El hijo de la histórica narcotraficante 'La Paca' se enfrenta a 52 años de cárcel por acusar en falso a varios policías

La Fiscalía Anticorrupción reclama 52 años de cárcel para Francisco Fernández Cortés, El Ico, hijo de Francisca Cortés, La Paca, histórica matriarca del poblado chabolista palmesano de Son Banya, quien se erigió su día en uno de los testimonios clave del conocido como caso Cursach. Fruto de sus manifestaciones, varios policías locales de Palma acabaron en prisión: los acusó de haberle pagado 'mordidas' a cambio de no someter a controles e inspecciones sus locales nocturnos dado que, según aseguraba, sus establecimientos eran competencia directa del magnate Bartolomé Cursach y esos agentes lo protegían. Más de seis años después, los funcionarios a quienes incriminó acabaron exonerados y El Ico, investigado por falso testimonio.

Mediante un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, el fiscal solicita, de igual modo, 52 años de cárcel para Pedro Riera, otro de los testigos más destacados que desfilaron ante los antiguos investigadores del caso Cursach. En concreto, el Ministerio Público los acusa de siete delitos de detención ilegal y otro de falso testimonio. En su calificación provisional, sostiene que ambos acusados “faltaron de forma clara, manifiesta y palmaria a la verdad en las numerosas declaraciones que prestaron en calidad de testigos”. El Ico compareció hasta en diez ocasiones en la causa y Riera, en catorce.

Anticorrupción incide en que, “sabiendo que los hechos que declaraban, bajo juramento o promesa de decir la verdad conforme al artículo 433 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), eran inciertos, se prestaron a afirmar falsamente que diversas personas habían cometido delitos”.

Los dos procesados se encuentran encausados en el marco de uno de los procedimientos judiciales que se encuentran abiertos contra los principales testigos sobre los que se sustentó buena parte de las pesquisas en torno al dueño del mayor imperio del ocio de Balears. La Justicia puso el foco sobre éstos por supuestamente mentir en sus declaraciones, lo que motivó que unas cuarenta personas, policías en su mayoría, fuesen encarceladas durante la instrucción del caso Cursach. El macrojuicio de esta causa celebrado el año pasado en la Audiencia Provincial de Balears finalizó con sus 17 procesados absueltos -entre ellos el propio Cursach-, acusados inicialmente de urdir un entramado mafioso para salvaguardar los intereses del considerado 'rey de la noche mallorquina'.

Fernández Cortés, quien acumula varias penas, entre otros numerosos episodios, por asuntos de drogas y por protagonizar un tiroteo en un club de alterne de Palma, apareció en el caso Cursach en 2015, cuando decenas de testigos comenzaron a declarar ante el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán, juzgados durante los últimos meses a raíz de las supuestas irregularidades que habrían cometido para sostener la existencia de un entramado mafioso alrededor de Cursach. Bajo la condición de testigo protegido número 13, El Ico comenzó a aportar datos que hablaban de cómo se había visto obligado a abonar 'mordidas' semanales de hasta 500 euros a varios policías a cambio de no recibir inspecciones de ningún tipo en los dos locales que regentaba, unos pagos que, relataba, efectuaba en mano cuando los agentes se personaban en sus discotecas.

Sobre uno de los agentes, manifestó que éste “hacía la ruta cobrando la 'tasa' a los empresarios de ocio nocturno de la zona y una vez que cobraba ya no volvía a pasar en cuatro o cinco meses”.

El testigo atribuía tales extorsiones a que sus negocios eran competencia directa del grupo Cursach y a que disponía de datos comprometedores relativos a la contabilidad de este conglomerado empresarial. Unos informes que ofreció a los investigadores y que, sin embargo, nunca llegó a entregar. Fruto de sus incriminaciones, los agentes a los que señaló en sus comparecencias acabaron tras las rejas, acusados de participar en una red de chantaje y extorsión que actuaba “como una auténtica organización policial instalada de manera permanente en el delito”, como hizo constar el juez Penalva en varios de los numerosos autos que, a lo largo de dos años, dictó para prorrogar el secreto de sumario de la causa.

Cursach, “La Paca de la noche”

Precisamente, otro empresario que declaró en el caso Cursach y que quería poner en marcha dos establecimientos de ocio nocturno llegó a relatar que el propietario de uno de los locales que adquirió por traspaso le dijo que, para abrir sendas discotecas, debía hacerlo de la forma que “menos perjudicara” al magnate mallorquín. “Para que lo entiendas, aquí pasa igual que en Son Banya con La Paca; Tolo Cursach es La Paca de la noche”, aseguró que le había espetado el dueño del local.

El pasado mes de febrero, durante su comparecencia por videoconferencia desde una cárcel de Madrid, El Ico evitó responder en el Juzgado sobre las imputaciones que vertió en su día contra uno de los policías a quienes acusó de haberlo extorsionado. El narcotraficante se acogió a su derecho a no contestar a las preguntas de la Fiscalía ni del denunciante y sólo respondió a algunas cuestiones aisladas que le formuló su abogada, sin entrar en detalle en el fondo de la querella interpuesta contra Riera y él por uno de los policías encarcelados y sin llegar a ratificar ni a desmentir las declaraciones incriminatorias que efectuó en su día durante la instrucción del caso Cursach.

Sí insistió en varias ocasiones en que no sabe ni leer ni escribir y que “ellos lo sabían”. Al haberse opuesto a responder a las acusaciones, no llegó a aclarar si con “ellos” se refería al exjuez Penalva, al exfiscal Subirán o a los policías de Blanqueo que, junto a éstos, llevaban la investigación.  

Frente a lo escueto que se mostró en esa comparecencia, El Ico, durante su declaración el año pasado como testigo en el juicio del caso Cursach, mantuvo la versión que había sostenido a lo largo de la instrucción de la causa al manifestar que pagaba “mordiditas” a policías locales de Palma a cambio de disponer de más aforo en su discoteca Cavalli. Reconoció, incluso, que “lo único” que había hecho en toda su vida “ha sido vender droga”. Si bien en un principio parecía que no iba a declarar –“no estoy en igualdad de condiciones. Sé de qué lado masca la iguana”, llegó a decir–, finalmente se decidió a responder tanto a las preguntas del Ministerio Fiscal como de los abogados de la defensas, no sin antes “jurar por mis muertos” que diría la verdad.