“La primera infancia debe velar por la protección del menor y su interés desde la equidad y con un servicio de calidad”. Así de contundente se explica la portavoz de la Asamblea 0-3 en Balears, Maria José Jiménez. Para ella, esta etapa educativa es fundamental para el desarrollo de los más pequeños. Y, justamente, en esta misma línea trabaja desde hace años el Govern con las entidades y el resto de administraciones para poder hacer del 0-3 una auténtica etapa educativa y que, como las demás, pueda ser totalmente gratuita. “Hemos ido avanzando, consiguiendo algunos hitos, y uno de ellos era la gratuidad. Lo más importante es que la convención de los derechos del menor marca el derecho de los más pequeños a ser escolarizados”, sigue Jiménez.
Según los últimos datos del Ministerio de Educación, en el conjunto de España solamente 4 de cada 10 niños (el 41,4%) accede a esta primera fase de la educación. Son 8,2 millones, de los cuales 8.400 estaban matriculados el curso pasado en Balears. En esta comunidad, esta tasa desciende hasta el 28,5%, la quinta más baja de España. El objetivo del archipiélago, estos últimos años, es poder llegar a la media española de cara al 2024.
Para ello, el pasado 16 de agosto se aprobó en Consell de Govern extraordinario el decreto ley para garantizar la escolarización gratuita a las familias con pequeños de 2 a 3 años. Es decir, solo para una parte de toda la población escolar de primer ciclo de educación infantil. Estos centros tienen establecidos unos precios públicos que deben pagar las familias, los ayuntamientos y los consells insulares, con algunas ayudas del Govern.
Por eso, se decidió invertir 13,1 millones de euros para seis meses de 2023 y 18,6 millones para el curso completo. En otras palabras, cada escoleta pública -que no guardería, ya que estas sólo son asistenciales y no educativas- recibirán 45.000 euros por cada aula de 2-3 años que disponga. Esta fue la confirmación del inicio de la gratuidad en Balears. “La gratuidad es efectiva a nivel de familias”, comenta Jiménez, quien considera importante que éstas “se puedan ahorrar 2.500 euros por cada niño”.
Según el Govern, 5.274 alumnos de 158 centros de los 184 que existen (108 públicos y 50 privados integrados en la red complementaria) se benefician de la gratuidad este curso. Además de estas ayudas, también se ha previsto un incremento de la dotación de los módulos de 0-1 años y de 2-3 años, así como la creación de 28 nuevos centros de 0-3 años y la ampliación de 10 más, para aumentar un 75% las plazas.
Según el Govern, 5.274 alumnos de 158 centros de los 184 que existen (108 públicos y 50 privados integrados en la red complementaria) se benefician de la gratuidad este curso
Pero, ¿son efectivas estas ayudas? “Esto es solo un paso”, apunta Jiménez, y para ella va en la mejor de las direcciones. “Las entidades 0-3 hace tiempo que lo ponemos sobre la mesa y cuando lo anunciaron fue una sorpresa para nosotros. Pero el camino se hace caminando, trabajando conjuntamente”, matiza. De momento, la gratuidad solo es para los alumnos de 2-3 años, aunque es cierto también que es en esta edad donde hay más población de niños de 0 a 3.
Los beneficios de la universalización de la primera etapa de la educación infantil son bastante claros para UNICEF, quien celebró los anuncios de Pedro Sánchez en 2018 relativos a esta cuestión. “En los primeros años de vida los niños reciben la base de su salud física y mental, su seguridad emocional, su identidad cultural y el desarrollo de sus aptitudes”, apunta la organización, quién también añade que esta educación “es una herramienta clave en la lucha contra la pobreza infantil”, ya que “beneficia la conciliación y que los padres (mayoritariamente madres) se incorporen al mercado laboral”. Unicef subraya que la inversión en la etapa 0-3 es “necesaria y rentable”.
De hecho, Jiménez sostiene que el hecho de empezar con esta gratuidad ya “permite detectar cualquier necesidad entre los alumnos”, ya que hay un equipo de valoración primeriza. Esto permite que el pequeño pueda ir al CEIP (Centro de Educación Infantil y Primaria) con el soporte que necesitan: “Esta observación es muy importante para prevenir y detectar si necesitan un apoyo específico”. “Pensamos que la Conselleria de Educación ha dado un primer paso y tiene que seguir dando pasos valientes y decididos. Tenemos que avanzar. Tiene que ser progresivo, la LOMLOE marca un término de 8 años para extender la gratuidad. Y por eso se tiene que priorizar que haya plazas públicas suficientes para todo el mundo”, sentencia.
La Conselleria de Educación ha dado un primer paso y tiene que seguir dando pasos valientes y decididos. Tenemos que avanzar. Tiene que ser progresivo, la LOMLOE marca un término de 8 años para extender la gratuidad
Los Ayuntamientos asumen competencias que no tienen
El papel de los ayuntamientos en la red de escoletas públicas es clave. Y lo es por un sencillo motivo: ellos asumen unas competencias que no tienen de per se -son del Govern balear- para que puedan existir estos centros, ya que el Ejecutivo autonómico aún no se los ha hecho suyos, como pasa con el resto de centros educativos de edades más avanzadas.
