones para autoconsumo, como una actividad complementaria a su actividad agraria habitual. “Queda mucho trabajo por hacer en cuanto a eficiencia y ahorro energético, ya que la gente tiene que poder autoabastecerse a través de las comunidades energéticas”, añade Fullana, quien cree que si no se hacen mayores esfuerzos desde las instituciones, la energía seguirá en manos de grandes empresas. “Son las que tienen la capacidad de hacer estas instalaciones”, opina.
Rafel y Andreu ven el futuro del campo con desasosiego. Después de toda una vida trabajando como agricultor, Rafel resopla con resignación cuando se le pregunta por el futuro agrícola en Mallorca. “Simplemente tenemos que defender lo que vendemos de cara al turismo: nuestros campos, que tienen que estar cuidados y cultivados”, subraya. “Políticamente nos han escuchado, hasta cierto punto”, matiza. Andreu pone de relieve que la política siempre se hace la abanderada de las necesidades del sector primario. Ahora, dirige hacia ella una última petición. “Hay muchas maneras de hacerlo (apoyar al sector primario) que no es soltando dinero”. “Entendemos que cuando se hacen proyectos así, que afectan al suelo rústico, tendríamos que estar todas las partes implicadas en el proceso para evaluar si es positivo o negativo”, insiste.
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