Detención ilegal, coacciones y prevaricación. Son los presuntos delitos que la Fiscalía Anticorrupción atribuye al juez y al fiscal que investigaron al considerado rey de la noche mallorquina, Bartolomé Cursach, quien este martes ha sido absuelto por la Audiencia Provincial de Balears tras varios años de sospechas en torno a un supuesto entramado mafioso urdido para proteger los intereses del magnate y que, según las acusaciones, no han quedado acreditadas en el juicio que se celebra por estos hechos. El Ministerio Público reclama así que se abra una nueva línea de investigación contra el antiguo instructor del caso Cursach, Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y una inspectora de Blanqueo que colaboraba con ellos al frente de las pesquisas.
Así lo ha anunciado el fiscal Juan Carrau durante la jornada de este martes de la vista oral que arrancó el pasado mes de junio y que ya encara su recta final. De las 17 personas que inicialmente se encontraban acusadas, entre ellas el propio Cursach y su número dos, Bartolomé Sbert, tan solo dos han quedado en el banquillo por un supuesto delito de coacciones a raíz de sus inspecciones contra un bar de Palma. Y ello después de que Anticorrupción y el resto de acusaciones -empresarios que acusaban a todos ellos de haberles hostigado con inspecciones hasta hundir sus negocios- hayan retirado todos sus cargos por falta de pruebas.
“Quedan todos ustedes absueltos”
De este modo, y por principio acusatorio, el tribunal ha anunciado 'in voce' la absolución de quince de los procesados: “Quedan todos ustedes absueltos”, ha proclamado la presidenta de la Sala, Samantha Romero, quien les ha informado de que, una vez exonerados, podían abandonar la Sala o quedarse, optando todos ellos por continuar en el banquillo para presenciar los últimos coletazos del juicio.
Además de reclamar que se indaguen las presuntas conductas delictivas atribuidas a exjuez, exfiscal e inspectora -a quienes podrían sumarse otros supuestos autores de tales actuaciones-, la acusación pública ha solicitado que se deduzca testimonio -se abra una investigación- sobre la propia policía -quien durante su declaración en el juicio se ancló en el “no recuerdo” mientras la presidenta del tribunal, Samantha Romero, le advertía de que su actitud tendría “efectos gravísimos”- así como sobre otros tres testigos que, según Carrau, faltaron a la verdad en su comparecencia. “De lo actuado hay indicios de falso testimonio por parte de varios testigos”, ha señalado el fiscal, precisando que en el caso de una de las declarantes se pronunciaron “mentiras ostentosas”.
Por tales hechos, Anticorrupción reclama, asimismo, testimoniar las declaraciones de todos los acusados por considerar que habrían resultado perjudicados por el falso testimonio de los testigos, así como de otras cuatro personas que en su día fueron investigadas y encarceladas en el marco del caso Cursach y que también pudieron haber sido víctimas, en palabras de la Fiscalía, de los supuestos delitos cometidos por Penalva y Subirán.
“Hemos procurado ser estrictos. En todos los juicios hay testigos que acaban de decir la verdad, que a veces mienten. Pero de los que hemos pedido la deducción de testimonio se han producido hechos muy graves”, ha aseverado, por su parte, el fiscal Tomás Herranz. En esta línea, ha aseverado que la desmemoria e de la inspectora de Blanqueo fue “especialmente sangrante”: “Tenía un posición preponderante en el grupo de Blanqueo, realizó una labor intensa e importante. Es intolerable que llegue aquí y no se acuerde de nada”. Sobre el exfiscal Subirán, ha recriminado que éste tenía “obsesión” por incluir en las declaraciones de los testigos aspectos que apuntalasen sus investigaciones en sentido incriminatorio.
“Temeridad y mala fe”
Asimismo, ha aseverado que el juicio ya arrancó con una notable reducción en la petición de condenas por parte del Ministerio Público y con la retirada de cargos a seis investigados al sostenerse las acusaciones contra ellos en testigos dudosos, por lo que habría sido “indecoroso” mantenerlos en el banquillo.