En el debate para la validación del decreto en el Parlament, el conseller de Educació y Formació Professional, Martí March, era bastante claro: “El 0-3 tiene que ser una etapa educativa”. Pero para que esta etapa educativa se pueda desarrollar de la mejor manera posible, las competencias, según los ayuntamientos, deben ser del Govern.
El presidente de la Federación de Entidades Locales de las Illes Balears (FELIB), Antoni Salas, explica que los municipios empezaron a asumir la competencia con una perspectiva más asistencial y si el Govern quiere que tenga una perspectiva más educativa, todo ello “supone unos costes más elevados”. Por este motivo, “lo ideal sería que a la larga lo asuma el Govern”, ya que muchos consistorios se ven obligados a hacer equilibrios presupuestarios para poder tener en marcha estas escoletas.
Además, Salas apunta que el anuncio de la gratuidad de la etapa 2-3 años fue precipitado: “Nos lo anuncian en una reunión previa a una rueda de prensa en agosto para poder aplicarlo a partir de septiembre. Esto supone más de un dolor de cabeza para los ayuntamientos, ya que el Govern establece una gratuidad sobre algo que está regulado por diferentes ordenanzas municipales de obligado cumplimiento”.
Según Salas, de hecho, en muchas ocasiones los consistorios no podían exonerar a las familias con los pagos y se han tenido que encontrar fórmulas para poder hacerlo posible, también hacia las concesionarias. Aun así, Salas entiende que estos equilibrios se deben hacer “por un bien común”, como es la gratuidad de la enseñanza y “se asumen de buena gana”.
De todos modos, el presidente de la FELIB insiste en criticar las maneras del Govern, ya que se avisó a posteriori de una decisión que les implica de manera directa. “La prueba de que se implementó de manera precipitada fue que cuando nos dieron participación a los municipios, se tuvieron que rectificar las cantidades que se subvencionaban e incrementarlas”.
También MÉS per Mallorca, socio del Ejecutivo, subrayó durante el pleno de validación del decreto que las competencias deben permanecer al Govern: “Es una cuestión de justicia y de coherencia, lo que no puede ser es que los ayuntamientos asuman solo el trabajo y no las competencias dotadas”.
Más allá de este debate, la oposición opina que el anuncio de la gratuidad de 2 a 3 años “discrimina” al alumnado que acude a centros autorizados, pero que no son de la red complementaria, según el PP. Mientras que por parte de Ciudadanos se criticó que esta medida sólo beneficiaría al 30% de los niños y las niñas de Balears y “sólo garantiza la gratuidad de cuatro horas”.
En estos momentos, hay convenios con ayuntamientos y con la red complementaria para la creación de 2.400 plazas hasta el curso 2024-2025. De los matriculados en escoletas, en Balears acuden a centros públicos el 65,8% de niños en esta etapa, cuando la media nacional es del 53,9%.
Avance desigual en toda España
Cabe recordar que el pasado 13 de diciembre el Ministerio de Educación se reunió con las comunidades autónomas para aprobar el segundo paquete de ayudas provenientes de fondos europeos destinados a extender la escolarización de 0 a 3 años. El curso pasado se anunció un paquete de 600 millones de euros para crear más de 65.000 plazas. Una ayuda que ha venido perfecta al Govern para poder empezar a cumplir con sus promesas electorales y los acuerdos recogidos en el Pacte de Bellver. De hecho, era el PSIB quien en mayo de 2019 anunciaba con un chupete rojo gigante en medio de la Plaça Major de Palma el objetivo de crear 16.000 plazas de infantil -que en estos momentos reducen a poco más de 12.000- para garantizar que la educación 0-3 años sea universal y gratuita.
¿Pero cómo se ha desarrollado la implementación de la educación 0-3 en el resto de España? El resumen es que de manera desigual. Una de las diferencias, y que afecta a Balears, es que, debido al crecimiento de la población escolar que las islas han padecido durante los últimos años, no han tenido la misma posibilidad que otras comunidades que sí han perdido población escolar y que, por tanto, han podido utilizar centros de infantil y primaria para poder escolarizar en esta etapa. Si bien, las entidades 0-3 de Balears prefieren que no se lleve a cabo esta solución y que los centros de 0-3 no se unifiquen a los demás. Como mucho, sí que ven bien la posibilidad de tener centros de 0 a 6 años.
Lo que es cierto es que este curso son, además de Balears, Catalunya, la Comunitat Valenciana y Castilla y León los territorios con la educación de 2 a 3 años gratuita. En La Rioja ya se extiende por toda la etapa, lo mismo que Galicia. En Madrid también está vigente, así como lo anunció el País Vasco.
Algunas voces sostienen que este dinero, aunque sí que facilitará la creación de plazas, será insuficiente para sostenerlas. De hecho, desde CCOO se publicó un informe en el que se especifica que para universalizar la etapa 0-3 con la creación de nuevas plazas públicas, la inversión de 660 millones se debía multiplicar por cinco, hasta los 3.300 millones.