Cursach y su mano derecha reclaman más de 30 años de cárcel para el juez y el fiscal que los investigaron

El magnate del ocio nocturno Bartolomé Cursach y el que fuese su mano derecha, Bartolomé Sbert, reclaman más de treinta años de cárcel para el juez y el fiscal que los acusaron de urdir una trama mafiosa político-policial dirigida a salvaguardar su autoridad en la noche, hechos que finalmente han quedado sepultados después de que la Audiencia Provincial de Balears, tras más de cinco años de investigaciones en uno de los procesos más complejos de cuantos se han instruido en las islas, haya absuelto a ambos empresarios y a otros trece procesados. Tanto la Fiscalía como el resto de acusaciones retiraron todos sus cargos por considerar que ninguna de las imputaciones que recaían sobre todos ellos ha quedado acreditada.

Mediante un escrito conjunto al que ha tenido acceso elDiario.es, Cursach, Sbert, el también exdirectivo del conglomerado y expolicía local Antonio Bergas y el director de la discoteca Tito's -buque insignia del grupo Cursach-, Jaime Lladó, atribuyen a ambos juristas y a cuatro policías de Blanqueo -dos inspectores, un subinspector y un agente- con los que colaboraban codo con codo hasta un total de catorce hechos delictivos traducidos en presuntos delitos de prevaricación, revelación de secretos, coacciones y obstrucción a la justicia, motivo por el que insta la apertura de juicio oral contra todos ellos.

En concreto, los acusadores solicitan 37 años y medio de prisión para Subirán; 32 y medio para Penalva; 34 y medio para el subinspector Miguel Ángel B.V.; 33 y medio para el inspector jefe del grupo policial José Luis G.R.; 31 para el agente Iván B.M. y 30 y medio para la inspectora Blanca R.A., además de un total de 339 años de inhabilitación para todos ellos y multas que, en conjunto, ascienden a 2,3 millones de euros. Los abogados no especifican indemnizaciones civiles aunque se reservan expresamente el ejercicio de las acciones civiles que pudieran corresponderles.

El escrito ha sido presentado en el marco de la causa que hace más de dos años asumió el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) para investigar las presuntas irregularidades cometidas por los antiguos investigadores del caso Cursach. La Fiscalía Anticorrupción aún no ha concretado los delitos que podría atribuirles y las condenas que podría reclamarles, aunque hasta el momento ha mantenido que todos ellos se coordinaron para, presuntamente, efectuar detenciones ilegales y aleccionar a testigos. No en vano, la acusación pública ha recurrido con dureza los dos intentos del presidente de la máxima instancia judicial de las islas de dar carpetazo a las acusaciones más graves que pesaban sobre exjuez, exfiscal y policías.

Penalva y Subirán se aferran a su inocencia

Penalva y Subirán, por su parte, se aferran a su inocencia y defienden el trabajo que llevaron a cabo. En los distintos escritos que han presentado en el procedimiento judicial, niegan la existencia de indicios “verdaderamente sólidos” contra ellos. Para ello, se agarran a la tesis de un presunto complot de jueces, mandos de la Policía Nacional y fiscales para desacreditar las investigaciones que realizaron y esgrimen grabaciones en las que, según alegan, figuran órdenes dirigidas a no investigar a Cursach. En esta línea, también se han mostrado críticos con la labor de los fiscales de Madrid personados en la causa por otorgar fundamento a las manifestaciones vertidas por la Policía Nacional en varios atestados, en los que se apunta a que los encausados habrían utilizado a testigos como “misiles teledirigidos” para apuntalar sus tesis incriminatorias y acusar en falso al considerado rey de la noche mallorquina. 

Tal como sostienen los acusadores, el exjuez Manuel Penalva (recusado y apartado del caso Cursach en marzo de 2018 por falta de apariencia de imparcialidad), el exfiscal Miguel Ángel Subirán y los cuatro policías nacionales habrían coaccionado y amenazado a testigos para que declarasen en sentido incriminatorio, los indujeron al falso testimonio, prevaricaron a la hora de acordar los arrestos y el ingreso en prisión de varios investigados, ocultaron las pruebas que no se acoplaban a sus intereses y filtraron información cuando la causa se encontraba bajo secreto.

“Declaraciones falsarias coordinadas por los acusados”

En su escrito de calificación provisional, Cursach, Sbert, Bergas y Lladó apuntan a que los acusados, durante el transcurso de las investigaciones contra ellos, “decidieron consciente y voluntariamente vulnerar los derechos fundamentales de las personas investigadas”, llegando a “plantear como reales imputaciones esperpénticas al amparo de declaraciones falsarias coordinadas por los acusados obtenidas con la promesa de tener un trato procesal favorable”.

Asimismo, denuncian que los seis inculpados, “al margen del ejercicio de sus funciones profesionales, se coordinaron con determinados periodistas” para generar, “desde la absoluta impunidad un contexto mediático, una opinión social desviada, que intencionadamente vulneraba el derecho a la presunción de inocencia en contra de los investigados”. Para ello, subrayan, “se dedicaron a la pública difusión de investigaciones y actuaciones policiales y decisiones judiciales, bien secretas, bien reservadas, al tiempo que evitaban que las defensas tuvieran acceso a la información veraz y pudieran ejercer su trabajo cercenando su participación en el moldeado de la instrucción realizada sin contradicción”.

