Las vecinas y vecinos de la calle del Sol número 1 de Santa Eulària (Eivissa), 16 familias en concreto, viven estos días en la total incertidumbre. Las viviendas donde residen “de toda la vida” han sido vendidas a un fondo alemán, C3-Vermögensverwaltungs GMBH & Co. KG., que les ha notificado la no renovación de sus contratos de arrendamiento cuando estos cumplan. Esto supone que el mes de noviembre de 2024 todo el edificio estará vacío y las familias residentes -algunas de ellas vulnerables, con problemas de movilidad, graves problemas de salud, ancianos y niños- se quedarán sin vivienda y sin ninguna solución habitacional, un hándicap infranqueable en un territorio donde encontrar una vivienda asequible es ya una quimera. La mayoría de las familias residentes, muchas de ellas ibicencas de varias generaciones, tendrán que abandonar la isla.
Son 16 viviendas más dos locales comerciales. El edificio se vendía en el 2021 sin aviso previo a las arrendatarias, por lo que no se ha podido optar al tanteo y retracto que establece la ley y, por lo tanto, no pudieron optar a la compra de sus viviendas, según la versión de los afectados. Se cambiaron los contratos a nombre del nuevo propietario, sin más, afirman estas fuentes. “Ahora, según los abogados, ya no podemos hacerlo, creo que uno de los locales los tiene denunciados por este tema”, cuenta una de las vecinas a elDiario.es. Y añade: “Se empezaron a vaciar viviendas, en concreto dos, en las que se empezó a hacer alguna reforma. Los han alquilado a una empresa para meter trabajadores. Yo puede ver en Idealista un piso de 4 dormitorios y pedían más de dos mil y pico euros. El de 3 dormitorios, creo recordar, era de 1.800 euros y sin ni una bombilla ni un mueble”.
Una vuelta de tuerca más al problema de la vivienda en Eivissa, donde los residentes se encuentran en una situación límite por la subida inasumible de precios, provocada por el alquiler de pisos turísticos en edificios residenciales, totalmente prohibido en varios municipios, pero sin la capacidad inspectora suficiente por parte de las instituciones para controlarlo, o el desvío de los alquileres con destino a empresas que alojan a sus trabajadores que no podrían pagar las elevadas rentas por sí mismos. Tal y como ha reconocido a este diario en diversas ocasiones el gerente de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera (FHIF), Manuel Sendino: “Hacemos lo que se puede, alquilamos edificios, apartamentos sueltos, habilitamos zonas en los hoteles”.
Un familiar de la alcaldesa vendió el edificio
Una representación del vecindario se entrevistaba hace algunas fechas con la alcaldesa popular de la localidad, la reelegida Carmen Ferrer, que casualmente es familia directa de los propietarios que vendieron el edificio al fondo alemán, y que ha puesto de manifiesto que desde el Ayuntamiento no se puede hacer nada, pero que se intentará apoyar a las familias desde los servicios sociales. De momento, solo una afectada ha presentado toda la documentación requerida en las oficinas municipales. “Me han dicho que ya me llamarán”, puntualiza. Por su parte, la primera edil, según informan fuentes municipales, asegura que ella no tenía conocimiento de la operación hasta que se reunió con los vecinos. “Ese parentesco -aseguran las mismas fuentes- no afecta a lo que hace o deja de hacer el Ayuntamiento, que es seguir estrictamente la legalidad, como se hace siempre. Vamos a seguir trabajando desde lo que se puede hacer por nuestra parte”, han declarado a elDiario.es.
