Una macroplanta fotovoltaica amenaza uno de los últimos bosques de encinas de Mallorca: “Es un negocio redondo”

Con una extensión de 22 hectáreas y una previsión de 33.600 paneles solares de 625 w de potencia, el parque fotovoltaico proyectado en el municipio de Sencelles ha levantado ampollas dentro y fuera de esta localidad ubicada en pleno corazón de Mallorca. En medio de una zona de frutales, pastos, huertas y viñedos, la empresa alicantina Sun Hive quiere implantar una macroinfraestructura que, tal como denuncian vecinos y entidades ecologistas, se instalará en uno de los últimos bosques con encinas y abundante biodiversidad que quedan en el interior de la isla. Desde el Ajuntament de Sencelles, parte activa en la defensa de este territorio, recriminan que la empresa “priorice” los objetivos energéticos “por encima de las personas y la misma democracia”, “desatendiendo” las leyes vigentes y sin un proceso de participación activa por parte de la ciudadanía.

En concreto, la parcela en la que prevé instalarse la infraestructura, situada a casi dos kilómetros al sur del municipio, está calificada como suelo rústico de régimen general forestal por el Plan Director de Energías Renovables de les Illes Balears. La propia documentación del proyecto, consultada por elDiario.es, indica que las instalaciones, que prevén generar una energía de 42.85.2268 kwh al año, se pondrán en marcha sobre una garriga cubierta por una importante cantidad de matorrales, arbustos de escasa altura y plantas adaptadas a la sequía, además de pinares, lentiscos y acebuches.

La promotora del proyecto, Sun Hive, radicada en Alicante y constituida en 2020, es filial de la multinacional británica de energías renovables Hive Energy, que se encuentra implantada en España a través de decenas de mercantiles de similar nombre –Sun Hive 27, Sun Hive 34, etc.–, la mayoría creadas en el mismo día o con apenas unas semanas de diferencia y dirigidas a articular sus proyectos a lo largo y ancho del país. En algunos núcleos, la magnitud y el impacto de las construcciones previstas ha generado, como en Sencelles, la indignación de colectivos vecinales y ecologistas. elDiario.es se ha puesto en contacto con la empresa, pero eluden realizar declaraciones al respecto.

90 centrales en tramitación en suelo rústico

Como la del municipio del Pla de Mallorca, hasta el pasado mes de marzo había en la isla 74 centrales fotovoltaicas en suelo rústico y 68 en tramitación, según los datos manejados por el colectivo 'Renovables sí, pero així no', que señala que desde entonces han aumentado en se han incrementado en una veintena las que se encuentran en fase de exposición pública. En total, todas ellas prevén ocupar unas 1.700 hectáreas. El Govern balear, por su parte, señala a este medio que, en total, hay 191 plantas fotovoltaicas en suelo rústico, de las cuales 52, con una potencia de 212 mw, se encuentran activas, mientras que 139, de 1.052 mw, se encuentran no activas y se mantienen en proceso de evaluación.

'Renovables sí, pero així no' fue impulsado en 2023 –aunque años antes ya trabajaban en este sentido entidades como el GOB o Terraferida– con el objetivo de concienciar sobre la importancia de las energías renovables, necesarias para transicionar hacia un modelo energético sin combustibles fósiles, pero sin que ello suponga un perjuicio para el suelo rústico –parcelas en las que la rentabilidad es más rápida y elevada– y las tierras agrícolas fértiles de alto valor paisajístico, patrimonial y natural en un territorio ya de por sí limitado y excesivamente urbanizado.

Las plataformas que integran este colectivo rechazan un modelo basado en los beneficios privados de empresas energéticas multinacionales y fondos de inversión a costa de la protección del territorio y del suelo rústico. “No queremos dejar la producción energética a grandes inversores que, además, reciben importantes ayudas del sector público”, aseveran. Por ello, una de las principales reivindicaciones de estas entidades pasa por aprobar una moratoria en la tramitación de las centrales fotovoltaicas industriales en suelo rústico hasta la aprobación de la Planificación Territorial por parte del Consell de Mallorca, que deberá priorizar la protección del suelo rústico para la actividad agraria.

Más de 1.100 alegaciones contra el proyecto

En Sencelles, su regidor de Participación, Igualdad y Medio Ambiente, Joan Rigo (Volem Sencelles), se muestra visiblemente contrariado con el proyecto previsto al sur del municipio. “Cuando nos pidieron este parque fotovoltaico nos quedamos muy sorprendidos. Lo están proyectando en un bosque con encinas protegidas y en uno de los pocos espacios boscosos que nos quedan. ¿Cómo se atreven a tocar esto? ¿Cómo se atreven?”, enfatiza en declaraciones a elDiario.es. Hasta el momento, el Ajuntament ha recogido más de 1.100 alegaciones en contra de la infraestructura y, en una petición lanzada a través de Change.org, acumula 715 dirigidas a reclamar la moratoria para este tipo de instalaciones en suelo rústico. El PP también se ha opuesto a la instalación y ha ofrecido al alcalde hacer un “frente común” contra el proyecto. 