En su intervención ante el tribunal, Herranz ha cuestionado duramente la instrucción llevada a cabo. En este sentido, ha subrayado que no se le puede “reprochar” a un juez que acuerde una medida cautelar “con base a una información que tiene en un determinado momento y luego se demuestre insuficiente”. Sin embargo, ha destacado que en el caso Cursach “es distinto, es especial. No es normal por lo que ha pasado. Hemos visto que la investigación del caso no se ha llevado conforme a las más elementales reglas del buen hacer de un juez”. “Decir las cosas no las convierte en verdad. Hay que acreditarlas”, ha recalcado.
Por su parte, las defensas han reclamado la imposición de las costas del proceso a las acusaciones particulares por “temeridad” y “mala fe” en el ejercicio de sus funciones. “Lo que hemos visto no es solo temeridad. Había mala fe. Señoría, esto no puede quedar así”, ha aseverado el abogado de Cursach, el exfiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina, quien ha recriminado que su patrocinado, en un caso “esperpéntico”, ha sido sometido “durante cinco o seis años a este proceso de una forma manifiestamente injusta”.
“La leyenda y el mito del señor Cursach”
En esta línea, el letrado de Sbert, Antonio Martínez, ha subrayado cómo “estos sujetos” -en alusión a Penalva y Subirán- “actuaban de forma conjunta, bajo una unidad pavorosa de acción y no de forma espontanea y legitima” mientras se encontraban al frente del caso Cursach. El abogado ha criticado que, además de su actuación procesal, los empresarios que “han mantenido hasta el final la acusación acudían a los platós de televisión y a las entrevistas porque necesitaban la cuarta pata tras el juez, el fiscal y la policía: los medios de comunicación. Sin ese altavoz mediático no se hubiera agigantado la leyenda y el mito del señor Cursach”.
El penalista ha abundado en que los empresarios acusadores han sido “falsos perjudicados” que dieron un “salto al vacío”, acusando en falso “a cambio de indemnizaciones millonarias” como las que hasta este martes solicitaban en el juicio. Finalmente, ha señalado la “mala fe y el abuso, que ha sobrepasado todo límite” y ha apuntado que el auto de prisión contra Cursach y Sbert -quienes fueron encarcelados de forma provisional en marzo de 2017- habría sido redactado, al menos, dos semanas antes de su arresto y su posterior ingreso en la cárcel. “Estaba todo decidido y pergeñado por los integrantes del grupo. Fue un auto ficticio de arriba abajo”.
Auto de prisión redactado de antemano
No en vano, las conversaciones vía whatsapp mantenidas previamente a las detenciones por Penalva, Subirán y los miembros del grupo de Blanqueo que trabajaron codo con codo al frente del caso Cursach demostrarían, según el letrado, que la decisión de enviar a la cárcel a ambos empresarios ya estaba tomada de antemano: “Subi, estamos pensando en hacer las detenciones gordas [en referencia a Cursach y a Sbert] el día 28 y pasarlos a disposición [judicial] el 2 o el 3. ¿Cómo te va a ti?”. “¡Esto es un guion bien hecho que pone las cosas fáciles!” o “¿preparados para día D hora H?” son algunas de las frases que se intercambiaron durante los catorce días anteriores a los arrestos.
Además de los cuatro testigos que la Fiscalía señala que mintieron durante su declaración en el juicio, las defensas solicitan que también se investigue a los empresarios que, aseveran, han sostenido en falso graves acusaciones contra Cursach y el resto de procesados. Entre ellos, el dueño de una las principales discotecas situadas en el Paseo Marítimo de Palma –donde también se ubicaba la famosa discoteca Tito's, buque insignia del grupo Cursach–, quien acusaba a Cursach y a Sbert de instar el continuo hostigamiento y la persecución de su establecimiento mediante inspecciones. Las defensas y varios atestados policiales apuntan, sin embargo, a que los antiguos investigadores del caso Cursach “instrumentalizaron” al propietario del local para lanzar falsas acusaciones contra ellos.
Cabe recordar que, en paralelo, tanto Penalva -recusado y apartado de las investigaciones, en marzo de 2018, por falta de apariencia de imparcialidad- como Subirán y los cuatro policías nacionales del Grupo de Blanqueo con quienes colaboraban se encuentran a las puertas del banquillo por, presuntamente, coaccionar y amenazar a testigos para que declarasen en sentido incriminatorio, inducir al falso testimonio, prevaricar a la hora de acordar los arrestos y el ingreso en prisión de varios investigados, ocultar las pruebas que no se acoplaban a sus intereses y por filtrar información cuando la causa se encontraba bajo secreto.