“O confesión o psiquiatra”: acusan de torturas al juez y al fiscal que investigaron al magnate Cursach

“Esta causa era como la caza de brujas de la Santa Inquisición”. Es tan sólo una de las acusaciones lanzadas este miércoles en torno a las prácticas presuntamente irregulares que habrían desplegado el exjuez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y cuatro policías nacionales para apuntalar sus tesis incriminatorias mientras investigaban al magnate del ocio nocturno Bartolomé Cursach. Todos ellos están siendo juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) acusados de incurrir en supuestos delitos de detención ilegal, obstrucción a la justicia por presionar e intentar ablandar a varios investigados, prevaricación judicial a la hora de acordar arrestos y revelación de secretos al filtrar información mientras el caso Cursach se encontraba bajo secreto sumarial. 

Durante la fase de informes de la vista oral, que encara su recta final, una de las acusaciones particulares ha reclamado que también sean condenados por un delito de torturas: “Nadie podrá decir que [los antiguos investigadores] no atemorizaron. El resultado era o confesión o psiquiatra”, ha relatado el abogado, amparándose en el artículo 174.1 del Código Penal previsto para las torturas indagatorias cometidas mediante abuso por autoridades o funcionarios con el fin de obtener una confesión o información. Otro de los letrados ha manifestado, en esta línea, que en aquella causa “no ocurrían cosas normales”: “Podías entrar como testigo y salir como putero corrupto”.

La Fiscalía reclama, en concreto, 118 años de cárcel así como de 121 años y nueve meses, respectivamente, para Penalva y Subirán, quienes se enfrentan a las mayores solicitudes de condena formuladas contra un juez y un fiscal en España. Tanto los dos juristas como los cuatro miembros del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional con quienes trabajaron codo con codo al frente del caso Cursach aseguran, sin embargo, que no cometieron ilicitud alguna para reforzar sus investigaciones y defienden tajantes la instrucción que llevaron a cabo, por lo que reclaman su absolución. 

La Fiscalía reclama 118 años de cárcel así como de 121 años y nueve meses, respectivamente, para Penalva y Subirán, quienes se enfrentan a las mayores solicitudes de condena formuladas contra un juez y un fiscal en España

“Los únicos que comenzamos una investigación para tratar de desmantelar toda esa trama corrupta fuimos nosotros”, llegó a afirmar el exjuez Penalva sobre las investigaciones impulsadas contra el empresario Cursach, a quien los hoy inculpados acusaron de urdir un entramado político, empresarial y policial dirigido a salvaguardar su autoridad en la noche. Tras varios años en el punto de mira de la justicia, el considerado 'rey de la noche mallorquina' fue finalmente absuelto.

“Aquí ha habido declaraciones desgarradoras, gente devastada”

Frente a ello, una de las acusaciones particulares -ejercidas por antiguos investigados que se consideran perjudicados por la actuación de Penalva, Subirán y los cuatro policías- ha aseverado este miércoles que “aquí ha habido declaraciones desgarradoras, gente devastada” y ha apuntado, en concreto, a la conducta del exfiscal Subirán: “Daba miedo. Daba miedo al investigado y daba miedo al abogado. Vejaba y humillaba. El abogado se veía en una situación difícil. Uno puede reaccionar como le pide el cuerpo, pero eso no favorecía al cliente, a quien se le estaba diciendo que se iba a ir a prisión. La autoestima quedaba tocada pero, en interés del cliente, uno optaba por lo que optaba”.

“La presión es la atemorización que se provoca en una persona a la que, sin presencia letrada, se le enseñan tres columnas en un papel: imputados, testigos, detenidos. Se le dice que no hace falta decir la verdad sino acusar a Gijón [exconcejal y exdiputado del PP balear]. Esto da miedo, señoría, sobre todo si eres inocente”, ha manifestado el abogado Ángel Aragón en alusión a las presuntas actuaciones llevadas a cabo por los seis acusados para “intimidar” a los detenidos en una de las piezas en las que se desgajó la matriz del caso Cursach: la relativa a la supuesta alteración del concurso para adjudicar el servicio de regulación del aparcamiento (ORA) en Palma y al presunto cobro de comisiones a cambio de esta concesión. La existencia de tales hechos nunca llegó a ser probada y la causa acabó sobreseída.

Al respecto, el abogado de Álvaro Gijón -quien fue implicado en el supuesto soborno y en el presunto amaño del concurso- ha manifestado que la esencia de aquellas investigaciones era “cazar” al exconcejal del PP. “Era una pieza mayor. Fueron a por él y crearon un clima contra la integridad moral de mi cliente. Buscaron su muerte civil, política y profesional”, ha remarcado. La representación procesal de Gijón reclama un millón de euros de indemnización por los perjuicios sufridos, 150.000 para su hermano y 100.000 para sus padres, quienes también fueron arrestados en el marco de estas pesquisas.

“Un juez con ínfulas de ser Castro”

“Como no había manera de obtener pruebas ni extorsionando, detienen a sus padres, dos personas de avanzada edad, para ablandarlo”, ha incidido Rusca, quien ha recalcado que todas las noticias que se publicaban sobre Gijón “mancillaban con la intención brutal de causarle un perjuicio” y, principalmente, que “dimitiera” -como diputado era aforado- y “así poder actuar contra él y hacerle la foto en el Parlament con las manillas”. “Gracias a Dios no lo consiguieron, pero menudo daño hicieron por el camino”, ha añadido.