Tras tener conocimiento del proyecto, el Ajuntament se puso de inmediato en contacto con 'Renovables sí, pero així no', que les guio en el proceso de identificación de las leyes que se estarían vulnerando de salir adelante el proyecto. Entre ellas, el Decreto 96/2005, que establece que este tipo de instalaciones fotovoltaicas deben ubicarse en espacios degradados o de baja productividad agrícola, además de instar a la realización de un proceso de participación ciudadana. “Un requisito que no se cumple en este proyecto, que ha dejado a toda la ciudadanía al margen”, incide Rigo.

Por su parte, la Ley 10/2019 de Cambio Climático y Transición Energética emplaza a las instalaciones de energía renovable a que respeten las normativas territoriales y que se desarrollen en zonas de desarrollo prioritario, que todavía no se han delimitado en la isla. Asimismo, el Plan Territorial Insular de Mallorca (PTI), que protege el suelo rústico, prohíbe las instalaciones industriales en este tipo de parcelas al considerarlas un recurso clave para la conservación del paisaje y el mantenimiento de la actividad agrícola, por lo que únicamente permite proyectos energéticos en zonas industriales o degradadas.

De hecho, el Consell de Mallorca ya ha emitido un informe desfavorable al proyecto por su elevado impacto sobre el territorio, además de no haber justificado de forma suficiente la necesidad de ubicarlo en suelo rústico. En esta misma línea, un informe técnico de afectaciones ambientales encargado por el Ajuntament de Sencelles recalca que no se puede pretender avanzar hacia la descarbonización energética y la lucha contra el cambio climático mediante la instalación de parques fotovoltaicos que supongan la tala de árboles en una de las pocas zonas forestales del municipio, dado que esta actuación implicaría una considerable reducción de la capacidad de absorción de carbono. “Está demostrado por varios estudios de que los bosques son colectores de carbono mucho más eficiente que cualquier área agrícola o uso forestal intensivo. Aunque la pérdida forestal prevea ser compensada en otra ubicación, pasarán años hasta obtener un área boscosa de la misma envergadura y con la misma capacidad de absorción de CO2”, señala el informe, no vinculante, elaborado por el Gabinete de Análisis Ambiental y Territorial GAAT, consultado por este medio.

La Ley 10/2019 de Cambio Climático y Transición Energética emplaza a las instalaciones de energía renovable a que respeten las normativas territoriales y que se desarrollen en zonas de desarrollo prioritario, que todavía no se han delimitado en Mallorca. Por su parte, el Plan Territorial Insular de Mallorca (PTI), que protege el suelo rústico, prohíbe las instalaciones industriales en este tipo de parcelas

El regidor señala que los tejados de edificios municipales podrían aprovecharse para estos usos, como el polideportivo, el propio Ajuntament, las bibliotecas o los centros de cultura. “Hay numerosos espacios en los que instalar placas fotovoltaicas y promover comunidades energéticas para que los vecinos puedan sumarse a ellas y reducir su factura”, recalca Rigo.

El también activista confía en que el informe emitido en contra por el Consell de Mallorca (PP) sea “una llamada de atención”: “Aunque sean del PP y tengan una visión más neoliberal, espero que pongan cartas sobre el asunto porque sus propios ayuntamientos están quejándose de otras iniciativas similares”. Se refiere, en concreto, a la macrogranja avícola que Avícola Son Perot ha proyectado a dos kilómetros de la localidad de Sineu para unas 750.000 gallinas ponedoras y que, según ha denunciado Greenpeace, será la más contaminante de todo el territorio español y consumirá más de 61.000 m3/año de agua —el equivalente a unas 25 piscinas olímpicas— en un municipio que, de por sí, sufre una grave presión sobre sus recursos hídricos.

“Hasta el propio partido se ha quejado”, incide Rigo en alusión a las alegaciones presentadas por el Ajuntament de Sineu, gobernado por el PP, contra la macroinfraestructura, que contempla la ejecución de hasta diez naves agrícolas en las que se hacinarán las aves para producir unos 156 millones de huevos al año. “Es una barbaridad”, prosigue el regidor. También en Sencelles los populares se han opuesto, junto al resto de formaciones, a la puesta en marcha de la central fotovoltaica.

