Una familia con seis miembros afectados por algún tipo de discapacidad ha sido desalojada este jueves de una finca ubicada en la localidad mallorquina de Llucmajor. “No conocemos un caso más grave de desahucio en todo el estado español y probablemente de Europa”, recriminan desde la plataforma Stop Desahucios, que desde hace varios años les presta asesoramiento y estas semanas ha vuelto a movilizarse con el objetivo de intentar frenar, sin éxito, el sexto lanzamiento al que se ha enfrentado esta familia.
Entre fuertes medidas de seguridad -hasta el lugar se ha desplazado una veintena de agentes de la Guardia Civil- y la presencia de numerosas personas que se han personado en el lugar para apoyar a los afectados, el desahucio se ha llevado finalmente a cabo y durante el mismo se han vivido situaciones de tensión. Tras la desocupación, la familia, acompañada por sus mascotas y cargada con sus pertenencias, ha acudido al Ajuntament y, mientras esperaban a ser atendidos, los afectados y los miembros de Stop Desahucios han sido desalojados por la Policía Local y la Guardia Civil. Ahora, lamentan desde la entidad, la familia se encuentra en la plaza de España de Llucmajor “sin tener adonde ir”.
La plataforma ha denunciado, además, las condiciones meteorológicas en las que se ha llevado a cabo el desahucio. “Los hemos tenido que poner a cubierto bajo la terraza de una casa privada. Ha empezado a llover y no tienen ningún otro sitio antes de decidir adónde ir y qué hacer”, afirma Joan Segura, miembro de la entidad, en declaraciones a elDiario.es.
En concreto, la familia Santiago Moreno está formada por 10 personas divididas en varias unidades familiares. Cinco de ellas, de mediana edad, cuentan con un grado de discapacidad reconocida que fluctúa entre el 65 y el 95%. Además, hay un menor de edad con un 36% de discapacidad. Entre todos ellos padecen cerca de 20 enfermedades crónicas e incluso terminales, según la plataforma antidesahucios.
Desde Stop Desahucios señalan que la familia contactó con la entidad hace cerca de cuatro años, a las puertas de su tercera fecha de lanzamiento, y desde entonces ya han fallecido tres de sus miembros, dos de ellos en los últimos meses meses y un tercero, Angelino, dos días antes de la fecha del tercer desalojo, que estaba previsto el 3 de diciembre de 2018. La familia se asentó en el chalet a finales de 2017 y, desde entonces, ha vivido en precarias circunstancias, sin agua corriente ni electricidad.
En concreto, el desahucio está promovido por Abanca (antigua Nova Caixa Galicia), “rescatada por el Estado y regalada a un banquero internacional que ha sacado pingües beneficios durante estos años”, denuncian desde la plataforma de afectados, quienes lamentan que el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Palma “insiste en desahuciar sin valorar siquiera las medidas que pudiera tomar la Administración y sin ponderar en ningún momento las consecuencias”.
Como aseveran desde Stop Desahucios, la resolución del comité de derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de la ONU 166/2019 es plenamente vinculante para el Estado español, al que solicita que suspenda el lanzamiento u ofrezca alternativa. “El Tribunal Supremo reconoce que los dictámenes condenatorios al Estado español son vinculantes y de obligado cumplimiento para el Estado. Y, sin duda, las resoluciones de medidas cautelares también lo son, dada cuenta de que fueron aceptadas por el Estado cuando firmó los tratados y sus protocolos”, abundan.
Del mismo modo, critican que el Instituto Balear de Vivienda (Ibavi) del Govern “todavía no ofrece alternativa. La familia presentó solicitudes de vivienda por separado por ser demasiados para una sola vivienda”. Los activistas aseveran que hasta finales de de 2021 la familia afectada tenía una puntuación baja “por culpa de la normativa del Ibavi en cuanto a la antigüedad del empadronamiento, entre otros motivos, por los que hemos elaborado recursos que no han sido admitidos). Ahora la puntuación es aún más baja por el fallecimiento de dos de nuestras compañeras y miembros de la familia”.
Frente a ello, fuentes de la Conselleria de Movilidad y Vivienda -de la que depende el Ibavi- señalan que el organismo ha atendido en diferentes ocasiones a la familia y se le ha dado el apoyo necesario para poder inscribirse correctamente en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida. De hecho, explican que figuran en las listas de adjudicación de viviendas vacantes, si bien no con la puntuación suficiente para poder acceder a una vivienda en estos momentos, ya que en tales listas hay familias con mayor puntuación que esta familia.
Sin embargo, visto el estado en el que se encuentran, el pasado martes fueron atendidos por el trabajador social del Ibavi, que les derivó al Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), que cuenta con viviendas cedidas del Ibavi para poder hacer frente a situaciones de emergencia.
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