Al término de su exposición, el abogado de Gijón ha apuntado a la “soberbia” con la que, en su opinión, actuaron los seis acusados: “Teníamos un juez con ínfulas de ser Castro, un fiscal con pretensiones -sólo pretensiones, porque no daba para más- de ser un Horrach y unos policías que querían ser intocables. Este es el pecado capital, la soberbia. Querían ser las estrellas de Palma y esperemos que acaben siendo los estrellados de Palma”, ha espetado el abogado Oriol Rusca, aludiendo al trabajo que años antes habían desarrollado el exjuez José Castro y el exfiscal Pedro Horrach al frente del caso Nóos y que culminó con la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin sentados en el banquillo de los acusados.

Por su parte, el letrado de Cursach, Enrique Molina, ha recriminado que, en el “clima” generado durante la instrucción de la causa contra su cliente, eran considerados “los abogados de la mafia”. Asimismo, ha apuntado que las presuntas filtraciones efectuadas a los medios -que, ha apostillado, “nunca fueron perseguidas” por los actuales acusados- pretendían “crear hostilidad”, al tiempo que ha lamentado que “nadie discutía las decisiones de Penalva”, recordando que las resoluciones del exjuez fueron impugnadas ante la Audiencia Provincial de Balears en más de 200 ocasiones y únicamente fueron admitidos dos de los recursos. “Han arruinado vidas”, ha llegado a asegurar.

Auto de prisión redactado dos semanas antes

Del mismo modo, ha manifestado que otra de las anomalías de la causa radicaba en las decisiones supuestamente adoptadas de antemano a la hora de llevar a cabo detenciones y encarcelamientos. En el caso de Cursach y de su número dos, Bartolomé Sbert, ha manifestado que el auto de prisión contra ambos habría sido redactado, al menos, dos semanas antes de su arresto y su posterior ingreso en la cárcel.

En este contexto, ha aludido a las conversaciones mantenidas por los actuales acusados en el chat que, bajo el nombre de 'Sancus', mantenían abierto mientras instruían la causa: “Subi, estamos pensando en hacer las detenciones gordas [en referencia a Cursach y a Sbert] el día 28 y pasarlos a disposición [judicial] el 2 o el 3. ¿Cómo te va a ti?”. “¡Esto es un guion bien hecho que pone las cosas fáciles!” o “¿preparados para día D hora H?” son algunas de las impresiones que se intercambiaron durante los catorce días anteriores a las detenciones.

Molina, exfiscal de la Audiencia Nacional, ha señalado, además, que las investigaciones contra los antiguos investigadores del caso Cursach se iniciaron en julio de 2018, cuando el abogado de Sbert y él denunciaron las supuestas filtraciones a la prensa, poniendo con ello en entredicho la instrucción de la causa.

Con ello, el abogado ha rebatido a Penalva, Subirán y los policías, quienes sostienen que las pesquisas impulsadas contra todos ellos se encuentran cimentadas sobre actuaciones “ilegales” y “nulas radicalmente”: la intervención -declarada nula por el Tribunal Constitucional- de los teléfonos móviles de dos de los periodistas que cubrían las informaciones relativas al caso Cursach, que, a su vez -alegan los seis procesados-, condujo inexorablemente a la detención de uno de los policías acusados y, con ello, al hallazgo en su teléfono del chat 'Sancus', convertido en pieza angular de la causa.

Por el contrario, la Fiscalía y el resto de acusaciones señalan que las pesquisas no arrancaron a partir de la incautación de los móviles de los periodistas ni con la localización del chat -un hallazgo que el Ministerio Público califica de casual-, sino que fueron iniciadas con mucha anterioridad y ya se disponía, por tanto, de elementos de investigación que apuntaban a Penalva y Subirán.

“Responsables de muchas muertes”

Precisamente sobre el chat 'Sancus', otra de las acusaciones, en representación de un funcionario que permaneció en prisión dos meses y fue finalmente exculpado, ha subrayado que es “la mayor ignominia” que “merece meterse en el baúl más oscuro de la crónica negra de esta Comunidad Autónoma”.

“Las personas que hoy están acusadas son responsables de muchas muertes”, ha apostillado el abogado Carlos Portalo. “Han matado carreras profesionales, expectativas, proyectos de vida, ilusiones, familias y reputaciones, han causado la muerte de muchas personas. No podemos dejar impune el chat 'Sancus', no hay ninguna razón técnica para que nos olvidemos de lo que reflejan esas conversaciones”, ha incidido. 

Y ha subrayado que los seis procesados, a quienes, en su opinión, “les repugna el derecho y el ejercicio de la profesión, tienen la suerte de ser enjuiciados por un tribunal en un Estado de derecho”. “Dirán que se han vulnerado sus derechos fundamentales. Pero la suerte que ellos tienen es la que no tuvieron hasta muy tarde todas las personas que tuvieron que desfilar ante ellos”, ha concluido.