El Consell de Mallorca ya ha emitido un informe desfavorable al proyecto por su elevado impacto sobre el territorio. En esta misma línea, un informe técnico de afectaciones ambientales encargado por el Ajuntament de Sencelles recalca que no se puede pretender avanzar hacia la descarbonización energética y la lucha contra el cambio climático mediante la instalación de parques fotovoltaicos que supongan la tala de árboles

La propia empresa reconoce, por su parte, que 19,59 de las 22 hectáreas que ocuparía la instalación se encuentran ocupadas por vegetación, es decir, un 89% del total de la superficie. Los cálculos efectuados por Sun Hive indican que, mediante la eliminación de los árboles, se suprimiría la posibilidad de absorber hasta un total de 875,97 toneladas de dióxido de carbono (tCO2). Con todo, la mercantil propone compensar la eliminación de vegetación y su capacidad de absorción de CO2 mediante la plantación de 3.350 almendros –en una superficie menor a la que actualmente ocupa la vegetación–, que, según asegura la compañía, lograrían absorber hasta un total de 877,94 tCO2 transcurridos 35 años.

La transición energética, “urgente”

Por su parte, Margalida Rosselló, portavoz de 'Renovables sí, pero així no', apela a la necesidad de llevar a cabo una transición ecológica eficiente, pero no a costa de consumir más energía “de forma innecesaria”. “La transición es urgente porque estamos en un contexto de cambio climático y de necesidad de no continuar haciendo uso de los combustibles fósiles”, incide Rosselló, quien hace 25 años se convirtió, dentro del primer pacto de izquierdas liderado por el socialista Francesc Antich, en la primera consellera autonómica verde de España y ya entonces alertaba de los efectos que acarrearía la crisis climática.

La activista rechaza tajante que la actividad fotovoltaica sustituya los usos agrarios en suelo rústico y, sobre todo, aboga por un proceso de democratización energética en el que la sociedad pueda participar y apostar por el autoconsumo. “Cuando se lleva a cabo una transición energética tan necesaria, la sociedad no puede permanecer ajena”, subraya Rosselló, quien recrimina que, por el contrario, en la actualidad este proceso se está realizando “en función de los intereses de las empresas”, que ven la panacea en las “grandes ayudas económicas” que reciben del sector público para implantar sus instalaciones, especialmente por parte de la Unión Europea y los fondos Next Generation.

“Muchas veces quienes reciben estas ayudas son las mismas empresas que han generado más emisiones de CO2, o incluso mercantiles creadas expresamente para cobrar de forma rápida este dinero”, lamenta la ecologista, quien admite la dificultad de luchar contra esta dinámica cuando “lo que sucede es que estas empresas pagan cantidades sustanciosas a los propietarios de las parcelas rústicas”. “La vida útil de una central fotovoltaica es de 25 ó 30 años. Las empresas le pagan el dinero al propietario, cobran las ayudas públicas y después, sencillamente, lo que hacen es conectarse a la red eléctrica, vender energía y cobrar. Ni siquiera son generadoras de empleo. Es un negocio redondo”, incide.

Greenwashing de las macroindustrias ecológicas

Por ello, desde 'Renovables sí, però no així' insisten en la necesidad de preservar el suelo rústico para la actividad primaria con el objetivo de caminar hacia la soberanía alimentaria y no depender de las importaciones. “El suelo rústico es un territorio limitado y no podemos, a costa de ello, poner centrales por todas partes”, añade Rosselló, quien recalca que, para evitarlo, es necesario impulsar una planificación territorial y energética de forma coordinada. Para la exconsellera, este tipo de macroindustrias no dejan de ser un “lavado de cara” –en la actualidad se utiliza el término greenwashing para definir a las empresas que aseguran ser ecológicas, pero solo lo son en apariencia– con el que “únicamente buscan atender sus propios beneficios”.

Similares críticas recibió, de hecho, la primera planta de hidrógeno verde de todo el Estado, puesta en marcha en 2022 en Lloseta (Mallorca) con el objetivo de caminar hacia la autosuficiencia energética y posicionar el país como el hub del hidrógeno renovable de referencia en el sur de Europa. El proyecto recibió la desaprobación de entidades ecologistas como el Grupo de Ornitología Balear (GOB), una de las plataformas volcadas desde hace varias décadas en la mejora y la conservación de las condiciones medioambientales del archipiélago. A su juicio, la iniciativa era “el enésimo caso de ‘lavado verde’ o ‘greenwashing’ en el que, tras un nombre moderno y una etiqueta verde, se pretende dar continuidad a negocios millonarios a costa de la destrucción del entorno natural”. “Si antes lo hacían para fabricar cemento, ahora será para hacer hidrógeno”, recriminan desde la entidad: “Quieren hacer creer que luchan contra el cambio climático las mismas grandes empresas que lo han provocado”.