Cuatro años de secreto sumarial

Una actuación que, a su vez, postulan que “servía para proponer (cuando no imponer) a quienes intervenían en el proceso en calidad de testigos el contenido de sus declaraciones aún a sabiendas de su falsedad”, lo cual “era posible por la presencia coactiva en tales declaraciones de todos o algunos de los policías acusados con el veto de la presencia de los abogados defensores, valiéndose del secreto de la instrucción mantenido durante cuatro años”.

“Con ello, generaron un clima social que condujo a que nadie pudiera llegar a cuestionar las decisiones tomadas por los policías investigadores, por el magistrado instructor y el fiscal adscrito al caso”, abundan, siendo éste “uno de los objetivos principales en la estrategia de vulneración de sus derechos fundamentales por los seis acusados”.

Otro de los hechos que señalan los acusadores se produjo mientras Sbert se hallaba detenido en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía tras ser detenido, junto a Cursach, a finales de febrero de 2017. Tal como denuncian, el empresario fue visitado reservadamente por el subinspector Miguel Ángel B.V., quien, aseguran, “le dijo que tenía que implicar a José María Rodríguez [exconseller de Interior en la última legislatura de Jaume Matas, expresidente del PP en Palma y exdelegado del Gobierno en Balears], ya que de lo contrario iría a prisión un mínimo de cinco meses”. Se trata de un episodio que, recriminan, se habría repetido dos días después, cuando Sbert estaba pendiente de prestar declaración judicial.

Los responsables y exdirectivos del grupo Cursach centran, además, buena parte de su escrito en las presuntas actuaciones llevadas a cabo por los antiguos investigadores para supuestamente “intimidar” a los detenidos en una de las piezas en las que se desgajó el caso Cursach: la relativa a la supuesta alteración del concurso para adjudicar el servicio de regulación del aparcamiento (ORA) en Palma. Un fleco, finalmente archivado en el que fueron arrestados varios empresarios, los nueve funcionarios que integraban la mesa de contratación que tramitó el expediente y los padres y el hermano del exconcejal del PP Álvaro Gijón.

“Los seis acusados se coordinaron para intimidar a los detenidos del caso ORA con la finalidad de que realizaran declaraciones incriminatorias falsas o inducidas sobre las que apuntalar la investigación policial y las resoluciones judiciales”. Este fleco del caso Cursach fue finalmente archivado por la Audiencia Provincial de Balears al no considerar acreditados los hechos investigados.

“Piensa en qué pruebas podemos ir a buscar”

La propia Fiscalía Anticorrupción alude a los mensajes de WhatsApp que Penalva, Subirán y el resto de acusados se remitieron durante los días en que el caso ORA se hallaba en su apogeo y en los que, señala el Ministerio Público, se aprecia la “premeditada” decisión de enviar a prisión a varios de los encausados así como el hecho de que “no existía ninguno de los presupuestos que exige la Ley para acordarla”.

Entre los mensajes que pueden leerse, la inspectora que participa en el chat señala: “Piensa en qué pruebas podemos ir a buscar o pueden alterar, no manipular”, tras lo cual otro de los policías afirma: “A lo mejor podemos decir que Serna [uno de los investigados] se ha incorporado después de cinco meses ex profeso para influir en el nuevo concurso y alterar y manipular las facturas que faltan”. “Estoy con vosotros”, añade en un momento dado el fiscal Subirán, quien sentencia: “Hoy en el calabozo y mañana en la carretera de Valldemossa”, en referencia a la ubicación del centro penitenciario de Palma. 

“Se me ocurre que si queremos acordar una prisión quizás es un error hacer los testigos mañana. Deberíamos dejarlos para otro día y llamar también a algún que otro capataz más”, llega a afirmar, en otro instante, el juez Penalva. El inspector de Blanqueo pregunta acto seguido: “¿No crees que es mejor cancelar las declaraciones de mañana para tener cosas pendientes por si decidís enrejar a alguno?”, a lo que el fiscal responde “perfecto”.

Un informe de la Policía Nacional abunda, además, en que, con la detención de los padres y el hermano de Gijón, los antiguos investigadores buscaban que el exconcejal llegara “jodido” a su declaración en la causa. Asimismo, el informe policial señala que el exjuez Penalva, habría pedido a un subinspector de Blanqueo “apretar” a un empresario para que implicase al exconcejal del PP en el cobro de comisiones.

“Todos los acusados actuaron coordinadamente para, mediante la intimidación que suponía la extensión de un mandamiento de prisión provisional, declarasen en contra del resto de los detenidos”, incide la representación procesal de Cursach, Sbert, Bergas y Lladó.

En paralelo, Anticorrupción ha pedido abrir, al margen de este procedimiento judicial, una nueva línea de investigación para determinar si Penalva, Subirán y la inspectora de Blanqueo incurrieron en delitos de detención ilegal, coacciones a imputados y testigos y prevaricación y que se deduzca testimonio sobre la propia policía -quien durante su declaración en el juicio del caso Cursach se ancló en el “no recuerdo” mientras la presidenta del tribunal, Samantha Romero, le advertía de que su actitud tendría “efectos gravísimos”- así como sobre otros tres testigos que, según el Ministerio Público, faltaron a la verdad durante la vista oral que el pasado miércoles quedó vista para sentencia.