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Carmen González lleva 17 años ganándose la vida como trabajadora familiar. Mari Ángeles Ronda, un cuarto de siglo. Visitan los hogares de personas dependientes: las duchan, las alimentan, les cambian las sábanas, les administran la medicación, conceden una pausa a las familias. En lenguaje de la calle son “cuidadoras”. Carmen señala con el índice derecho un bulto en la unión entre la mano izquierda con el pulgar. “¿Ves mi mano? ¿Ves ese bulto? Ahora no es nada, pero lo he tenido mucho más grande”. Con la palma, empuja el hombro del periodista y dice: “Tengo que hacer así para mover al usuario y hacerle la higiene: el cuerpo tirará hacia atrás, así que mientras limpio tengo que mantener la presión para que no se caiga. Cuando se me hinchó y fui a la mutua me dijeron que cómo era posible que ese bulto me hubiera salido a consecuencia de mi trabajo”.
A Mari Ángeles le ocurrió lo mismo cuando intentó que la empresa para la que trabajan reconociera que la artritis y la osteoporosis que sufre son consecuencia de un trabajo “extenuante física y mentalmente”. Enfermedades laborales. Por eso, como ahora está de baja, al haber reducido su jornada laboral a apenas 10 horas semanales, su nómina, que no llega a 500 euros, se queda en 375. Si no se recupera, será el sueldo que cobre durante los 18 meses que le faltan para jubilarse con la pensión completa.
–¿Pensáis que algún día la Administración dejará de subcontrataros? ¿Soñáis con ser empleadas públicas?
–No. Vamos en dirección contraria. Nuestro trabajo debería ser un servicio público, con unas condiciones dignas.
Carmen y Mari Ángeles son compañeras desde 2017. Aquel año las contrató DomusVi. Esta multinacional, de origen francés y controlada por fondos de capital riesgo, explica en su web corporativa que, gracias a los contratos firmados con instituciones españolas, gestiona 11.000 plazas en residencias y ofrece cuidados a 102.000 dependientes. 80 de ellas, ibicencas. Plazas concertadas por la Conselleria de Família i Afers Socials, personas que atienden diariamente estas dos trabajadoras y las otras 18 que forman la plantilla de DomusVi en la isla. Unas empleadas que, a través de Comissions Obreres de les Illes Balears (Carmen González es la delegada sindical), se sentaron a negociar una mejora en sus condiciones laborales con la multinacional la semana pasada.
El 10 de mayo, sin embargo, salieron del Tribunal de Mediació de les Illes Balears (Tamib) sin acuerdo entre las partes. El punto más caliente, “además del reconocimiento de las enfermedades y dolores” que sufren, como recalca Mari Ángeles, es la bolsa de horas. Las trabajadoras familiares de DomusVi no organizan sus labores con turnos fijos o rotativos. Cada una firma un contrato, parcial, por un determinado número de horas. “Prefieren tener a varias compañeras contratadas a tres o cinco horas antes que completar jornadas como la mía: lo he pedido para mejorar mi sueldo, pero siempre me lo han denegado. ¿Y sabes qué ocurre? Como han estado años, desde antes de la pandemia hasta noviembre del año pasado, sin convocar una sola reunión, entre nosotras apenas nos conocemos. Tuvimos que montar una cena el verano pasado para que muchas nos pusiéramos cara. Eso nos hace más débiles”, relata Carmen. Las que más tiempo cubren, como ella, 35 horas, ganan aproximadamente 1.200 euros limpios (menos que las trabajadoras familiares que subcontrata el Ayuntamiento de Eivissa, que ofrece un servicio parecido).
Prefieren tener a varias compañeras contratadas a tres o cinco horas antes que completar jornadas como la mía. Como han estado años sin convocar una sola reunión, entre nosotras apenas nos conocemos. Eso nos hace más débiles
Sin control horario ni vehículo de empresa
A las personas que visitan les dedican una, dos o tres horas en función de si están diagnosticadas con un grado de dependencia I –ayuda para realizar varias actividades básicas una vez al día–, II –ayuda para realizar varias actividades básicas dos o tres veces al día– o III –que implica una pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial de la persona que se atiende–. En esos márgenes deben encajar todas sus tareas. No es un cálculo exacto y carecen, dicen, “de un registro de control de entrada y salida”. “Suele ocurrir que estés más de una hora con la persona dependiente. Si tienes que dar de comer a una abuela o a una persona con una enfermedad neurodegenerativa, ¿Cómo la vas a dejar a medio comer? Acabas el trabajo, te marchas y no contabilizas esos minutos extra. Y, a eso, añádele que tenemos ¡diez minutos! de tiempo laboral para llegar a una casa. A descontar de la hora, claro. El resto del tiempo que te cueste el viaje, aparcar, subir las escaleras… no suma”, detalla Carmen.
