“Este informe, más que justificar ante la sala la retirada de acusaciones, tiene otro objetivo: reconocer ante los acusados que han sufrido una injusticia, y que el cambio de la Fiscalía supone un intento mínimo de reparar el daño producido”.
Entre lágrimas y sin contener la emoción, el fiscal Tomás Herranz, personado en el juicio del caso Cursach, ha reconocido ante todos los allí presentes que la instrucción de esta causa y posterior enjuiciamiento “es un fracaso total de la Administración de Justicia, un fracaso sin paliativos” que ha provocado la “muerte civil” de los 17 procesados que se han sentado en el banquillo, quince de ellos ya absueltos, entre quienes se encuentran el principal empresario del ocio en Mallorca, Bartolomé Cursach, y su número dos, Bartolomé Sbert, acusados durante más de cinco años de liderar una trama mafiosa político-policial dirigida a salvaguardar su autoridad en la noche. En una imagen inédita, acusados y defensas han estallado en un extenso aplauso tras escuchar las palabras del fiscal.
Pasadas las 14.00 horas, la vista oral sobre uno de los procesos más complejos de cuantos se han instruido en Balears quedaba vista para sentencia. Tras 36 sesiones desde que el juicio arrancara el pasado mes de junio en la Audiencia Provincial de Palma, la presidenta del tribunal, Samatha Romero, ponía fin al mismo tras conceder a los procesados el derecho a la última palabra. Si bien Cursach ha renunciado a hacer uso de éste, sí se ha pronunciado Sbert para manifestar el “terror” vivido durante estos años de investigación y aceptar “la disculpa por todo el dolor que nos han hecho”: “Fuera de aquí, para muchos seguimos siendo la mafia, pero ustedes han podido comprobar cómo somos como humanos y cómo hemos sido como empresarios”.
Previamente, Herranz, quien junto a su compañero Juan Carrau ha dirigido la labor del Ministerio Público en la vista, ha realizado un duro alegato contra las investigaciones llevadas a cabo en torno al considerado rey de la noche mallorquina por parte del exjuex Manuel Penalva y del exfiscal Miguel Ángel Subirán, quienes ha reclamado que deben ser investigados por presuntos delitos de coacciones a testigos e imputados, detención ilegal y prevaricación.
“Lo peor es que todo esto se publicara [en prensa] continua e inmediatamente y no se hiciera nada para impedirlo, si es que no se alentaba. Se consiguió ese efecto hasta hoy: la muerte civil de los acusados. Este procedimiento es un fracaso total de la Administración de Justicia”, ha remarcado el fiscal.
“Algún jurista diría que el hecho de que un proceso termine con sentencia absolutoria es un fracaso de la Justicia, pero este, en cualquier arco desde el que se mire, lo ha sido sin paliativos y así ha sido reconocido hasta por las acusaciones particulares cuando han manifestado que nada ha quedado acreditado”, ha subrayado Herranz, incidiendo en que los acusados “no han hecho nada delictivo. No lo han hecho”.
Durante su intervención, que se ha prolongado durante más de dos horas, ha mencionado las “calumnias” efectuadas por el dueño de una las principales discotecas situadas en el Paseo Marítimo de Palma -donde también se ubicaba la famosa discoteca Tito's, buque insignia del Grupo Cursach-, quien aseguraba que su local -una discoteca “infractora continua”, en palabras del fiscal- fue sistemáticamente hostigado con inspecciones por orden de Cursach y Sbert.
“Esto llegó a las orejas del equipo instructor, le susurraron a los oídos su versión y aturdieron el cerebro de este grupo de investigadores, que perdió el sentido, y el resultado es este, el menoscabo de la fama de los acusados injustamente, porque no han hecho nada delictivo”, ha abundado.
En esta línea, Herranz ha relatado que, durante la instrucción del caso Cursach, se produjo “un uso injustificado de testigos protegidos, un deliberado sesgo contra los reos y un seguimiento acrítico e irracional”, ha manifestado, insistiendo en que “lo que aquí ha pasado es la calumnia”. Desempolvando un pasaje de la ópera 'El barbero de Sevilla', el representante de la acusación pública ha manifestado que “la calumnia es una brisa que empieza a susurrar y, por desgracia, la finalidad de la misma es que el calumniado acabe humillado, pisoteado y bajo el azote público”, ha aseverado ante el tribunal, abundando en que “esto, sin excepción, es lo que han sufrido todos los acusados de manera injusta”.
En una de sus intervenciones de este miércoles, la presidenta de la sala, quien en 2016 fue ponente y encargada de redactar la sentencia del caso Nóos, que sentó en el banquillo a la infanta Cristina y Iñaki Urdangarin, ha señalado que el tribunal ha actuado “con rigor y escrupuloso cumplimiento de la legalidad. Me he tenido que emplear a fondo pero lo único que he pretendido es que todo el mundo pudiera defenderse”.
