El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha declarado nulos los rastreos de llamadas y la incautación de teléfonos a dos de los periodistas de Mallorca que cubrían el caso Cursach, adoptadas por el juez Miquel Florit en 2018.
En concreto, el TSJIB ha estimado íntegramente cuatro recursos presentados por la agencia Europa Press, de la que forma parte una de las redactoras afectadas, contra las medidas de investigación acordadas hace cuatro años, después de que el Tribunal Constitucional, en marzo de 2022, diera la razón a los periodistas y declarase su derecho a impugnar las medidas.
En detalle, son tres autos por los que el juez ordenó obtener los listados de llamadas de la periodista Blanca Pou y del teléfono de la delegación de Europa Press en Balears, al igual que para el periodista Kiko Mestre y la redacción del Diario de Mallorca, en una investigación por filtraciones del caso Cursach. El juez también mandó recabar los geoposicionamientos de los móviles.
El cuarto auto ahora anulado es el dictado en diciembre de 2018, por el que la Policía Nacional entró en las redacciones de ambos medios y se incautó de los móviles y ordenadores de los periodistas. Los redactores consideraban que se había vulnerado su derecho al secreto profesional pero, al no tener la condición de investigados en la causa, no pudieron impugnar las resoluciones y elevaron el asunto al Constitucional.
La medida fue adoptada por el juez Florit mientras investigaba el origen de las filtraciones producidas cuando el caso Cursach se hallaba bajo secreto de sumario. La decisión, que marcaría el resto de su trayectoria judicial y acabaría conduciéndole al banquillo de los acusados, desencadenó una oleada de indignación de buena parte de la profesión periodística.
Los medios de comunicación e informadores afectados por la decisión se querellaron contra el juez al considerar que la confiscación de sus móviles y de su material informático eran “manifiestamente injustos” y vulneraban su derecho al secreto profesional periodístico.
El magistrado, a pesar de que finalmente resultó absuelto -en una sentencia que reconocía que había actuado injustamente pero que determinaba que su conducta no había sido intencionada, sino imprudente-, colgó la toga después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) atendiese a finales de 2019 su petición de jubilarse de forma anticipada.