Suele ocurrir que estés más de una hora con la persona dependiente. Si tienes que dar de comer a una abuela o a una persona con una enfermedad neurodegenerativa, ¿Cómo la vas a dejar a medio comer?
Tampoco cuentan con un coche o una moto de empresa para moverse entre domicilios. Utilizan los suyos. “La gasolina la cobramos a 0,21 kilómetros. Aunque después de la pandemia nos han actualizado el sueldo un par de veces para ajustarlo al IPC, siguen pagándonos lo mismo de combustible. Y, a eso, descuéntale el IPC. El dinero que nos gastamos en zona azul nos lo pagan camuflado como kilometraje”, dice Mari Ángeles. En Eivissa es imposible encontrarla en estos momentos a menos de 1,75 euros el litro. DomusVi tampoco se hace cargo de las averías que puedan sufrir, según las trabajadoras. Dice la delegada sindical: “Una vez me dejó tirada mi coche en el polígono de Can Negre y tenía que llegar corriendo hasta Marina Botafoch. La respuesta de la coordinadora cuando la llamé fue que pidiera un taxi. ¿Pero el taxi quién me lo va a pagar? Y hubo silencio”. A Mari Ángeles lo que más le dolió, sin embargo, fue la orfandad que sintieron durante la pandemia: “Íbamos a trabajar sin equipos de protección a domicilios donde había personas contagiadas. Y, de ahí, a otra casa. No nos dieron ni siquiera mascarillas. Carmen, de hecho, se contagió. Yo, afortunadamente, no. Soy hipertensa, habría sido fatal”.
Las trabajadoras denuncian que acaban debiéndole dinero a la empresa: “El problema es que esa bolsa de horas se calcula anualmente y estamos muy condicionadas por las visitas que se anulan por ingresos hospitalarios, compromisos familiares o, a veces, por temas más banales. Por ejemplo, que la persona que esté al cargo sólo pueda llevar al padre anciano o al hijo enfermo a la peluquería en nuestro horario de visita. Como se trata de un copago y a los familiares les cuesta dinero este servicio, avisan con las veinticuatro horas de antelación que exige la empresa. ¿Pero qué ocurre? Esa hora que no hemos trabajado, pese a estar disponibles, no nos la contabilizan. Nos ponemos en negativo y, así, todas acabamos debiéndole tiempo a la empresa. Algo tan simple como una infección de orina, que puede mandar a un mayor más de una semana a un hospital, nos destroza el mes”.
Miguel Ángel Pardo, líder de CCOO en el archipiélago, defiende que “se trata de un sistema ilegal”: “Al menos, lo que concierne a la contabilización de la jornada. El resto de reivindicaciones, eso sí, son lógicas y por eso queremos que se negocien”. Como DomusVi no aceptó la propuesta de acotar la bolsa de horas a un plazo de tres meses, el sindicato ha convocado una huelga indefinida a partir del 17 de mayo.
Las trabajadoras han convocado una huelga (la empresa ha decretado servicios mínimos) a partir de este viernes 17 de mayo. 'Será una huelga invisible, como nuestro trabajo a ojos de buena parte de la sociedad', lamenta Mari Ángeles
“Será una huelga invisible, como nuestro trabajo a ojos de buena parte de la sociedad”, se lamenta Mari Ángeles. “La empresa ha decretado servicios mínimos y tendremos que acatarlos porque ofrecemos un servicio esencial. No nos queda otra. Pero vamos a protestar en el Parlament”, añade Carmen.
Aprovechando los plenos del 28 de mayo y el 4 de junio, las trabajadoras familiares de DomusVi han convocado concentraciones ante la sede de la cámara autonómica. “El Govern no puede lavarse las manos. Aunque no tenga contratadas a estas trabajadoras, el cuidado de las personas dependientes es su competencia. La idea es movilizar también al personal de DomusVi en Mallorca. Aquí, aunque la situación no haya explotado todavía porque estamos en un proceso de elecciones sindicales, las condiciones son igual de malas”. Pardo calcula que, incluyendo a las cuidadoras que cubren los servicios que contrata el Ayuntamiento de Palma, son “unas ciento treinta afectadas”. Mujeres casi exclusivamente.
Una hora de atención, 25 euros públicos
Desde la Conselleria de Família i Afers Socials prefieren, por el momento, guardar silencio ante un conflicto que debe resolverse con “unas gestiones laborales fuera del alcance” gubernamental. El gabinete de prensa del departamento que dirige la consellera Catalina Cirer explica que se ha decidido “aumentar el servicio y revisar” su “precio”. Hace unos días, el 7 de mayo, El Butlletí Oficial de les Illes Balears publicó una resolución firmada por Cirer que, tras revisar un informe emitido por la Direcció General d’Atenció a la Dependència, actualiza las tarifas para adaptarlas “a las subidas del IPC experimentadas en 2023” (la inflación acumulada fue de un 3,5 por ciento). Desde el 1 de enero porque la resolución tiene carácter retroactivo, cada sesenta minutos dedicados a atender a una persona dependiente le cuesta al Govern 25 euros y 15 céntimos (sin IVA).