Para protestar, reivindicar los derechos de las familias inquilinas y hacer pública esta situación las personas residentes en el edificio, apoyadas por el Sindicato de Inquilinas de Ibiza y Formentera, que está actuando como representante sindical de las vecinas, se concentraron hace unos días a las puertas del edificio para reclamar una solución a su situación. La entidad, en nombre de las arrendatarias, a las que les es “imposible” contactar con el número de teléfono facilitado por la administradora de la finca, con domicilio social en Santa Eulària, ha remitido una carta certificada, “ya que no es posible enviar un burofax a Alemania”, que según han informado las afectadas a elDiario.es ha llegado a su destino, aunque aún no han recibido respuesta, en la que se solicita negociación sobre el próximo vencimiento de los contratos de alquiler.
Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Eulária, al que las familias afectadas han pedido su colaboración para mediar en este asunto, se ha mostrado reticente en primera instancia a hacer “ninguna declaración sobre este caso” a los medios de comunicación, aunque sí ha accedido a hablar con las inquilinas. Fuentes del Consistorio consultadas por elDiario.es aseguran que es un tema en el que prefieren trabajar. “Las competencias en materia de vivienda no son nuestras y el mismo Sindicato de Inquilinos dice que legalmente no hay mucho que hacer, pero bueno, técnicamente se revisará para ver si hay alguna forma en que se pueda actuar por nuestra parte. Si hay alguien que requiere la ayuda de Servicios Sociales, se estudiará su caso y se verá si tiene derecho a alguna ayuda y de qué tipo, como se hace en cualquier caso que nos llega”, aseguran.
Según el portavoz del Sindicato de Inquilinas, Daniel Granda, los ayuntamientos deberían poder evitar estos casos creando zonas de tanteo y retracto y participando en las transacciones. “Muchas de las ventas -asevera- se suelen hacer con dinero negro”. En este sentido asegura que las administraciones municipales “tienen la capacidad de expulsar a los fondos buitre y de aumentar el parque público de vivienda sin construir, a bajo coste”, comenta Granda.
El PP no aplicará la Ley de Vivienda
Sin embargo, para el Partido Popular que gobierna en el municipio de Santa Eulària, no hay ninguna opción para intervenir en este asunto fuera de los servicios sociales. Además, el nuevo equipo de gobierno de la Comunidad Autónoma ha asegurado en sus primeros días de mandato que no se aplicará la nueva Ley de vivienda, con lo que no se declararán zonas tensionadas, ni se regularán los precios, ni se destinarán pisos vacíos de grandes tenedores y fondos buitre al alquiler social.
En concreto, la nueva consellera de Vivienda del PP, Marta Vidal, anunciaba el mismo día de su nombramiento que su departamento rechaza limitar la venta de viviendas a extranjeros y apuesta por pisos más pequeños y accesibles, justo lo que quiere hacer este fondo de inversión alemán que está realizando diferentes compras en Eivissa y Baleares de inmuebles para su reforma y alquiler a precios muy superiores a los que pagaban sus antiguos inquilinos y con reformas que convierten viviendas de 3 o 4 habitaciones en pequeños apartamentos, convirtiéndolas en un negocio solo al alcance de algunos. Con esta perspectiva, la entidad de inquilinas que representa a las familias arrendatarias asegura que “no será posible negociar buenas condiciones para las inquilinas”.
Enfermos, niños, mayores, vulnerables y separación de familias
Las situaciones son muchas y muy diferentes, nos cuenta Marta: “Hay una vecina que le quedan 3 años para jubilarse, tiene contrato fijo y si la echan no va a poder quedarse para acceder a la jubilación porque tendrá que irse de la isla. Luego, hay una pareja de personas mayores de más de setenta y tantos años cada uno, él está enfermo y tienen el mismo problema. No saben dónde ir”. Además, a la titular de una clínica dental que se encuentra en los bajos del edificio y que también tiene un piso arrendado le ha llegado la carta de que se tiene que ir en octubre de este año. “Esta chica -dice Marta- tiene a un familiar mayor que está enfermo y que tiene que acudir a diálisis 3 días por semana. Hay familias con niños, de todo”.