Otro de los momentos cruciales de la última sesión del juicio ha sido la intervención de los acusados en el turno de última palabra. El primero en pronunciarse ha sido uno de los dos únicos policías que han acabado la vista como acusados por presuntas coacciones contra un bar de Palma: “Creo que volveré a creer en la justicia. Estaba totalmente decepcionado. Yo no lo pasé tan mal como lo ha pasado mi esposa, que es trabajadora de los Juzgados. Los instructores se dedicaban a hablar de mí, mentiras evidentemente, y ella tuvo que soportar eso”, ha manifestado, para terminar mostrando su agradecimiento “a la gente que ha trabajado mucho para defendernos y que saliera a la luz todo lo que nos ha pasado. El ministerio fiscal nos han dejado... No sé cómo agradecérselo. Realmente es para quitarse el sombrero”.
Tras él, el exjefe de la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma, Gabriel Torres, quien se encuentra entre los absueltos, ha intervenido en la misma línea: “Todos volveremos a creer en la Justicia y ustedes son los responsables. Hemos pasado siete años y medio muy duros”. Torres denunció en su día que centenares de denuncias de vecinos acreditarían que la Policía Local sancionó a decenas de locales nocturnos por incurrir en graves infracciones por ruidos, aperturas sin licencia y venta de drogas y no con el objetivo de perjudicarles por ser competencia del grupo Cursach.
El hasta ahora acusado ha aludido, asimismo, a varios incidentes que habrían motivado que le involucrasen en el caso Cursach, como la visita que un día recibió por parte del exfiscal Subirán a cuenta de “un problema de ruidos de aires acondicionados en su casa. Le traté exquisitamente. Le expliqué el procedimiento. Le puse uno de los mejores técnicos en mediciones sonométricas”. “A los cuatro o cinco meses empezó a llamarme para ver qué había de lo suyo. Apareció en el cuartel y empezó a hacer quejas un día tras otro, diciéndonos de todo. Nos llegó a decir: 'Soy un perro de presa y cuando muerdo no suelto'”. “Yo fui a prisión nueve meses y medio, estuve tres años y nueve meses suspendido de empleo y sueldo y el que hizo la medición estuvo un mes en prisión. Esta fue la mordedura del fiscal”, ha remachado.
Otro de los policías que ha tomado la palabra ha sido Feliciano Franco, quien también ha sido absuelto: “Se nos acusó de cosas que se han demostrado inciertas. Rozaba lo grosero”, ha señalado, sentenciando la actuación del Ajuntament de Palma respecto a ellos. “Está claro, son ocho años de legislatura; sacaron rédito de fustigarnos públicamente”, ha abundado. “Soy policía desde hace 28 años y estaba harto de decirles a los detenidos que en el juzgado se aclararían las cosas. Hasta hoy había prometido que no volvería a decirlo. Creo que ahora podré volver a decirlo”, ha espetado.
Por su parte, el también agente Rafael Amengual ha manifestado que nunca hizo “nada delictivo. Me buscaba la vida como cualquier otra persona y siempre he mantenido el uniforme limpio”.
También ha intervenido el funcionario del Ajuntament de Calvià Jaime Nadal, quien ha recordado el proceso judicial como una “selva oscura”. “Como servidor público, ese grupo organizado pretendió arrebatarme lo único que poseo: el trabajo bien hecho y la credibilidad delante del administrado. Se me pretendió arrebatar de cuajo un trabajo de 30 años”. Nadal fue inicialmente acusado de favorecer los negocios de Cursach cuando era director general de Turismo en la localidad mallorquina.
El último que ha hablado ha sido Sbert. Lo ha hecho para celebrar haber vencido a la “tormenta perfecta”, en la que en la que participaban un fiscal, un juez y un grupo de policías, “la élite del momento”. “Nuestros padres nos han inculcado unos valores que hemos transmitido a nuestros hijos. El respeto, el compromiso con tu familia y que la Policía, la justicia y los fiscales eran buenos. De pronto nos vimos en prisión. Apareció San Antonio [en alusión a su abogado, Antonio Martínez] y me dijo que no ve ningún delito y que cree que estamos ante la tormenta perfecta: un juez, un fiscal y un periódico que les daba altavoz”.
El que fuese mano derecha de Cursach, con quien se ha fundido en un abrazo tras su intervención, ha confesado que, durante la instrucción del caso, quiso quitarse la vida: “Estuve a punto de suicidarme. Tenía la mano en la barandilla de un puente”. “He estado 20 años a las órdenes de Bartolomé Cursach, hemos creado una empresa con 1.800 trabajadores. A él lo han arruinado y a mí también. Yo he perdido mi trabajo. La conclusión final es que estoy arruinado, pero absuelto”, ha sentenciado.
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