El Consell de Eivissa ha aprobado una sanción urbanística por un valor cercano a los 83.000 euros por una obras ilegales ejecutadas en el Parc Natural de Ses Salines, ordenando su demolición y restablecimiento de la realidad física alterada.
Según ha informado la institución, las obras detectadas por inspectores de Gestión consisten en edificaciones de 900 m2 de superficie de nueva planta y un porche de 150 m2.
Las construcciones son contrarias a la ordenación territorial y urbanística y fueron ejecutadas sin licencia en una zona con categoría de suelo rústico protegido Área Natural de Especial Interés de Alto Nivel de Protección y en un espacio declarado Suelo Rústico Protegido Área de Protección Territorial de Costa.
El vicepresidente y conseller de Gestión del Territorio, Infraestructuras Viarias, Ordenación Turística y Lucha contra el intrusismo, Mariano Juan, ha explicado que, con la orden de demolición, el Consell suma pasos para que “la impunidad en suelo rústico desaparezca”, recordando que se han derribado ya cinco construcciones ilegales en suelo protegido.
“Los infractores deben saber que, además de enfrentarse a la demolición, en algunos casos se enfrentarán a penas de cárcel, ya que estamos tramitando las denuncias penales en el juzgado. La impunidad se ha acabado”, ha dicho.
En este caso, el Consell otorgó un plazo de un mes a la persona sancionada para que presentara en el Ayuntamiento de Sant Josep el proyecto de restauración de la zona.
La institución ha advertido de que el incumplimiento de esta orden de restablecimiento, una vez sea firme, conlleva hasta 12 multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y con una cuantía en cada ocasión de 10.612 euros.
Una vez transcurrido el plazo, el Consell podrá realizar la ejecución subsidiaria de la orden de restablecimiento del espacio a costa del interesado.
El departamento de Territorio ha recordado que con esta orden de demolición ya son cinco las ordenadas en esta legislatura. Además, ha denunciado por vía penal a un total de seis infractores graves por un posible delito contra la ordenación del territorio.