El Tribunal Territorial Militar Segundo de Sevilla ha condenado a tres años, diez meses y 26 días de cárcel al sargento Saúl Antonio Guil, considerado responsable de la muerte del legionario mallorquín Alejandro Jiménez, el 25 de marzo de 2019, durante unas maniobras de adiestramiento con fuego real en la base de Agost (Alicante). La víctima tenía 21 años. Los padres del joven reclamaban 34 años de prisión para el acusado, mientras que la Fiscalía solicitaba para él siete años, cinco meses y 15 días de cárcel.
Mediante una sentencia de 141 páginas a la que ha tenido acceso elDiario.es, el acusado ha sido condenado, en concreto, a dos años, ocho meses y 26 días de prisión por un delito contra la eficacia del servicio militar con las accesorias legales de suspensión de empleo, así como a indemnizar a los padres del legionario fallecido con 208.294 euros, con la responsabilidad civil subsidiaria del Estado. Además, le impone 14 meses más de cárcel por dos delitos de abuso de autoridad del artículo 48 del Código Penal Militar. En paralelo, la sentencia le absuelve de un delito contra la administración de justicia, tres delitos adicionales de abuso de autoridad que se le achacaban y de un delito de asesinato.
Mientras tanto, la resolución judicial absuelve por completo al resto de los acusados en este procedimiento: el capitán Antonio Cabello -acusado de deslealtad, abuso de autoridad, encubrimiento y desobediencia-; el teniente Pablo Fernández -delitos contra la eficacia del servicio, abuso de autoridad, asesinato, contra los deberes del mando, de encubrimiento, desobediencia y deslealtad-; el capitán Ricardo Gascón -delito contra la eficacia del servicio y deslealtad-, el cabo Alejandro Roca, acusado de encubrimiento y de delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas; el cabo Adrián Cóllar, acusado de encubrimiento; el soldado Abel García, acusado de encubrimiento y de delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas, y al soldado Alejandro Jiménez, acusado de encubrimiento.
Tras conocer la sentencia, el padre del joven legionario, Juan José Jiménez, ha considerado que al sargento le han “salido baratos” los mismos, lamentando además que el tribunal haya absuelto por completo al resto de los militares acusados. En ese sentido, ha recordado que siempre intentó que el asunto fuese juzgado por la Justicia civil y no por la Justicia militar, aseverando que tras “12 años” en las Fuerzas Armadas, conoce “el lobby y el corporativismo de Defensa, que está anclada en tiempos pasados”.
En su resolución, el tribunal declara probado que “uno de los disparos efectuados” por el sargento Guil en aquella maniobra “alcanzó al caballero legionario Jiménez Cruz”, primero en el culatín de su fusil y después en su cuerpo, ocasionándole un “orificio de bala en el hemitórax derecho” que resultó mortal. “Ha quedado acreditado que el fragmento de proyectil fue disparado por el fusil HK-7030 perteneciente al sargento Guil”, señala la sentencia, a lo que se suma el hecho de que el estudio descriptivo y comparativo de los casquillos encontrados en la base del merlón que separaba los dos campos de tiro donde se efectuaron las maniobras, y desde donde el sargento asegura que no disparó, determina que siete de los casquillos fueron disparados por el arma del acusado.
En esta línea, los magistrados apuntan a la “indubitada” conclusión de que el fallecimiento de Alejandro Jiménez se debió a un tiro directo “desde una posición retrasada y a una altura y distancia aproximada coincidente con aquella en la que se encontraba el sargento Guil”.
Durante el juicio celebrado por estos hechos, el sargento insistió en su teoría de que todo fue un accidente fruto del rebote de una bala, versión que secundaron varios de los demás procesados que se sentaron en el banquillo. El resto se ancló en el 'no recuerdo'. La sentencia señala, sin embargo, que “no existe duda de que, en los casos de rebote, el proyectil se fragmenta en diversas partes”, cuando del cuerpo del joven legionario se extrajo un trozo de proyectil con la cabeza de la bala intacta. “Si hubiera sido un rebote, la bala estaría deformada, pero apareció íntegra”, manifestó la madre de Alejandro en declaraciones a este medio.
Desde el primer momento del suceso, el Ejército alegó que el rebote de una bala de fusil había alcanzado la axila de Alejandro. Sin embargo, las investigaciones de la Guardia Civil destaparon, meses después, las supuestas irregularidades cometidas con el objetivo de reforzar la tesis de que la muerte del joven, adscrito al tercio Don Juan de Austria 3º de la Legión, se había producido de forma fortuita.
En una entrevista concedida el pasado mes de marzo a elDiario.es, la madre de Alejandro, Chari Cruz, manifestó que “si es un accidente, no modificas pruebas, no recreas lo que pasó sin ser verdad, no modificas versiones, no ocultas pruebas ni amenazas a la única persona que no ha querido entrar al trapo de las mentiras”. No en vano, los peritos de la Guardia Civil interrogados durante la vista oral llegaron a la conclusión de que el proyectil que acabó con la vida del caballero legionario salió del fusil del sargento y manifestaron que la incineración del cuerpo fue paralizada tras detectarse restos de la bala en su corazón.
Inicialmente, el juez abrió diligencias contra 16 militares. Tras tomarles declaración y después de que las partes accedieran a las diligencias practicadas durante los cuatro meses en los que las actuaciones permanecieron bajo secreto, la causa continuó abierta contra los actuales investigados.