El caso de la misma Marta es sangrante, nacida en Eivissa y residente en Santa Eulària “de toda la vida”, tiene una discapacidad visual importante que le impediría hacer vida en cualquier otro sitio. “Yo tengo toda mi vida muy medida. Este, que es mi pueblo, voy a la compra, saco a mis perros a pasear… No quiero ni pensar en irme de aquí. Sería como quitarme la vida, me tendría que quedar encerrada y me haría dependiente. Estamos viviendo unos momentos muy difíciles. Todavía me acuerdo de cuando vivía Jaume Ferrer, el padre de los que han vendido el edificio, él siempre me decía: ‘Aquí tienes tu casa para toda la vida’. Y mira, los hijos ni siquiera nos avisaron para haber podido acceder a la venta”.
Irme de aquí sería como quitarme la vida. Me acuerdo de cuando vivía Jaume Ferrer, el padre de los que han vendido el edificio, él me decía: ‘Es tu casa para toda la vida’. Y mira, los hijos ni siquiera nos avisaron para haber podido acceder a la venta
Y así lo ha trasladado el Sindicato de Inquilinas en un comunicado remitido a los medios: “Las familias que habitamos este bloque llevamos aquí entre 19 y 35 años, lo que para nosotras supone toda una vida. La insostenible situación de la vivienda en Ibiza nos aboca a tener que irnos de la isla, perder nuestros trabajos, alejarnos de nuestras familias y renunciar a nuestro arraigo. En una isla no existe la opción de mudarse a la periferia. Los primeros desahucios están fechados para octubre de este año. Somos conscientes de que nosotras somos un ejemplo más del drama habitacional en Ibiza. Los precios de alquiler imposibles de pagar, la falta de vivienda, los alquileres turísticos ilegales, la construcción dirigida a la vivienda de lujo, la nula política de vivienda social realizada en Ibiza...”. “ insisten en que las administraciones tienen que dar soluciones inmediatas y puntualizan que en el año 2022 en la pitiusa del norte no se ha dado ninguna vivienda de alquiler social.
Algunas familias han decidido dar un paso al frente y no quedarse a esperar. Es el caso de Emma, madre de dos hijos, que abandona la isla el próximo mes de noviembre. La mujer vive en Eivissa desde los 9 años, su familia es oriunda de Ripoll en Girona y vuelve a la tierra de sus antepasados. Su hermana ya hizo el mismo camino de vuelta hace un tiempo, se quedó sin vivienda y ya no pudo afrontar los precios que pedían por un piso. Ahora le toca a Emma. Dejará en Eivissa a sus vástagos, nacidos en la isla. También dejará su trabajo. “Ya iré viendo como va todo”, cuenta a elDiario.es. Tiene 47 años.
Lo que más le preocupa es dejar a sus hijos aquí. “Yo me separé cuando mis hijos eran muy pequeños y siempre han vivido conmigo. Somos una piña. Ahora mi hijo vivirá con su padre, nunca ha convivido con él, pero ha decidido quedarse porque no quiere abandonar su vida”. El chico tiene poco más de 20 años. “Ya iré viendo como va todo”, repite con una voz firme que denota una seria preocupación. Realmente se podría quedar hasta que le cumpla su contrato, pero ha llegado a un acuerdo con el fondo alemán para irse antes y sin problemas. No tendrá que pagar alquiler desde agosto hasta que se vaya, solamente tendrá que pagar la luz. “Ellos lo plantean como una ayuda para mi mudanza. Yo me quedo en la calle”. Se tendrá que ir de la isla después de toda una vida. “No creo en príncipes, princesas ni hadas , pero si en brujas malvadas!!!” es la frase del perfil de Emma en su whatsapp.
A la calle sin fianza
Desde la venta del edificio, en 2021, las familias ingresan su renta mensual “a los alemanes”. Los recibos de los suministros, “como ha pasado siempre”, están a nombre de la propiedad. “Antes nos daban la factura en mano y ahora les hacemos transferencia a Alemania. Además, como los antiguos propietarios hacían las cosas como las hacían, que no declaraban nada, las familias que se han ido yendo y las que han reclamado la devolución de sus fianzas al fondo alemán se han tenido que marchar sin cobrarla” porque la nueva propiedad no sabe nada de este asunto, según la versión de los afectados.
