Las empresas de desalojos se extienden por todo el Estado al mismo ritmo que se agrava la problemática del acceso a la vivienda, especialmente en grandes ciudades y lugares turísticos. Este tipo de empresas ha esmerilado sus métodos para bordear milimétricamente el filo de la legalidad, aunque no siempre escapan de la Justicia. Se trata de una variedad amplia de iniciativas privadas que vienen cosechando desde hace años una larga lista de condenas por intimidaciones, coacciones y lesiones. El método de “trabajo” es similar en todas las empresas “desokupa”: un grupo de hombres se ubica en las entradas y salidas del edificio señalado e impide el ingreso o salida de cualquiera que se considere sospechoso de habitar un inmueble de forma irregular.
Ahora, una empresa que replica los métodos de Desokupa (Desocupaciones Mallorca, que se publicita como Desokupa Mallorca) ha aterrizado en Menorca. Aunque tiene la sede en Mallorca, desde el 18 de julio también opera en la isla vecina, que como todo el archipiélago balear sufre un grave problema de acceso a la vivienda por los disparatados precios de compra y alquiler y la falta de un parque público que atienda a toda la demanda. Los isleños, además, compiten con un mercado extranjero de mayor poder adquisitivo que cada vez se fija más en el archipiélago y fija aquí su segunda residencia. Menorca es una tierra de contrastes. Entre el cielo azul y despejado, y el mar turquesa del Mediterráneo, si se mira con atención, también abundan los tonos oscuros de la miseria.
A principios de este año, varios pisos pertenecientes a la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) y que forman parte del complejo de edificios 'Marina Mahón' fueron ocupados por personas sin otra alternativa habitacional que acabaron desahuciadas en julio tras los servicios de Desocupaciones Mallorca. “Era entrar ahí o dormir en la calle”, confiesa Jan Arturo P. V., un joven colombiano de treinta años recién llegado a España, que entró irregularmente a uno de los pisos vacíos junto a su familia. “Soy licenciado en Administración y he trabajado como docente en la ciudad de Buenaventura, en el Valle del Cauca. Vine a este país a buscarme la vida de forma honrada y ahora podrían denunciarme por ocupar una vivienda”, relata a elDiario.es.
Tras pasar los meses de invierno durmiendo en el suelo de una casa prestada en el municipio de Es Castell, este joven fue contactado por dos presuntos administradores del complejo Marina Mahón que le ofrecieron alquilar uno de los apartamentos vacíos. “Estas personas nos cobraron 500 euros por entrar a vivir y 200 más por conectarnos el agua y la luz. Los dos son españoles, un hombre y una mujer. Apenas unas semanas después de entrar al piso apareció el personal de Desocupaciones Mallorca y nos dijeron que éramos 'okupas' y que teníamos que irnos. Yo ni sabía lo que era un okupa hasta entonces”, cuenta el afectado. Una de las pocas inquilinas de Marina Mahón que sí cuenta con contrato de alquiler en el complejo ha hablado con este periódico tras el desalojo y afirma que la familia de Jan no era “problemática”, pero que había “otros que sí”.
Dos españoles nos cobraron 500 euros por entrar a vivir y 200 más por conectarnos el agua y la luz. Apenas unas semanas después de entrar al piso apareció el personal de Desocupaciones Mallorca y nos dijeron que éramos 'okupas' y que teníamos que irnos
Carmen Y. también fue desalojada de Marina Mahón la mañana del 18 de julio. Es de origen dominicano y cursa un embarazo doble de alto riesgo. “He pasado muchas cosas en mi vida. Viví en la Casa de Infancia -un organismo público de acogida de menores-, sufrí abusos y hasta los 23 años estuve sin documentos. Mi documentación y mis cosas se quedaron dentro del piso y no han querido devolverme nada”, lamenta. Tras el desalojo, Carmen asegura que presentó una denuncia por coacciones y por ingreso ilegal en la vivienda contra la empresa Desocupaciones Mallorca.
El 18 de julio el juzgado número 2 de Maó emitió un fallo donde se detalla que la SAREB admite el “desistimiento de desahucio” y habilitando que la joven dominicana pudiera quedarse en la vivienda hasta fin de año. Lo que motiva esa decisión, entre otros elementos, es un contundente informe de vulnerabilidad emitido por el Ajuntament de Maó donde se detalla el grave riesgo de exclusión social de Carmen. Sin embargo, fue expulsada del piso al día siguiente tras pasar, según su versión, varias horas de auténtico asedio. “Bloquearon las entradas y salidas. No dejaron que me trajeran agua ni nada de comer y llamé a la Policía, que no actuaron ni hicieron nada”, lamenta.
Bloquearon las entradas y salidas. No dejaron que me trajeran agua ni nada de comer y llamé a la Policía, que no actuaron ni hicieron nada
Según testigos presenciales del desalojo, el edificio fue rodeado por más de una decena de personas que permanecieron en el lugar hasta pasadas las 14 horas, bloqueando entradas y salidas. Allí estaba presente Jaime A., natural de Tortosa, administrador de varios grupos virtuales de solidaridad colectiva para quienes buscan trabajo y alquiler en la isla. La mañana del miércoles 18 de julio pasó por casualidad frente al edificio Marina Mahón.
“Me detuve instantáneamente al ver que había muebles y ropa tirada en la calle y varias personas en actitud extraña. Entonces se acercaron dos sujetos y me preguntaron si vivía por la zona o si buscaba algo. Les dije que no, pero al ver que me quedaba en el lugar volvieron. Esta vez fueron menos amables y me preguntaron si los había grabado o fotografiado. Me pidieron que les entregara el móvil y me negué”, relata a elDiario.es.
“Nos contrató la comunidad de propietarios”
Sergio Cacho es el responsable de Desocupaciones Mallorca. Según cuenta, fue contratado por “la comunidad de propietarios” -a pesar de que en el edificio Marina Mahón no hay más de tres inmuebles alquilados y la inmensa mayoría de pisos son propiedad de la SAREB- para realizar “tareas de control de accesos”. Asimismo, Cacho negó tener conocimiento de la denuncia por coacciones presentada por Carmen Y. tras el desalojo del 18 de julio. “No me consta. Tampoco sé qué podría denunciar”, declara. Además, según su propio testimonio, Cacho ofreció dinero a una de las familias de ocupantes. “Les he dejado 100 euros para gastos que confío en que me devuelvan”, dice a elDiario.es.
Por su parte, desde la dirección de la SAREB afirman no estar al corriente de la contratación de la empresa dirigida por Sergio Cacho: “En ningún momento se votó por parte de SAREB llevar a cabo la contratación de Desocupaciones Mallorca en la junta de propietarios. Nunca recibimos la convocatoria para acudir a la reunión donde se decidió, por lo que se desconocía la intención y la decisión de contratar a esta empresa”. “Nosotros consideramos que cualquier procedimiento de lanzamiento de un edificio debe ser coordinado por las autoridades judiciales y no contratar empresas de este tipo para ejecutar desalojos”, añade la responsable de comunicación María Vega a elDiario.es. Sobre la denuncia de Carmen Y. y el doble embarazo de riesgo que cursa la joven desalojada, desde SAREB afirman que la joven se negó a colaborar tras ser invitada a ingresar al programa de vivienda social.