Servisar Servicios Sociales –empresa que forma parte de DomusVi desde que la absorbiera el gigante– seguirá trabajando, como poco, un año más para la Administración balear. Su contrato actual con el Govern se renovó una semana antes de que subiera el precio del servicio, el 30 de abril, fecha en la que vencía el anterior acuerdo. Se firmó hace cuatro años con el Ejecutivo balear, que entonces presidía la socialista Francina Armengol en coalición con Podemos y Més per Mallorca. Era la formación ecosoberanista la que gestionaba la cartera de Afers Socials, con Fina Santiago como consellera.
DomusVi se presenta en su web como líder del sector sociosanitario en España. En Mallorca tienen seis de las 143 residencias de mayores que controlan en nuestro país. Su centralita indicó a elDiario.es que la comunicación con el departamento de prensa sólo era posible por correo electrónico (enviado, pero no respondido, al cierre del artículo). Hasta la semana pasada, cuando se reunieron en el Tamib (“Vino un señor de Burgos a decirnos que pedíamos mucho y que tampoco estábamos tan mal”), la sindicalista Carmen González no le había visto la cara a ningún superior de la empresa para las que trabaja, exceptuando a las dos coordinadoras que han elaborado sus horarios en estos seis años. “La primera que tuvimos, muy humana, se cambió en cuanto le salió un empleo con condiciones dignas. Es la historia que se repite con muchas otras trabajadoras familiares que han pasado por aquí. Cada año, en una plantilla de 20, lo dejan tres o cuatro”.
“Este trabajo me cambió la vida”
¿Y ellas por qué siguen? Al oír la pregunta Carmen enseña unos mensajes en la pantalla de su móvil: los publicaron en su Facebook varias familias a las que ha visitado. “¡Grande, Carmen! Todo sensibilidad y amor con los mayores. Mil gracias”. “Gracias por cuidar a mi hijo hasta su muerte. Te queremos”. Y añade: “Es un trabajo que me cambió la vida. Hice el curso de técnico de atención a personas en situación de dependencia para sumar puntos y sacarme la oposición de cocinera en la residencia del Consell d’Eivissa. Durante las prácticas, me enamoré del oficio. El trato con los usuarios es precioso”. A Mari Ángeles Ronda le ocurrió lo mismo: “Me saqué el título porque yo misma, después de una mala racha, me quedé sin nada, durmiendo en el coche y acudí a servicios sociales. Una trabajadora que me atendió me recomendó dedicarme a esto. 'Va con tu carácter', me dijo. Y es que tienes que ser muy fuerte, tener mucha empatía y mano izquierda. Un familiar no te va a dejar a solas con su ser querido a la primera de cambio, y es normal que así sea. Otros no entienden que eres una trabajadora familiar y no su criada”.
Me saqué el título después de una mala racha, me quedé sin nada, durmiendo en el coche y acudí a servicios sociales. Una trabajadora que me atendió me recomendó dedicarme a esto. Otros no entienden que eres una trabajadora familiar y no su criada
Mari Ángeles recuerda la visita a una casa de Sant Antoni. Atendía a un señor que pesaba 102 kilos. “Con llagas en las piernas por el azúcar, súper diabético”. Tenía que levantarlo de una cama muy baja. Todos los días. “Pero él tenía miedo y tiraba para atrás”. Hasta que apareció en una ocasión la hija y le exigió que volteara el colchón. “Yo sola no puedo”, contestó Mari Ángeles. No sólo tenía que doblar el espinazo: semejante cuerpo sólo cabía en una cama de matrimonio. “¿Cómo que no puedes?”, dice que le respondió indignada la hija. Y, según recuerda, le pegó un tirón mientras le gritaba: “¡Quítate de aquí que ya lo hago yo!”. La veterana trabajadora familiar fue a ver a la coordinadora y le comunicó que no quería volver a esa casa.
“Siempre he tenido claro que yo voy a trabajar, no a que me humillen. Son las excepciones, porque la mayor parte de la gente es agradecida de primeras o se vuelve con el tiempo. Nosotras les ofrecemos un respiro: esa hora que pasamos allí es oro para un cuidador no profesional. Afortunadamente, cada vez pasa menos, pero ¿por qué ocurre? Cuando Carmen y yo éramos niñas, a los dependientes se los cuidaba en las casas, y siempre eran mujeres las que se encargaban. Eso no ha cambiado mucho: de 20 que somos, sólo hay un hombre, pero confío en que este oficio vaya teniendo cada vez más respeto social. Por eso estamos luchando, no es simplemente para cobrar más y mejorar nuestros horarios”.