Una de las inquilinas cuenta que se puso en contacto con el antiguo propietario para reclamar la fianza: “Este se puso a gritarme -dice la mujer- diciéndome que como era capaz de reclamarle esto si durante la pandemia con los ERTE´s no había pagado. Yo le dije que cuando él vendió el edificio le pagué más de 6.000 euros para saldar esta deuda y que, por lo tanto, no le debía ni un duro; pero él nunca me devolvió los 600 euros de fianza que le di a su padre. Es cierto que después me llamó y me pidió disculpas. Me dijo que a él no le hace falta el dinero. Yo le respondí que yo tengo un hijo y que a mí sí me hace falta”.
Las vecinas se han puesto en contacto con la administradora por este asunto que se ha comprometido “a mirarlo”, aunque les ha trasladado que no está en su mano porque es un problema que corresponde a la antigua propiedad. Otra de las inquilinas asegura que le han trasladado que no se les va a devolver nada. Todas las moradoras consultadas por elDiario.es insisten en una misma idea: “Nos gustaría hablar con los antiguos propietarios y que nos den explicaciones, ellos nos dijeron que no nos preocupamos, que todo seguiría igual después de la venta”.
Posibles obras ilegales
Por otro lado, diferentes fuentes aseguran que el objetivo del fondo de inversiones alemán es hacer obras en los apartamentos, que “son bastante grandes”, para construir varios más pequeños. En diciembre de 2022 la propiedad remitía una carta a las familias solicitando la entrada en las viviendas después de que el 29 de septiembre del mismo año las vecinas denunciaran ante la policía obras que se estaban realizando. “Como ya saben el edificio está anticuado y necesita reformas, en concreto de tuberías y conductos”, se puede leer en la misiva. Según un comunicado enviado por el Sindicato de Inquilinas, “la nueva propiedad, gran tenedora de inmuebles muchos de ellos en Balears, que opera en nombre de Peter Weigl, pretende reducir el tamaño de todas las viviendas para sacarles más beneficio”.
Esto podría “vulnerar las condiciones establecidas en las cédulas de habitabilidad de las viviendas actuales”, tal y como han declarado desde los grupos del PSOE y Podemos en el Ayuntamiento de la localidad, que han solicitado una investigación precisamente por las obras que el fondo alemán ha realizado en algunos apartamentos del edificio y que según la formación morada “parece ser que no cuentan con ninguna licencia”. Asimismo, las dos formaciones han reclamado información al Consistorio sobre las licencias solicitadas por este edificio, “así como el estado actual de ejecución, fines de obra y actuaciones policiales registradas”, para comprobar si ha habido alguna infracción urbanística.
Diferentes fuentes aseguran que el objetivo del fondo de inversiones alemán es hacer obras en los apartamentos, que “son bastante grandes”, para construir varios más pequeños. Algunos se estarían ofreciendo ya para ser alquilados por 1.800 euros
Sobre este particular, las fuentes del Ayuntamiento consultadas por este medio han explicado que se actuará “para comprobar si es así, como cualquier otra denuncia de obras ilegales. Ya estamos en ello”, puntualizan. Al cierre de este reportaje C3-Vermögensverwaltungs GMBH & Co. KG. no ha respondido a la solicitud de elDiario.es sobre su postura respecto a estas operaciones urbanísticas. Una de las pancartas que se exhibieron en la concentración de las vecinas de la calle El Sol número 1 decía: “Hoy somos nosotras. Mañana serás tú”. Una realidad en una isla donde cada vez parecen sobrar más los trabajadores y los residentes, que ocupan un espacio muy cotizado para una especulación con pocos escrúpulos.